Europa da dos meses más de plazo al Gobierno para justificar la prórroga de la concesión de la AP-9, una de las autopistas de peaje más caras

La Comisión Europea ha aceptado la solicitud del Gobierno español de extender dos meses más el plazo para justificar la prórroga de la AP-9, que finalizaba el 24 de junio. El pasado mes de abril, el organismo con sede en Bruselas abrió por segunda vez un expediente de infracción a España por haber ampliado la duración de la concesión de la carretera a la empresa privada Audasa sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación, por lo que se habría infringido las normas de la Unión Europea.

Aunque el plazo inicial para que España respondiese a este expediente terminaba el próximo lunes, el Ejecutivo solicitó una prórroga de dos meses adicionales para ganar más tiempo para su justificación. Ahora, según han podido confirmar fuentes de Europa Press, Bruselas ha dado el visto bueno para extender el plazo.

El Gobierno dispone ahora de otros dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La medida responde a la denuncia interpuesta por la asociación gallega En-Colectivo el pasado julio de 2020 por la que consideraba que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por dos decretos reales: en 1994, con duración hasta 2023; y en el año 2000, hasta 2048 -concedida por el gobierno de José María Aznar-, vulneraban la normativa comunitaria.

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La denuncia argumentó que estas prórrogas de Audasa “afectan directamente” al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado. La investigación de Bruselas se centra ahora en la segunda concesión, por lo que dio el pasado 24 de abril dos meses de plazo al gobierno español para aportar una justificación.

Los Estados miembros debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía.

Esta directiva pretende abrir los mercados públicos a una competencia leal entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas. Bruselas señaló en su primer expediente que la legislación española no respetaba, en particular, el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores de contratos y modificaciones que deben cubrirse.

Sobre el segundo, la Comisión busca garantizar el respeto de la regulación comunitaria sobre concesiones, que establece la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.

Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de sendos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.

El Congreso de los Diputados también ha añadido presión al asunto. La semana pasada PP, Sumar, Bildu, ERC y el BNG, aprobaron el plan para anular la prórroga de la AP-9 y por la que se insta al gobierno para transferir la autopista a Galicia. PSOE, PNV y Junts se abstuvieron y Vox fue el único grupo que votó en contra.

Asimismo, el Congreso exigió al Gobierno que elaborara un análisis sobre los costes que acarrearía la anulación de la concesión de la principal arteria viaria de Galicia.

Noticia con información de Europa Press