El Gobierno no se compromete a la financiación singular que pide ERC para Cataluña y fía su viabilidad a que Puigdemont la apoye en el Congreso

La financiación singular de Cataluña está llamada a ser la nueva patata caliente de la política española. ERC puso sobre la mesa esta exigencia para negociar con el PSC la investidura del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, cuyas conversaciones comenzaron este martes de manera oficial. Los equipos de ambos partidos mantuvieron una reunión en Barcelona, que sirvió para poner los cimientos de las futuras negociaciones. Tanto en el lado de los socialistas como en el de los republicanos, la confianza y el escepticismo sobre el devenir de las conversaciones se entremezclan. En el horizonte, ERC es la única baza para que Illa se convierta en el nuevo presidente de la Generalitat catalana.

Ante el comienzo de las negociaciones, el Gobierno evita a toda costa fijar una posición clara sobre la petición de ERC. “Todo está por hacer”, comentan fuentes del ala socialista del Ejecutivo. Por ello, estas voces reconocen que no quieren concretar nada relacionado con esta cuestión para no “ahuyentar” a ERC en esta fase inicial de las conversaciones. Estas fuentes fían la viabilidad del acuerdo al alcance del mismo y, en el caso de que se tenga que formular mediante una ley, ponen en duda que Junts permita su aprobación en el Congreso.

Aunque no se atreven a descartarla, ni en Ferraz ni en Moncloa ven viable la opción esbozada por ERC, que pasa por una financiación similar al Concierto del País Vasco y al Convenio de Navarra. “El concierto económico es imposible, pero a partir de ahí tenemos que seguir hablando”, apostillan estas voces. En esencia, ERC quiere tener “la llave de la caja”, esto es, para corregir el déficit fiscal de Cataluña, los republicanos exigen un nuevo modelo singular en el que esta comunidad pueda gestionar el 100% de los impuestos, aportar una parte al Estado como contraprestación por los servicios estatales prestados y, a diferencia de los casos vasco y navarro, crear un “fondo de reequilibrio territorial” a fin de “contribuir a la equidad entre territorios”.

Si bien, más allá de que el propio Pedro Sánchez hable de “financiación singular”, el Gobierno se circunscribe al acuerdo firmado con ERC en el marco de la investidura de Sánchez. En este texto sellado en octubre, se acepta hablar de la financiación por la “gestión singular” de los servicios propios de este territorio: la existencia de una policía autonómica (Mossos d´Esquadra), los nuevos órganos judiciales, los servicios penitenciarios, la investigación y el desarrollo, y las becas y ayudas al estudio. Es decir, los socialistas se abren a financiar estos servicios para compensar unas competencias que no están transferidas a otras comunidades, lo que supondría una “singularidad”: “Quien tiene más transferencias ha de tener más medios”, apostilló este lunes la portavoz de la dirección del PSOE, Esther Peña.

Desde este punto a la posición de máximos de ERC queda un trecho y en el Gobierno lo saben. Aunque delegan las conversaciones en el equipo de Illa, fuentes gubernamentales explican que están permanentemente coordinados con los socialistas catalanes. Y es que, la propuesta en torno a la financiación de Cataluña que fructifique de las conversaciones tiene que contar con el aval de Moncloa. Asimismo, estas voces informan de que todavía no se ha negociado sobre un texto concreto en lo relativo a la financiación.

El Gobierno quiere poner en marcha el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este texto legal habla de un “consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña”, es decir, contempla la posibilidad de una gestión compartida de los impuestos. Illa puso este punto como ejemplo, pero ERC no se conforma solo con desarrollar esta norma institucional básica.

A partir de aquí, en Moncloa muestran escepticismo sobre el alcance del acuerdo con los republicanos en esta materia. No solo por el hecho de que perjudique una reforma común del sistema de financiación, sino también porque, de tener que pasar por el Congreso, el Gobierno “no puede comprometer al legislativo”. En este contexto, desde Moncloa recalcan que Sánchez no tiene una mayoría absoluta y siembran dudas sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont, “el principal interesado en que haya una repetición electoral”, haga descarrilar un posible pacto en la Cámara Baja.

Más allá de la cuestión catalana, la ministra portavoz, Pilar Alegría, reiteró este martes que es “perfectamente compatible” una negociación sobre “financiación singular” con la negociación “multilateral” con el resto de comunidades autónomas para acordar un nuevo modelo de financiación, una reforma pendiente desde hace una década. El Gobierno aprovecha la coyuntura para exigirle al PP que se siente a hablar “con discreción” sobre un cambio que afecte al resto de comunidades. Los populares lideran 11 de las 15 comunidades que forman parte del régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema de financiación diferente). Por ello, instan a Alberto Núñez Feijóo a llevar una única propuesta ante la dificultad de que sus barones se pongan de acuerdo, ya que cada territorio tiene sus singularidades e intereses especiales.

Sobre las advertencias de Compromís (Comunidad Valenciana) y la Chunta Aragonesista (Aragón) de que retirarán su apoyo al Gobierno si hay “financiación singular” solo para Cataluña, en el Ejecutivo destacan que ambas formaciones autonómicas forman parte del grupo parlamentario de Sumar, el socio minoritario de la coalición. De este modo, deslizan que es Yolanda Díaz la encargada de gestionar este asunto. Al respecto, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, puntualizó que la mayoría parlamentaria del Gobierno está “asegurada” y que se está dando un debate “inflamado” por la investidura en Cataluña. Asimismo, recalcó que por el momento no hay ninguna propuesta.

Más allá de la sobreactuación de un lado y del otro, y del rechazo frontal del PP, que utilizará este asunto como nuevo elemento de desgaste al Gobierno, las negociaciones para la investidura de Salvador Illa echan a andar en medio de un escenario político incierto (ERC afronta su propia crisis interna tras las últimas derrotas electorales) y un límite legal a su investidura: el 25 de agosto.