Afectados por el Ingreso Mínimo Vital tras su denuncia a España ante Europa: “Además de pobre, ahora estoy endeudada. Es un fraude”

Marta nunca imaginó que recibir la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se fuera a convertir en su peor pesadilla. Sin haberla siquiera solicitado, comenzó a percibir esta ayuda dirigida a personas con escasos recursos económicos en junio de 2020 después de que la Seguridad Social evaluase su situación como desempleada y madre con dos hijos menores. “En una carta me comunicaron que según la documentación de mi expediente, tras haberme divorciado y en función de los datos que cotejan con Hacienda, me correspondía esta prestación” que llegó a superar 1.000 euros mensuales, cuenta a Infobae España, lo cual le extrañó porque también recibía la pensión alimenticia de sus hijos, unos 550 euros al mes. Marta, que prefiere no desvelar su verdadera identidad, llamó en muchas ocasiones a la Administración para que le explicaran por qué le correspondía esa cantidad, pero ante la falta de respuesta dejó de insistir. Al fin y al cabo, pensó, “eran ellos quienes así lo estimaron”.

El IMV alivió, sin duda, su precaria situación económica. La ayuda le permitió, por ejemplo, “llevar a sus hijos al dentista o al psicólogo” y retomar sus propios estudios. “Por fin podía sacar la cabeza”, relata esta mujer de 45 años. Sin embargo, en noviembre de 2022 Marta dejó de percibir la prestación sin previo aviso y, dos meses después, le informaron de que le reducirían la prestación a más de la mitad debido a una nueva normativa. “Me dijeron que habían empezado a computar las pensiones alimenticias de los niños en base a una reforma, así que tanto en 2023 como en lo que llevamos de año he cobrado unos 400 euros mensuales”. Y aunque sus ingresos se han visto afectados notablemente, el verdadero problema llegó el mes pasado, cuando la Seguridad Social le reclamó en una carta algo más de 12.000 euros por “cobros indebidos” del IMV durante 2020 y 2021.

“A mí no me explicaron en ningún momento qué condiciones tenía esto, no me dijeron que en realidad era un préstamo y no una ayuda. Ahora mi situación es mucho peor que antes porque, además de pobre, estoy endeudada, al igual que todos los miembros de la unidad familiar, porque responden solidariamente a la deuda”, dice indignada al otro lado del teléfono. “El mismo Estado que me está diciendo que va a sacar de la exclusión social a esos menores, tiene la desvergüenza de endeudarlos, porque si falleciera su padre y cobraran una herencia, les quitarían el dinero. Es un fraude”, sostiene.

Tras haber presentado una reclamación, Marta no descarta acudir a los juzgados porque ahora, además, teme que le lleguen las reclamaciones correspondientes a 2022, por lo que su deuda con el Estado aumentaría.

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Cabe recordar que fue en junio de 2020 cuando el Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha como una de las medidas estrella del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia y a lo largo de estos cuatro años ha llegado a un total de 605.696 hogares en los que viven 1.820.944 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con una cuantía media de 488 euros por hogar.

El de Marta no es, ni mucho menos, un caso aislado. De hecho, son tantas las personas a las que la Seguridad Social reclama estas devoluciones que han creado una plataforma de afectados para denunciar las “injustas resoluciones” que, a su juicio, está aplicando la Administración. Critican, entre otros aspectos, la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo, pues “no responden cuando se reclama o retiran la ayuda sin ningún tipo de explicación”.

Estos mismos afectados, a través del Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, han denunciado a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta renta básica de subsistencia, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa” y que fue suscrito por España.

En la reclamación colectiva, explica la organización, se solicita una medida de carácter inmediato para “suspender los procedimientos de cobros indebidos actualmente en marcha”, pues están provocando el “endeudamiento” de muchas de las personas que han percibido el Ingreso Mínimo Vital, ya sea porque “se les concedió de oficio a pesar de que la Administración poseía todos los datos necesarios para conocer su inadecuación o porque en el transcurso del tiempo ha cambiado su situación personal o económica” y la Seguridad Social ha tardado más de dos años en revisar esas situaciones.

“Cada día nos llegan más personas preguntando qué pueden hacer con los cobros indebidos, porque no entienden cómo se pueden haber generado y, como las economías están bastante frágiles, hay verdaderos dramas”, dice a este periódico Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo. Si el Comité Europeo de Derechos Sociales considera en sus decisiones de fondo que el Gobierno debe realizar cambios, “es de obligado cumplimiento” y, en caso de que el Ejecutivo no lo llevara a cabo, “los juzgados tienen la obligación de acatar las decisiones del comité plantee y, por lo tanto, se podría recurrir a ellos”.

A pesar de que el IMV se presentó públicamente como una herramienta para la lucha contra la pobreza extrema en España, la organización sostiene que “ha agudizado los problemas que ya venían arrastrando muchas personas” y recuerda que, tras las numerosas quejas relacionadas con esta prestación, instituciones como el Defensor del Pueblo han recomendado que se introduzcan cambios organizativos y legislativos para garantizar que llegue a quien lo necesite.

Con esta denuncia, el Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo pretende que las personas afectadas puedan exponer públicamente su situación, “reclamar una política de defensa efectiva de derechos y organizarse”, al tiempo que buscan generar un debate social sobre las medidas de protección y el cumplimiento de derechos por parte del Estado español.