Las principales asociaciones que representan a las personas que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica han rechazado reunirse con la Conferencia Episcopal Española el viernes 21 de junio al considerar que falta “voluntad efectiva de reconocer, reparar e indemnizar” a las víctimas. Las asociaciones se reunieron en marzo con los obispos y allí aceptaron, según explican, seis de sus peticiones para después tratarlas en una próxima reunión, pero “han quedado en papel mojado”.
Unas las reivindicaciones de las asociaciones es “conocer la cuantía del fondo del que van a disponer para la indemnización económica para las víctimas y qué baremos se aplicarán”, así como cuál será la cantidad mínima preestablecida, pues a día de hoy son datos que desconocen. También exigen un trato individualizado, pues “no todas las víctimas necesitan lo mismo”, dice a Infobae España Juan Cuatrecases Asua, fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), una de las organizaciones que junto a la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, la Asociación Lulacris y Justice Initiative han emitido un comunicado para expresar su rechazo a la reunión con la Conferencia Episcopal.
“Nos parece que, una vez más, quieren dilatar el proceso, no precisar ni tomar medidas concretas. Lo que pretenden [los obispos] es hacerse una foto para hacer ver que están cumpliendo cuando no lo están haciendo. Tampoco hablan de los casos que han prescrito ni de las víctimas que han fallecido en estos años”, lamenta Cuatrecasas Asua, cuyo hijo sufrió abusos sexuales entre 2008 y 2010 por el pederasta José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao. “Si realmente tuviesen actitud y voluntad de llevar a cabo esto, sería muy fácil empezar a hacerlo y no estar programando reuniones”.
“No ha habido indemnizaciones”
La Iglesia católica española, a diferencia de otros países como Irlanda, Suiza, Francia, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos, “no ha indemnizado a las víctimas de abusos sexuales”, indica el portavoz de ANIR, pues, en todo caso, “quienes han indemnizado con cantidades ridículas” han sido las órdenes religiosas como los jesuitas o los maristas, pero no la Iglesia como tal. “Falta transparencia y ya llevamos mucho tiempo así. Hay víctimas que ahora tienen entre 30 y 40 años que están tomando 20 pastillas al día y hay víctimas que tienen 80 años que están rogando que antes de irse de este mundo se les reconozca como tal”, añade indignado.
Las asociaciones lamentan que la Conferencia Episcopal “no haya respetado” los acuerdos a los que llegaron en la primera reunión y exigen también que se elimine el informe ‘Para dar luz’, pues aseguran que no se recogen sus denuncias y “duda” de la credibilidad de sus testimonios, “reduciendo la casuística real hasta límites falsos, cuando no mentirosos”. “No es una opinión, es un hecho objetivo y contrastable. Nunca iniciaremos un trabajo con ese informe como punto inicial de referencia, ya que lo consideramos ofensivo y revictimizador”, concluyen.