La cúpula fiscal avala el criterio de García Ortiz para pedir la amnistía de la malversación en el ‘procés’

La Junta de Fiscales de Sala ha avalado, en una reñida votación, el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a todos los delitos, incluido el de malversación, que se atribuyen al expresident Carles Puigdemont y otros líderes independentistas.

García Ortiz, el último en intervenir durante una intensa reunión extraordinaria que se ha prolongado durante más de cinco horas horas, ha reiterado que el informe presentado por los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno defendiendo que el delito de malversación no es amnistiable respondía a cuestiones que no les competen e incluía afirmaciones de naturaleza “extrajurídica”.

Tras el debate, los fiscales de Sala han respaldado el criterio del máximo responsable del Ministerio Público por 19 votos a favor y 17 en contra, según informan fuentes jurídicas. La Junta de Fiscales de Sala ha comenzado puntual a las 9:30 horas y y ha contado con la asistencia presencial de 34 de sus 38 miembros. Otros dos fiscales han intervenido de forma telemática y los dos restantes han excusado su participación por motivos médicos.

Así las cosas, el fiscal general ha aceptado que los cuatro disidentes se aparten de la causa y ha nombrado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, como nuevo representante del Ministerio Público en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo.

La mayoría de fiscales de Sala ha avalado que los hechos recogidos en la sentencia del juicio del procés no provocaron un “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, lo que no sería amnistiable según el texto de la ley. La Junta también considera que los hechos no tuvieron una “afectación directa” a los intereses financieros de la Unión Europea, otra de las excepciones a la aplicación de la norma.

En un escrito dirigido a la cúpula fiscal, García Ortiz expuso su discrepancia con los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Argumentaba que confundieron en su informe el “ánimo de lucro” que exige la comisión del delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía no considera perdonables.

Además, el fiscal general abogó por levantar la orden de detención que el juez Pablo Llarena mantiene en vigor contra Carles Puigdemont. En concreto, sostuvo que alzar las medidas cautelares sobre los procesados es una medida no solo “adecuada” sino “necesaria” según lo estipulado por la ley de amnistía.

Los cuatro fiscales, a través de un escrito de Javier Zaragoza, rechazaron la orden de García Ortiz y la tacharon de “improcedente” y “contraria a las leyes”. Ante la discrepancia con la máxima autoridad del Ministerio Público, los fiscales del procés invocaron la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para fijar criterio, lo que ha ocurrido este martes.