El Gobierno podrá imponer condiciones a la opa de BBVA a Sabadell en una tercera fase, después del veredicto de la CNMC

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha detallado este martes durante el seminario de información económica de la APIE y la UIMP celebrado en Santander el análisis por el que debe pasar la opa lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell. Después de que la notificación formal se produjera el pasado 31 de mayo, el intento de adquisición puede constar de hasta tres fases, una primera de análisis preliminar de la CNMC, una segunda a la que el supervisor decide acceder si detecta la necesidad de hacer un análisis más profundo y una tercera en la que el Gobierno se pronuncia.

Aunque los plazos no están predefinidos, la primera fase consta de como mínimo un mes (es decir, hasta el 30 de junio), Fernández ha admitido que se suele prorrogar al producirse más requerimientos de información a las partes involucradas. Si la operación termina necesitando una segunda fase a juicio de la CNMC, esta dura tres meses y finaliza con un veredicto en el que se pueden imponer condiciones y compromisos para solventar problemas de competencia, como ya sucedió en la fusión entre CaixaBank y Bankia y en la de Unicaja y Liberbank.

Además, según ha concretado Fernández, el paso a esta segunda fase implica necesariamente una tercera en la que interviene el Consejo de Ministros. En ese momento, el Gobierno evaluaría la propuesta de compra del BBVA basándose en criterios de interés general y podrá imponer condiciones adicionales. Esta tercera fase dura dos meses más.

En total, el proceso se alargará como mínimo seis meses. No obstante, la presidenta del supervisor ha advertido de que en la fusión CaixaBank-Bankia duró entre 6 y 8 meses y las dos partes “iban de la mano y proporcionaron información desde el primer momento” a diferencia del escenario actual, que es distinto y más “complejo”. “La clave está en cuán rápido tengamos la información necesaria para hacer el análisis y cuán rápido si detectamos problemas se resuelven”, ha defendido Fernández.

Por otra parte, la presidenta ha asegurado que no le constan “presiones políticas” para analizar la propuesta de fusión porque, a diferencia de otros países europeos, en España la legislación ya contempla la citada tercera fase, que se mueve en el ámbito político. En línea con su papel institucional, la CNMC pide que “respetemos entre todos los tiempos” del análisis técnico, ya que actualmente se encuentra en la fase más inicial, aunque el Gobierno ya haya manifestado su rechazo a la fusión por cuestiones de competencia, inclusión financiera y pérdida de empleo.

Lo más probable es que la CNMC haga un análisis de la viabilidad de la fusión BBVA-Sabadell por códigos postales, como en las fusiones anteriores más recientes, para medir el impacto en aspectos como la retirada o ingreso en efectivo en cajeros en determinados territorios. Respecto a las posibles condiciones que se impongan a la operación, Fernández ha incidido en que “va a depender de cuál sea el problema de competencia que observemos”. En el caso de CaixaBank-Bankia se establecieron condiciones de desinversión en el ámbito de seguros.

La adquisición propuesta por BBVA sobre Sabadell ha tenido que ser notificada a la CNMC por sobrepasar en conjunto ambos bancos, entre otros aspectos, el 30% de la cuota del “mercado relevante”. Este está definido según las posibilidades de intercambiabilidad del producto y la configuración del ámbito geográfico.