Que te rajen un brazo y cobrar una indemnización: ¿por qué el Congreso vota este martes que los funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad?

El año pasado los funcionarios de prisiones sufrieron 508 agresiones por parte de reclusos. Supone un ratio de 10,6 ataques por cada 1.000 internos, cuando hace cinco años ese porcentaje era de 4. Y eso que la población penitenciaria ha bajado. Si en enero de 2019 había 49.474 personas cumpliendo condena, en maro de 2024 (últimos datos oficial) había 47.791. “La conflictividad en nuestras cárceles ha subido”, denuncian desde el sindicato ACAIP-UGT. Este martes, el Congreso de los Diputados debate y vota la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Socialista para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, una vieja reivindicación del colectivo.

¿Qué supone este reconocimiento? El propio texto de la Proposición de Ley lo deja claro: “Dará seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares”. Es decir, los diputados socialistas creen que es necesario que, ante un incidente violento, la versión y los informes de los funcionarios puedan ser “considerados como suficientes para adoptar la resolución que proceda, excepto prueba en contrario, en los procedimientos disciplinarios regulados”.

“Es muy importante dar seguridad jurídica a nuestras actuaciones. A la vez que las agresiones que sufriéramos en nuestro trabajo tendrían de oficio la consideración de atentado. Ahora, para que sea así, debe hacerse una ficción jurídica y pelearlo caso a caso. También supondría otros aspectos importantes como el principio de veracidad de nuestros informes”, señala un portavoz de ACAIP-UGT. La Proposición de Ley quiere cambiar también otro artículo de la Ley General Penitenciaria para que “la Administración deba resarcir económicamente a los funcionarios cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

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“Esto quiere decir que el funcionario agredido cobraría la indemnización que estableciera el juez bien por parte del preso bien, en caso de insolvencia de este, por el Estado, de manera que el trabajador no sufriera como hasta ahora una doble agresión, ya que hoy en día en la mayoría de los casos estas indemnizaciones no se cobran”, aseguran en ACAIP-UGT. Lo que se vota el martes es la toma en consideración de la Proposición de Ley para abrir el debate y el periodo de enmiendas. Los sindicatos esperan que se apruebe sin problemas, ya que el PP presentó una similar “por lo que entendemos que tendrá su apoyo”. Ya en la anterior legislatura se llevó esta PL a votación y se inició el trámite parlamentario, que decayó con el adelanto electoral. “En su día fue apoyada por una amplia mayoría”.

Se trata de un primer paso. Algunos sindicatos de prisiones también llevan tiempo reclamando la consideración de profesión de riesgo, la adecuación de medios coercitivos como la implantación de las pistolas táser, una actualización retributiva para una equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios e intentar así minorar el número de agresiones. Porque para ACAIP-UGT los datos son contundentes.

Un descenso de la población reclusa ha venido acompañado de un aumento de la conflictividad en los centros. “Es preocupante que las agresiones a los trabajadores penitenciarios han aumentado en más de un 127% pasando de las 223 agresiones sufridas en todo el año 2019 a las 508 contabilizadas en el año 2023. Además, vemos también un repunte de la violencia entre internos. Durante 2023 hubo 5.122 agresiones entre reclusos, un 7,76% más de las que reflejan los datos de 2019, que se cerró con 4.753″. ¿Por qué?

Porque a pesar de que hay más agresiones entre internos y contra trabajadores, se ha reducido el número de presos en primer grado casi en un 50%, el régimen de vida aplicado a presos conflictivos y especialmente violentos, pasando de 794 en enero de 2019 a los 389 de marzo de 2024, a la vez que suben los terceros grados, régimen de vida de semilibertad. “Se aplican procesos generales en lugar de tratar individualizadamente cada perfil. Esto lleva a que tengamos en módulos de régimen de vida ordinario a determinados presos que perturban y violentan la normal convivencia en los mismos, lo que deriva en tensiones que llevan a generar conflictos entre los internos y agresiones a los trabajadores que se ven obligados a intervenir en cada uno de ellos”, denuncian desde ACAIP-UGT

Por último, la PL que se debate este martes incluye también que “en los procedimientos penales seguidos contra funcionarios penitenciarios se garantizará su separación del resto de los detenidos, en caso de detención, y en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, se realizarán con separación de otros reclusos; con el fin de salvaguardar su integridad física”.