La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto este lunes ampliar la franja del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los 18 años, ya que actualmente solo se puede acceder a esta prestación a partir de los 23, y facilitar su acceso entre esa edad y los 30.
“Una de las medidas que vamos a impulsar desde el Ministerio de Juventud e Infancia es la posibilidad de que el Ingreso Mínimo Vital sea extendido a los jóvenes de entre 18 y 30 años”, ha asegurado Rego antes de su encuentro con representantes del Consejo de la Juventud de España (CJE) y Oxfam para analizar en profundidad su reciente informe sobre esta materia en España.
Precisamente, el estudio de Oxfam, presentado el pasado jueves, revela que un 55,6% de los jóvenes con carencias materiales severas tiene problemas de salud mental frente al 37,7% de quienes no tienen estos problemas económicos.
En este sentido, la ministra ha añadido que de 18 a 30 años se trata de una franja de edad en la que las personas en la actualidad están excluidas o encuentran dificultades extra para acceder a las ayudas. Además, ha valorado que es “un mecanismo que puede operar de manera positiva” y que puede “ayudar a mitigar la parte más estructural”.
La clase social “es determinante”
Igualmente, ha recalcado que la “cuestión socioeconómica” y, por tanto, “la cuestión de clase” es “determinante” para la salud mental en la juventud, que ha enfatizado que “no es un segmento social uniforme, sino que está atravesada profundamente por una cuestión de clase social”.
Finalmente, la ministra ha puesto en valor el trabajo realizado por CJE y Oxfam y ha señalado la importancia de no enfocar el problema de la salud mental exclusivamente desde la “medicación de la precariedad”. “Tenemos que resolver también la cuestión estructural, la socioeconómica”, ha afirmado.
Numerosos afectados por el IMV
El IMV, una de las medidas estrella del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia, ha llegado a un total de 605.696 hogares en los que viven 1.820.944 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 488,7 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 358,3 millones de euros.
Sin embargo, también son muchas las personas que han denunciado que la Seguridad Social les está reclamando cobros “indebidamente percibidos” y en algunos casos suponen miles de euros. En las cartas que reciben, según señala la plataforma de afectados, les informan de que deben pagar la deuda “en un plazo de 30 días” o con “un recargo del 20%” y aseguran que “la deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial”, algo que consideran que deja “en total indefensión” a los perceptores de esta ayuda.
Asimismo, los afectados explican que se hace la revisión del IMV con efecto retroactivo, lo quiere decir que algunas personas cobran durante todo un año “una cantidad errónea” y, después, los atrasos que se generan “tardan meses en pagarlos” y esa cantidad puede perjudicarles para recibir otras ayudas.
Entre otras quejas, también dicen tener dificultad para ponerse en contacto con la Seguridad Social; aseguran que los plazos son “demasiado cortos” para entregar la documentación que les piden; que les suspenden el ingreso del IMV “sin dar explicación alguna” o que no les ayudan con planes de inserción laboral “y, cuando lo hacen, es con contratos de trabajo temporal”.
Esta situación ha llevado al Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo a presentar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva contra España y la Ley de Ingreso Mínimo Vital (LIMV). Lo han hecho, tal y como explican en un comunicado, porque entienden que la norma no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa” y que fue suscrito por España.
Por ello, la organización solicita una medida de carácter inmediato para suspender los procedimientos de “cobros indebidos actualmente en marcha”. Este procedimiento, dicen, “está provocando el endeudamiento de un importante colectivo de las personas que han percibido el ingreso”, que ha acabado por convertir la ayuda no en una prestación, sino en “un mal préstamo”.
(Con información de Europa Press)