El 24 de junio de 2022, cerca de 2.000 personas migrantes y refugiadas de África subsahariana intentaron ingresar desde Marruecos a Melilla. Ocurrió de madrugada y en seguida se desató el caos. Las fuerzas policiales de ambos lados de la frontera reprimieron duramente a los migrantes, muchos de ellos fueron golpeados y aplastados, lo que dejó como resultado 27 fallecidos y 70 desaparecidos. Dos años después de la tragedia, las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes siguen reclamando justicia y reparación para las víctimas y piden que ambos países asuman responsabilidades.
Una nueva investigación de las organizaciones Border Forensics, Irídia y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), con el apoyo del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, revela que los hechos “respondieron a una verdadera estrategia de las autoridades”, de forma que las fuerzas de seguridad marroquíes “permitieron deliberadamente” que las personas migrantes se acercaran a la frontera y, una vez allí, las dirigieron hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino, donde después fueron atacadas “desde todos los flancos con material antidisturbios” por agentes de ambos países.
El empleo intensivo de gases lacrimógenos y el clima de pánico resultante, aseguran las ONG, “produjeron las primeras muertes y después llegaron las palizas perpetradas principalmente por las fuerzas marroquíes, que afectaron tanto a los que permanecieron dentro del puesto fronterizo como a los que trataron de abandonarlo y fueron devueltos ‘en caliente’ por las fuerzas españolas y marroquíes”. Fue en esta segunda etapa de la represión, añaden, cuando se produjeron la mayoría de las muertes.
“Con esta investigación queremos volver a poner encima de la mesa las demandas de justicia de las personas heridas y de las familias de los desaparecidos que aún siguen esperando respuestas”, dice a Infobae Maite Daniela Lo Coco, coordinadora de Migraciones en la organización Irídia e investigadora del informe. También han tratado de responder a los argumentos oficiales que han dado tanto España como Marruecos sobre lo sucedido, “pues han señalado a los migrantes como los responsables de sus propias muertes, argumentando que la utilización de la fuerza fue proporcional y legítima y diciendo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sabían lo que estaba sucediendo al otro lado, cuando además devolvieron de manera ilegal a 470 personas”.
La fiscalía española no encontró indicios de delito
A pesar de la magnitud de la tragedia, las organizaciones de derechos humanos recuerdan en el informe que Marruecos ha recurrido a las instituciones judiciales para “continuar reprimiendo a los supervivientes” y no para identificar a los responsables de lo ocurrido, mientras que la fiscalía española no encontró indicios de delito por parte de las fuerzas de seguridad del país y ha cerrado su investigación sobre los hechos.
Cabe además recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en todo momento la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles y ha asegurado que “ningún hecho trágico ocurrió en España” a pesar de que una investigación periodística internacional aseguró unos meses después de la tragedia que al menos uno de los migrantes había fallecido en suelo español. También habían llegado a esa misma conclusión algunos diputados que pudieron ver imágenes de lo ocurrido.
Testimonios, documentos oficiales y vídeos
En esta nueva investigación, basada principalmente en testimonios de los supervivientes recogidos en Marruecos y España, así como en documentos oficiales, vídeos e imágenes que hasta ahora habían sido inaccesibles, las ONG documentan “la violencia y la extrema deshumanización de las personas migrantes” durante el 24 de junio, así como “la falta de justicia y la persistencia de la violencia en la frontera”. “Nuestro análisis revela que los hechos no fueron un accidente, sino que respondieron a una verdadera estrategia de las autoridades de ambos países”.
La investigación sostiene que los agentes de seguridad españoles “perpetraron numerosos actos de violencia y abusos” contra las personas migrantes que trataron de entrar en Melilla, “sometiéndolas a un trato inhumano y degradante”, además de enviarlas de vuelta a Marruecos a pesar de saber que, una vez allí, serían sometidas a una violencia extrema. También demuestran que aunque la mayoría de las muertes de los migrantes ocurrieron mientras estaban bajo el control de los agentes marroquíes, “todas ellas se produjeron en territorio español”.
Los agentes de ambos países “son responsables de esas muertes”, añade la investigadora de Irídia, y “utilizaron material antidisturbios no homologado y de manera no reglamentaria, pues lo lanzaron en un lugar sin salidas”. “Muchas de las personas a las que hemos entrevistado nos contaban cómo era imposible respirar debido a la cantidad de humo y spray que había y a la utilización de balas de goma”.
Las organizaciones aseguran que los hechos reconstruidos con diferentes pruebas “no solo son incriminatorios para las autoridades marroquíes y para las españolas, sino también para una Unión Europea, que las apoya política y económicamente”, por lo que reclaman a ambos países que rindan cuentas y “respondan finalmente a las exigencias de verdad y justicia de las víctimas y sus familias”.
También señalan que los supervivientes y las familias de los fallecidos podrían emprender acciones legales contra España y Marruecos, no solo debido a la violencia de la operación, sino por “las formas de detención practicadas en el curso de la misma y la falta de una investigación”.