¿Fin a los peajes en una de las autopistas más caras de España? El Congreso lo exige al Gobierno y se acaba el plazo de la UE

Viajar de A Coruña a Vigo por la AP-9 sale caro. Un trayecto de poco más de hora y media cuesta casi 20 euros si es esta autopista, una de las más caras de España, pero puedo que por poco tiempo. Actualmente, es gestionada por la empresa Audasa. Pero el 24 de junio concluyen los dos meses de plazo que Bruselas dio al Gobierno para aclarar las condiciones en las que se prorrogó la concesión. Pongámonos en contexto: en julio de 2020 la asociación gallega En-Colectivo presentó una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 -hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González- y en 2000 -hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar- vulneraban la normativa comunitaria.

Así, Bruselas dio el pasado 24 de abril dos meses de plazo a España para enviar sus alegaciones sobre la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048. Ahora queda tan solo una semana para que finalice y desde En-Colectivo son optimistas. Principalmente, porque el Congreso aprobó la semana pasada el plan para anular la prórroga de la AP-9. Con 181 votos a favor de formaciones como el PP, Sumar, Bildu, ERC y el BNG, la abstención de PSOE, PNV y Junts y el rechazo de Vox, el Congreso de los Diputados exigió al Gobierno que elaborara un análisis sobre los costes que acarrearía la anulación de la concesión de la principal arteria viaria de Galicia.

Dos cuestiones llaman la atención. Por un lado, que la moción presentada por el BNG ha sido secundada por el PP desde el inicio de su tramitación, pese a que la ampliación de la concesión hasta 2048 fue otorgada durante el mandato de Aznar. Según los populares, esta cuestión se justifica “en coherencia con el procedimiento abierto por la Comisión Europea”. De hecho, en la moción se introdujo una enmienda para que el texto a debatir fuese idéntico al aprobado hace un mes en el Parlamento gallego por populares y nacionalistas. El otro punto que sorprende es que, en ese caso, los socialistas gallegos votaron que sí al fin de la concesión y de los peajes.

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En esta moción, presentada por el BNG, no solo se insta a acabar con los peajes y con los 24 años que todavía quedan de concesión, sino también que se traspase la titularidad a la Xunta de Galicia. Le toca actuar ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente ya advirtió hace unas semanas que la transferencia de la autopista a Galicia no era “sencilla” y avisó de que eliminar los peajes podría costar en torno a 4.000 millones de euros a las arcas públicas. En este sentido, En Colectivo ha pedido información al Ministerio de Transportes y, según el medio local Atlántico, no ha obtenido respuesta alguna.

“Tenemos que exigir transparencia, que el Gobierno se haya abstenido en la votación es curioso porque en Galicia el PSOE apoya eliminar la concesión y en Madrid no. Creo que la presión es para que los gallegos sepamos cuál es la posición del Gobierno con la autopista, que tiene en sus manos anular esta concesión”, señaló Diego Maraña, autor de la demanda ante la UE a través de En Colectivo, quien aseguró que cada vez están más cerca de lograr su objetivo.

La Confederación Empresarial de la provincia (CEP) urge al Congreso a eliminar la discriminación que sufre Galicia debido a las condiciones actuales de gestión de la AP-9. “Los 181 votos a favor de eliminar el peaje en el Congreso representan un respaldo mayoritario para que Galicia deje de pagar y se considere amortizada esta importante vía de comunicación. El siguiente paso, que también apoyamos desde la CEP, es su transferencia a la Xunta, para que tenga el mismo trato que otros territorios y deje de estar penalizada por los peajes de la AP-9″, exponen.

Recuerdan que este es el cuarto intento en ocho años de la cámara autonómica ante el Congreso y que la situación perjudica a toda la sociedad civil, afectando tanto a empresas como a trabajadores y ciudadanos en general, lastrados por tarifas que suben cada año. Por primera vez, la propuesta de Ley del parlamento gallego ha obtenido una mayoría absoluta de respaldo, buscando que Galicia deje de ser la comunidad autónoma con más kilómetros de autopista de pago.

“Esperamos que definitivamente se anule la prórroga de concesión hasta 2048. Entendemos que el coste de su gestión debe ser asumible por la Administración Pública. Se calcula que su mantenimiento anual ronda los 10 millones”. El incremento de carriles en la AP-9 supuso un aumento del 28.8% en kilómetros totales en ocho años. En cambio, la concesionaria ha pasado de recaudar 47 millones de euros a superar los 118, un 156.52% más.