España se sitúa a la cola de la Unión Europea en concesiones de asilo: solo aprueba el 12%

España es el país de la Unión Europea que menos protección internacional ha concedido en 2023, solo al 12% de los solicitantes, lo que le sitúa 30 puntos por debajo de la media europea en cuanto a tasa de reconocimiento, mientras que es el tercero del bloque que más peticiones de asilo recibió, con un total de 163.220, solo por detrás de Alemania (351.510) y Francia (166.880).

Así lo recoge el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentado este lunes, que advierte de que este retroceso contrasta con el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han obligado a huir de sus hogares a 120 millones de personas en el mundo. La entidad también recuerda que a los conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, se unen ahora el genocidio en Gaza y la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias.

Con un índice que ha bajado del 16,5% en 2022 hasta el 12% en 2023, un porcentaje “realmente bajo”, según ha indicado en rueda de prensa el director general de CEAR, Mauricio Valiente, España se convierte en el país que menos solicitudes ha resuelto de manera favorable en términos porcentuales. Asimismo, el informe alerta de un aumento del 56% en el número de solicitudes pendientes de resolución a lo largo del 2023, pues un total de 191.095 personas en España “esperan una decisión de la que dependen sus vidas”.

Las solicitudes de protección internacional para personas migrantes que no pueden volver a su país porque son perseguidas por diferentes motivos (refugiados) o porque enfrentarían daños graves en su país (protección subsidiaria) aumentaron en 2023 un 37,3% hasta la cifra más alta de su historia, todo ello “a pesar de los graves obstáculos” que existen para acceder al procedimiento.

Durante 2023, según indica el informe, persistieron los problemas con las citas previas para solicitar asilo, “lo que siguió alimentando un mercado irregular de compraventa de citas”. Se trata de una situación que provocó que miles de personas estuvieran en una situación de “total desprotección y en un limbo legal” durante periodos de hasta nueve meses. Además, la organización denuncia las condiciones de hacinamiento e insalubridad que sufrieron cientos de personas en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas a finales de año, que se prolongaron hasta principios del actual, ante el aumento de llegadas de personas procedentes de Senegal y Kenia.

“En lugar de habilitar vías legales y seguras, las autoridades españolas siguen recurriendo a imponer más obstáculos, como los visados de tránsito a personas que pueden ser merecedoras de recibir protección internacional”, ha señalado por su parte la directora de CEAR, Mónica López.

El informe también constata las enormes dificultades para que las personas migrantes y refugiadas accedan a derechos básicos en España, como la vivienda, el empleo, la salud o cuentas bancarias, entre otras. Una situación que “se agrava por el auge de la discriminación racial, por la falta de reconocimiento de la documentación de solicitantes de asilo y por la baja tasa de reconocimiento de protección internacional”.

Con un total de 39.910 personas, añade el informe, el 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias y cada vez hay más presencia de mujeres y niños y niñas sin referentes familiares. Por ello, CEAR destaca la importancia de que España cuente con “una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en la Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”, ha señalado López.

La entidad también denuncia en su informe las “consecuencias devastadoras” que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas, pues se trata de un acuerdo que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.