Cuenta atrás del órdago de Sánchez a Feijóo: PSOE y PP enfilan el último intento para desbloquear el CGPJ desde la trinchera

Dos semanas. Es el tiempo que resta para que finalice el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno advirtió al líder del PP de que el Gobierno revisará la capacidad de nombramiento de los jueces si los populares no desbloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que termine el mes de junio.

El movimiento, en forma de ultimátum, lejos de acercar posturas, elevó el tono de los reproches entre ambas partes. Pero, más allá de su voluntad manifestada para retomar la negociación, el Gobierno y el PP tratarán de desencallar la situación desde la trinchera, por lo que se antoja complicado un pacto ante la enésima oportunidad para acometer dicha modificación.

Cinco años y medio después, la renovación sigue pendiente a pesar de ser un mandato constitucional. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces llevan en funciones más tiempo que la duración de su mandato, constituido en 2011. Desde su caducidad, los dos grandes partidos han estado cerca de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, pero las negociaciones han saltado varias veces por los aires en medio de un continuo ambiente electoral.

Con el horizonte despejado de citas con las urnas, el Gobierno tiene claro que ahora es el momento más propicio para acometer esta renovación. Y, después del fracaso de la mediación de la Comisión Europea -el Gobierno comunitario asumió esta labor tras la petición del PP, pero no se ha logrado llegar a un acuerdo antes del plazo fijado-, Pedro Sánchez movió ficha para tratar de llevar al PP hacia un acuerdo después de la celebración de las elecciones europeas.

Las posiciones siguen en el mismo punto, enconadas, mientras Bruselas es reticente a retomar la negociación que lleva paralizada desde finales de marzo. Después de las tres reuniones mantenidas entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la supervisión del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, las tres partes no han vuelto a sentarse en la mesa.

La cuarta reunión prevista en Madrid en plena Semana Santa se aplazó, pero en Moncloa señalaron que ni la Comisión Europea ni el Ejecutivo tenían problemas para que el encuentro se celebrara. En todo caso, la última reunión de Reynders con los representantes del Gobierno y el primer partido de la oposición tuvo lugar el pasado 13 de marzo en Estrasburgo (Francia), pero finalizó sin acuerdo, como las dos anteriores celebradas en Bruselas a finales de enero y a mediados de febrero.

Después de que Reynders pidiera una excedencia remunerada como comisario tras ser elegido candidato a la presidencia del Consejo de Europa, su sustituta, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, no ha conseguido volver a sentarlos en la misma mesa. Y, ante la petición de una reunión a tres bandas efectuada por Bolaños y Pons después del ultimátum de Sánchez, el Gobierno comunitario ha avisado de que no aceptará un encuentro en vano. Según han informado varios medios a través de fuentes comunitarias, Jourová ha instado a los dos partidos a clarificar sus propuestas.

En cualquier caso, y en la línea defendida por el Gobierno, Bruselas insta a acometer la renovación de manera “urgente” y, acto seguido, ajustar el sistema de elección de los jueces españoles a los estándares fijados por los Consejos de la Judicatura europeos. El PP discrepa y supedita la renovación a un cambio simultáneo de la ley del Poder Judicial.

Dentro del plazo fijado por Sánchez, el Gobierno asegura que buscará por enésima vez alcanzar un pacto con el PP. Pero, bajo la premisa de la desconfianza, los populares se niegan a mantener una reunión con Bolaños sin la supervisión europea. Con la mediación en el aire, está por ver si el ultimátum del Gobierno reconduce la estrategia del PP a lo largo de estas dos semanas.

Hasta que ese plazo se agote, en Moncloa se niegan a dar detalles sobre la reforma esbozada por el presidente del Gobierno para acabar con el bloqueo si el PP no se aviene a ello. Eso sí, para acallar las críticas por la supuesta injerencia del Gobierno en el poder judicial, Sánchez aseguró que la reforma será ”respetuosa con la independencia del poder judicial, plenamente constitucional, de acuerdo con la normativa europea y un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis”.

Asimismo, matizó que, aunque se hable de revisar las competencias de los jueces para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, el Ejecutivo no tendría influencia en esta acción. “Ahí nada tiene que ver el Gobierno”, prometió en una rueda de prensa en Moncloa el pasado jueves, en la que mantuvo el órdago a Feijóo.

Enfrente, los socios del Gobierno y los aliados parlamentarios de Sánchez dudan de que el presidente se atreva a llevar a cabo su advertencia. “Hasta que no lo vea, no lo creo”, resumen fuentes de Podemos. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, pidió al PSOE “no perder más tiempo” y llamó a modificar ya por ley la composición del gobierno de los jueces. Además, le advirtió de que seguir confiando en el PP es permitir que esta formación se “ría del conjunto de los españoles”. Y es que, después de cinco años y medio, el PP (primero con Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo al frente) ha persistido en el bloqueo de un CGPJ que sigue con la misma mayoría conservadora que en 2011.