El PP se ha jactado durante esta semana de que ha conseguido desde la oposición que se tomen en consideración 16 iniciativas legislativas. Cabe destacar que 12 de ellas proceden del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, mientras que las otras cuatro se han admitido a trámite gracias, entre otros, al apoyo del partido de Carles Puigdemont, que ha dado su sí a las cuatro normas.
En el marco de su discurso de pintar una legislatura agotada tras los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo, los de Alberto Núñez Feijóo contrastan estas cifras con el escaso volumen legislativo del Gobierno, que solo ha conseguido plasmar una ley en el BOE, la que regula las enseñanzas artísticas superiores.
No obstante, el Ejecutivo ha logrado convalidar en la Cámara Baja tres Reales Decretos-leyes sobre medidas anticrisis, en materia de Justicia y la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables hasta 2028. Además, según el registro, el Congreso tramita actualmente 23 proyectos de ley procedentes del Consejo de Ministros, unas normas que Sánchez pretende impulsar tras finalizar el largo ciclo electoral.
Junts ha votado a favor de las cuatro leyes del PP en el Congreso
En el ámbito de las proposiciones de ley, es decir, las que presentan los grupos políticos en el Congreso, el PP ha conseguido tramitar más normas que el PSOE. Al margen de la reforma de la Constitución, planteada por los dos grandes partidos, mientras los populares han impulsado cuatro leyes, los socialistas han logrado que se tomen en consideración tres normas.
Una de ellas ya está aprobada: se trata de la ley de amnistía, pactada con los partidos independentistas en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Las otras dos son una norma sobre las enfermedades neurodegenerativas y el texto para mejorar la protección de los donantes de órganos. Asimismo, hay otras dos iniciativas en la Comisión de Justicia que llevan el sello de Sumar, el socio minoritario de los socialistas en el Gobierno: la ley para derogar los delitos de opinión y la reforma para recuperar la jurisdicción universal en España.
En las normas planteadas por los populares que han superado su primer debate en el Congreso, el sí de Vox y de Junts es el mínimo común denominador (el PSOE y PNV también han apoyado tres de ellas). Se trata de la ley para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico; la de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para el informe previo a las Cortes Generales de los Consejos Europeos, así como la toma de decisiones no contempladas en la Estrategia de Acción en el Exterior; y la modificación del Código Penal en materia de multi-reincidencia en los delitos de hurto y estafa.
En cuanto a las normas procedentes del Senado, el voto favorable de Junts también ha estado presente en la mayoría de ellas. Y, aunque el apoyo de los de Puigdemont no ha sido imprescindible, dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, ha sido utilizado por los populares para presumir de apoyos frente el PSOE. “El gran problema de Sánchez es precisamente que tuvo una mayoría para la investidura, pero no tiene una mayoría de Gobierno que avale sus leyes”, celebró el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.
12 leyes del Senado
Este jueves, el PSOE se quedó solo en el Senado al votar en contra de la ley sobre la talidomida del PP. La iniciativa legislativa, que contó con el apoyo de los aliados parlamentarios del Gobierno (Junts, ERC, EH Bildu y el PNV), busca cambiar la ley aprobada el pasado año, por la que se regularon las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
La norma prevé una ayuda de 12.000 euros por cada grado de discapacidad que tenga un afectado como consecuencia del fármaco. El PP cree que es necesario impulsar una exención fiscal. “No eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, esta pierda su razón de ser y, además, es una discriminación manifiesta con respecto a afectados por otros daños en España”, defendió el senador popular Enrique Ruiz.
Ante las 16 normas tramitadas en el Congreso, el PP acusó a los partidos del Gobierno de coalición, con mayoría en la mesa de la Cámara Baja, de bloquear la tramitación de las leyes a base de sucesivas prórrogas y de no convocar las ponencias. “Son como el perro del hortelano, ni legisla ni deja legislar”, afeó Tellado. Es decir, algunas normas ya acumulan más de veinte prórrogas del plazo de enmiendas; y en otros casos, cuando las correcciones ya se han presentado, se han congelado las ponencias para estudiarlas, a pesar de que el reglamento pone un plazo de 15 días para emitir un informe.
El PP achaca este bloqueo a que “el Gobierno tiene cada vez más miedo al Congreso” y le acusa de emplear esta práctica (utilizada en otras ocasiones por el PP también) porque puede verse derrotado en el Parlamento. Precisamente, la estrategia de los populares pasa por visibilizar una mayoría alternativa al Gobierno, aunque para ello necesite apoyarse en Junts, lo que supone una contradicción para un partido que basa su oposición en criticar el apoyo de Puigdemont a Sánchez.
Pero el Gobierno minimiza el escenario de bloqueo legislativo y se escuda en el ciclo electoral. Y, a pesar de la legislatura compleja por las delicadas sumas parlamentarias, Pedro Sánchez defiende que si hay alguien que pueda “manejar esa complejidad” es el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. “No hay otra alternativa al Gobierno de coalición progresista”, promulgó en la Moncloa, para desterrar las pretensiones del PP de legislar desde la oposición.