El número de asesores y altos cargos del Gobierno y su gasto asociado ha sido un arma arrojadiza en el debate político en los últimos años. Durante el periodo posterior a la crisis financiera y de deuda, el Ejecutivo redujo el número de ambos, en consonancia con los recortes en gasto público que se efectuaron. El fin de la contención se inició en 2017, en el último mandato de Mariano Rajoy y con la entrada en una nueva fase expansiva de la economía, pero los mayores aumentos en personal y en gasto se produjeron desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018. Posteriormente, la creación del primer Gobierno de coalición en 2020 disparó los cargos designados a dedo para atender al segundo Consejo de Ministros más numeroso de la democracia, y desde entonces crecen cada año ligeramente.
Si el debate es de por sí controvertido, no lo son menos los datos disponibles, muy agregados y con diferencias entre fuentes oficiales. El Ministerio de Hacienda publica desde 1999 informes anuales editados por la IGAE del personal al servicio del Sector Público Estatal, en los que se detallan el número de altos cargos y de personal eventual (asesores) de los diversos organismos a nivel nacional. No obstante, el Ministerio de Función Pública también publica desde 1990 datos de personal eventual en el boletín estadístico semestral del personal al servicio de las administraciones públicas, y ambas fuentes no coinciden. A esto se añade que para consultar el gasto en este tipo de personal hay que acudir a un tercer documento (la ejecución presupuestaria mensual).
Según el informe anual de la IGAE, publicado esta semana, el número de altos cargos y asesores al servicio del sector público estatal administrativo, es decir, elegidos por el Gobierno central o por otros altos cargos del Estado central, ascendió hasta los 1.607 en 2023, un 2% más que el año anterior. En esta cifra se incluyen 433 altos cargos y 1.174 asesores de ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, autoridades administrativas independientes y otros. Si se compara con 2017, el número de asesores y altos cargos ha crecido un 58% y el mayor salto se produjo entre 2019 y 2020, año de creación del Gobierno de coalición, cuando se pasó de 1.239 asesores y altos cargos a 1.472.
Entre los altos cargos del Estado se encuentran los miembros del Gobierno, cargos directivos de entidades como la CNMC y la SEPI y dirigentes de entidades públicas, entre muchos otros. Por otra parte, el personal eventual es nombrado por el Gobierno con carácter no permanente para realizar funciones de confianza o asesoramiento especial a los altos cargos. El nombramiento y cese de dicho personal por parte de la autoridad competente es libre, y su condición no puede constituir mérito para el acceso a la función pública de carrera o para la promoción interna.
Parte de los 1.607 altos cargos no son nombrados expresamente por el Consejo de Ministros. Por ejemplo, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, fue nombrada por el Gobierno de Sánchez en 2020 (en acuerdo con el PP), pero ella eligió posteriormente a su equipo para la presidencia del organismo, que actualmente cuenta con cinco altos cargos. Los altos cargos y asesores que sí trabajan específicamente para alguno de los ministerios y son nombrados por ellos son 339 y 1.083, respectivamente, por lo que suman la mayor parte del total, el 88,5%. En 2023, año electoral, el saldo del conjunto de las carteras es un aumento de tres altos cargos y 21 nuevos asesores.
Los ministerios con más altos cargos en 2023 son Economía (49), Presidencia (42) y Hacienda (40). La cartera de Carlos Cuerpo se sitúa al frente tras una modificación en las clasificaciones del personal. Según explica la IGAE a preguntas de este medio, se ha producido una “homogeneización de las denominaciones de los tipos de personal en algunas entidades”, de manera que personal de la CNMV que en otros ejercicios se denominaba “alto directivo fijo” se contabiliza ahora como alto cargo, lo que ha producido también una modificación de los datos de 2022, en los que inicialmente se contabilizaron 417 asesores en lugar de los 431 actuales.
Aunque el Ministerio de Economía sea el que más altos cargos tiene, su ratio de asesores para sus políticos y autoridades es mucho menor que el del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio liderado por Félix Bolaños cuenta con 628 asesores en 2023, un 4,7% más que en 2022, debido a su peso político. Le siguen de lejos el Ministerio de Política Territorial, con 159 asesores, y el Ministerio de Economía con 42, menos que los altos cargos.
El informe de la IGAE contempla más altos cargos en la Administración de Justicia y en la Administración Civil del Estado, aunque no explica por qué no los incluye en la cuenta anterior. En 2023, la Administración de Justicia tuvo 97 altos cargos por sí sola, adscritos al Ministerio de Justicia (siete menos que en 2022).
Muchos altos cargos cobran más que los miembros del Gobierno
El gasto en altos cargos y asesores, según los pagos realizados a fecha de 31 de diciembre de 2023, asciende a 152.158.000 euros. Esto supone un crecimiento del 3,5% respecto al año anterior y una nueva cifra récord. El aumento en comparación con 2017 es del 41,9%. A pesar del notable incremento en los últimos años, el gasto en altos cargos y asesores solo supone el 0,77% del gasto total en personal del Estado central.
Más allá de estos números agregados, no se conoce quiénes son los asesores ni lo que cobran específicamente, ya que no existe un registro publicado activamente por la Administración al respecto. Todavía hay menos transparencia sobre los altos cargos y asesores de las comunidades autónomas, para las que no se disponen ni de datos agregados de gasto en este tipo de personal. Sí se puede consultar una lista anual de los altos cargos y sus sueldos en el portal de transparencia, según la cual muchos altos cargos cobran más que el presidente del Gobierno (90.010,20 euros en 2023 sin sumar su retribución por ser diputado del PSOE, 13.488,02 euros).
Según el listado de transparencia, los altos cargos que más cobraron en 2023 son los mismos que en 2022: la presidenta de la SEPI, con 245.126 euros, y su vicepresidente, con 238.651 euros. En tercer y cuarto lugar se sitúan los directores gerentes de dos mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: Fremap e Ibermutua, con 232.386,79 y 229.680,02 euros, respectivamente. Los tres primeros han registrado aumentos salariales respecto al año anterior.