El Gobierno salió ileso de la votación de este jueves en el Congreso. La Cámara Baja rechazó la enmienda que pedía la devolución de la ley para crear una Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos y convalidó el real decreto-ley para prorrogar la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables hasta 2028. Ambas iniciativas salieron adelante a pesar de que el PSOE no tenía garantizados los apoyos necesarios un día antes de que se sometieran a votación.
El temor a una posible nueva derrota en el Congreso se apoderó del grupo parlamentario e, incluso, el Gobierno amagó con la posibilidad de retirar la norma para evitar una derrota parlamentaria, como ya hizo hace menos de un mes con la ley del suelo. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana decidió entonces retirar la norma cuando afrontaba el debate de totalidad ante las enmiendas de Junts, ERC y Podemos.
Pero este escenario se despejó en la tarde de este miércoles, cuando el PSOE y Junts llegaron a un acuerdo para que la formación independentista retirara su enmienda a la totalidad a la ley en materia de propiedad intelectual y apoyara al Gobierno en la votación. En concreto, el partido de Carles Puigdemont se avino a hacer este movimiento después de pactar con el Ejecutivo una “cláusula catalana” para que se reconozca en esta norma y en otras el ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña.
Con esta prerrogativa, los de Puigdemont defienden que se aseguran el blindaje de “todas las competencias” de Cataluña. Según explicó el diputado posconvergente Eduard Pujol, la llamada cláusula catalana consiste en un mecanismo que se incluiría en todas las leyes y que sería un nuevo marco de negociación con el Gobierno. De no incluirse, advirtió que “no tendrán el voto a favor del grupo”.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, quiso quitar hierro a este mecanismo. “Eso lleva haciéndolo el PNV mucho tiempo, no explícitamente, reivindicando que haya una página que lo diga o una línea que lo diga”, añadió, para diluir este nuevo elemento en la negociación con la formación independentista. El diputado del grupo capitaneado por Yolanda Díaz reconoció que las sumas parlamentarias son complejas y “hace falta más mano izquierda” para negociar, pero subrayó que “las leyes salen” y “la legislatura avanza”.
Junts pone en aprietos al Gobierno en cada votación
En el PSOE también comparten esa reflexión y apuntan a la necesidad de un cambio de hábitos en la negociación con las diferentes formaciones políticas, especialmente con Junts, un partido que durante la legislatura juega al despiste y lleva al límite las votaciones para hacer valer sus siete votos. De hecho, los de Puigdemont se volvieron a jactar este jueves de esta condición, apelando a “la pedagogía de los siete votos”, como apuntó el diputado Eduard Pujol.
Se da el caso de que este partido evitó presentar una enmienda a la totalidad al mismo proyecto de ley presentado en la anterior legislatura. Por ello, en la formación de Pedro Sánchez echan en cara el uso partidario de esta herramienta parlamentaria por parte de Junts en esta legislatura, consciente de que la delicada mayoría del Gobierno en el Congreso pasa por sus votos.
Fuentes del grupo socialista reconocen el desgaste que para el partido suponen las negociaciones de las diferentes iniciativas que se tramitan en la Cámara Baja. “Hemos aprendido la lección”, dice un diputado del PSOE en relación con esta última negociación, en la que Junts volvió a poner en apuros al grupo socialista y, por ende, al Ejecutivo de coalición. Cabe destacar que las formaciones que lo componen, PSOE y Sumar, atraviesan sus horas más bajas después de los resultados de las elecciones europeas, ya que el bloque de PP y Vox se volvió a imponer al bloque progresista: un 43,82% de los votos frente al 34,83% de los sufragios, respectivamente.
El partido capitaneado por Patxi López en la Cámara Baja confía en que esta cláusula catalana ayude a cambiar la tónica de las negociaciones para las diferentes iniciativas que se tramitan en la Cámara Baja. Al menos, espera que alivie la carga de muchas de las votaciones a las que se enfrentan las iniciativas durante su tramitación parlamentaria. Todo con el fin de que los de Carles Puigdemont no tengan razones para poner palos en las ruedas a todas y cada una de las votaciones en el Congreso.
Ante la pretensión del Gobierno de poner ya en marcha su agenda legislativa una vez se ha despejado el horizonte de citas electorales (salvo una posible repetición electoral en Cataluña, no hay más elecciones previstas hasta febrero de 2026, con las autonómicas de Castilla y León), Pedro Sánchez quiere comenzar a engrasar las relaciones en la Cámara Baja. Con ello, el Gobierno pretende evitar la imagen de parálisis parlamentaria que proyecta al aprobar solo una ley en seis meses, además de la amnistía y la reforma de la Constitución para eliminar el término “disminuido”. Después de las experiencias en las conversaciones durante los primeros meses de la legislatura, los socialistas esperan que este mecanismo ayude a despejar el camino para futuras negociaciones para las diferentes iniciativas que se tramitan en la Cámara Baja.