Tras diez años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto por fin juzgar a Francisco Granados, exconsejero en los Gobiernos de Esperanza Aguirre, y a otras 42 personas (entre ellas el empresario Javier López Madrid, amigo de los reyes de España) en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de suelo público y la construcción de varios tramos de la red de Metro por parte de la Comunidad de Madrid. Entre los procesados, según ha podido saber Infobae España, hay cuatro personas que actualmente trabajan como empleados en empresas públicas que dependen del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso y del Ayuntamiento de la capital dirigido por José Luis Martínez-Almeida.
Tres de estos empleados desempeñan sus funciones en la empresa Madrid Planifica (heredera del ente público Arpegio), y el otro en el Área de Vivienda del Consistorio capitalino. El magistrado ha dictado este jueves el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza 8 de Púnica, en la que se han investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes y como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. La corrupción siempre tiene daños colaterales, porque además de los principales protagonistas de esta historia, esta pieza deja un reguero de procesamientos secundarios, entre los que están estos cuatro empleados que siguen trabajando en la Administración diez años después (ya que el caso Púnica se destapó en 2014).
En esta pieza se van a juzgar dos tipos de contratos amañados. Por un lado, los que se produjeron cuando Granados era consejero de Transportes y “concertó un plan” con Jesús Trabada, entonces consejero delegado de la empresa pública Mintra (que ejecutaba infraestructuras de transporte), “para lucrarse a costa de fondos públicos”. La estrategia contempló amañar la adjudicación de contratos para la construcción” de varios tramos de la red de Metro “a favor de empresas amigas y a cambio del pago de comisiones”. Entre las obras investigadas se encuentran el tramo 1C de Metro Sur, el tramo 1A de Metro Norte y la línea a Boadilla del Monte del tren ligero. En parte de estos amaños participaron los empresarios David Marjaliza (amigo personal de Granados y que ha colaborado con la Fiscalía) y Javier López Madrid (ex directivo de la poderosa constructora OHL).
Dotaciones y venta de suelo
El segundo tipo de contratos salpica a otra empresa pública, Arpegio, que pasó a depender de Granados cuando este fue consejero de Presidencia y Justicia (tras dejar Transportes). Arpegio pasó a ejecutar los planes Prisma del Gobierno regional, que con 300 millones de euros iban a construir todo tipo dotaciones en municipios de la Comunidad de Madrid. Arpegio también iba a gestionar suelo público para construir vivienda a través de consorcios con diversos Ayuntamientos. Arpegio se convirtió así en una de las empresas públicas con más presupuesto dentro de la estructura de la Administración autonómica.
El juez afirma que Granados se concertó supuestamente con el constructor David Marjaliza para que empresas de este último se llevaran la adjudicación de parcelas públicas gestionadas por Arpegio en varios consorcios urbanísticos, como en el proyecto “Ciudad Jardín” de Arroyomolinos, Los Molinos Buenavista de Getafe, Móstoles Sur o Parla Este. “Para dirigir dichas adjudicaciones de favor, los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de cada contrato no recogían nunca como criterio objetivo de valoración el precio. Así, entre los criterios de valoración de las distintas ofertas solo figuraban criterios evaluables mediante juicios de valor, lo que hacía depender de criterios subjetivos valorados desde Arpegio”, relata el juez García Castellón.
De Arpegio, como hemos dicho, también dependía la planificación y ejecución de los planes Prisma, que consistían en financiar dotaciones en municipios de Madrid entre los años 2006 y 2011. El juez llegó a imputar a la mayoría de los miembros de la Mesa de Contratación de Arpegio por irregularidades en algunos de los contratos adjudicados. Tres de los antiguos miembros de esta Mesa siguen en plantilla hoy en la empresa heredera de Arpegio (que dejó de funcionar cuando saltó todo el escándalo), Madrid Planifica. Otro trabaja actualmente para el Área de Vivienda del Ayuntamiento de la capital. Uno de esos contratos consistió en entregar a una empresa privada, de nombre Dusa, el asesoramiento jurídico de las decenas de licitaciones que se iban a hacer a través del plan Prisma.
Es decir, que la empresa pública Arpegio, en manos de Francisco Granados, decidió que era necesaria una firma privada para gestionar a su vez las licitaciones de las obras del plan, un trabajo que en teoría tenía que haber desarrollado la propia Arpegio. Varias de las obras del Prisma fueron adjudicadas posteriormente al socio de Granados, el empresario David Marjaliza, cuando Dusa ya tramitaba las licencias. El administrador de Dusa también está procesado en esta causa.
Cestas de Navidad
Además de los grandes contratos de Metro, parcelas públicas y obras en municipios, los investigados Francisco Granados y su mujer María Nieves Alarcón utilizaron fondos públicos de Arpegio “para agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas de 2006 y 2007, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio, como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica”. Es decir, que usaron dinero público para comprar cestas de Navidad para su uso personal. Las propuestas de adjudicación que se realizaron desde Arpegio para comprar los productos que iban en las cestas -quesos, jamón o lomo ibérico-, y las propuestas para la autorización del gasto, eran firmadas en todos los casos por varios cargos de Arpegio actualmente procesados y en activo a día de hoy.
“Todos esos gastos por obsequios de Navidad, que tendrían que haber sido abonados por los investigados Francisco Granados y Nieves Alarcón, por tratarse de un gasto personal del matrimonio, desviaron de las arcas públicas la cantidad total de 100.139,17 euros”, concluye el auto del juez. Los 43 procesados en esta causa están acusados de delitos tan diversos como prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.