Economía da por hecha la reforma fiscal y diluye las expectativas de Yolanda Díaz de elevar al 46% los ingresos sobre el PIB

España comprometió con la Comisión Europea en 2021 una reforma fiscal, según refleja el componente 28 del Plan de Recuperación, para que los ingresos tributarios se acerquen a la media de la UE. Durante estos años, Hacienda ha ido aprobando medidas a cuentagotas, pero faltan respecto a la planificación inicial y según lo que demanda el socio minoritario de la coalición, Sumar. La reforma está en teoría sujeta al quinto pago, que el Gobierno debería solicitar antes de julio de 2024, aunque ya descarta cumplir este plazo teniendo en cuenta que el veredicto parcialmente positivo sobre el cuarto pago se ha conocido con seis meses de retraso.

El bloqueo político ya ha retrasado la recepción de fondos por la imposibilidad de conseguir los votos favorables en el Congreso para las reformas. Contexto en el que aún se hace más complicada la aprobación de una reforma fiscal que aumente los impuestos medioambientales y unifique el IVA, como ha recetado en numerosas ocasiones el Ejecutivo comunitario y los expertos para la reforma fiscal en su libro blanco de 2022. En esta situación se enmarca la reacción por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que da por hecha la reforma fiscal y trata de convencer a Bruselas de ello.

“Ha habido grandes esfuerzos en medidas en el ámbito fiscal”, ha asegurado Cuerpo este miércoles, a lo que ha añadido que España tiene “una diferencia” respecto a cuando se planteó la reforma fiscal en el Plan de Recuperación. “Ahora tenemos un nivel de ingresos respecto al PIB muy por encima del que teníamos en el año 2021 y esto es importante a la hora de valorar las medidas que tengamos que hacer en el ámbito tributario”, ha señalado.

Por ello, el ministro de Economía considera que hay un “incremento estructural” de la ratio de ingresos respecto al PIB y así se lo ha trasladado a la Comisión: “Esto es un elemento que estamos poniendo sobre la mesa a la hora de valorar el cumplimiento de estos hitos con la Comisión Europea”. Tras la pandemia, la recaudación tributaria ha crecido por varios motivos. Los principales son el crecimiento económico, el aumento del empleo y de los salarios y la recuperación de los beneficios empresariales, aunque también ha tenido su protagonismo la inflación y la reducción del fraude fiscal.

Según los datos que publica Eurostat en su estadística Government revenue, expenditure and main aggregates, los ingresos de todas las administraciones públicas en España han pasado de suponer el 38,2% del PIB en 2017 y el 39,2% en 2019 al 42,8% en 2023, es decir, 4,6 puntos más. La máxima cifra se alcanzó en 2021 (43,3%) debido a que el PIB cayó más que los ingresos tributarios a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis financiera y de deuda. No obstante, todas estas cifras están lejos de la media de la UE, el 45,9% en 2023, y más lejos aún de la media de la zona euro, el 46,4%.

Precisamente alcanzar esa media es lo que ha pedido la vicepresidenta segunda y hasta ahora líder de Sumar, Yolanda Díaz. De hecho, consiguió que quedara reflejado en el pacto de gobierno con el PSOE. “Dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, impulsaremos una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura”, señala el documento.

Sumar no se encuentra en una postura fuerte para pelear este asunto con el PSOE dados sus resultados en las elecciones europeas y los problemas internos de la formación encabezada por Díaz. Cabe esperar, por tanto, que la postura del PSOE expresada a través de los ministerios de Economía y de Hacienda se imponga, especialmente en lo relativo a dar por cumplida la reforma en el quinto pago.

La transformación fiscal recogida en el Plan de Recuperación consta de nueve bloques de reformas, de las cuales el Gobierno ha realizado ya una buena parte, aunque hay excepciones notables y una medida que incluso se ha descartado ya: la introducción de peajes en las auto, incluida en la reforma cuatro. En el mismo apartado se comprometió también la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para aumentarlos, medida que tampoco se ha tomado.

Más allá de estas dos, hay otro grupo de medidas en las reformas dos y tres que son muy amplias y que no se han cumplido. Las principales son ensanchar la base imponible del IRPF suprimiendo exenciones; hacer una transición gradual a un IVA simplificado más alto; aumentar impuestos medioambientales y revisar el Impuesto de Sociedades.

En el lado opuesto, las medidas totalmente cumplidas son: las temporales para paliar los efectos de la pandemia; el impuesto sobre los servicios digitales; la tasa Tobin; la subida del IVA a las bebidas azucaradas; el impuesto sobre residuos en vertederos; el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y la modificación del impuesto de gases fluorados.

A estas se suman otras que no están en el Plan de Recuperación, como el proyecto de ley para la tributación mínima del 15%; los gravámenes de momento temporales sobre la banca y las energéticas; el impuesto sobre las grandes fortunas y las medidas sobre los impuestos personales, de subida a rentas altas y bajada a rentas bajas.

La última opinión de la Comisión Europea al respecto de este tema es la publicada en marzo en el examen exhaustivo a España (In-Depth Review). “Habría margen para ser más ambicioso en lo que respecta a las medidas políticas, sobre todo teniendo en cuenta que el reciente incremento de los ingresos tributarios es mayoritariamente de naturaleza temporal”, señala el documento. En opinión de la Comisión, la inflación, el crecimiento del PIB y el aguante del mercado laboral están haciendo posibles crecimientos extraordinarios de los ingresos, pero eso puede variar según la coyuntura, por lo que señala posibles medidas que permitan mantener la ratio alta y asegurar la consolidación fiscal.