Pedro Sánchez ha dado este miércoles un ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si los de Alberto Núñez Feijóo persisten en el bloqueo, el Gobierno impulsará antes de que termine junio una reforma para revisar las competencias del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
“El día de la marmota ha durado demasiado. Esto se ha acabado”, ha señalado en una entrevista en TVE cuando el órgano de gobierno de los jueces acumula más de 2.000 días con el mandato caducado, es decir, más de cinco años en funciones. El presidente del Gobierno ha deslizado que la reforma se haría mediante una proposición de ley de PSOE y Sumar en el Congreso.
Ante la reiterada petición de sus socios de rebajar las mayorías para no necesitar el apoyo del PP y así acometer la renovación del CGPJ (actualmente se necesita mayoría de tres quintos), el líder del PSOE pone el foco en la “facultad de esta institución para nombrar a los magistrados que van al Supremo o a los TSJ”, lo que supone un “incentivo perverso” que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno.
De este modo, Sánchez plantea la posibilidad de “revisar esa facultad” para hacerla “más objetiva, transparente y no politizada”. Y es que, el presidente del Gobierno no comparte la propuesta del PP de que los jueces elijan a los jueces (las asociaciones judiciales ya plantean sus propuestas a los partidos políticos para que elijan a los vocales mediante votación), es decir, que la composición del CGPJ no sea refrendada en el Parlamento, ya que “la justicia emana del pueblo”, como dice el Artículo 117.1 de la Constitución.
“Nosotros nos damos como Gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante”, ha apostillado.
El PP ha rechazo el planteamiento de Sánchez: “No aceptamos ultimátums de nadie”, señalan fuentes de Génova. Los populares insisten en que seguirán los cauces fijados por ellos mismos en diciembre, que es la mediación de la Comisión Europea, ahora pendiente de renovarse tras las elecciones europeas del domingo. “Nos sentaremos con la persona que designe la Comisión cuando nos diga la Comisión, y nos dirigiremos a ellos a la mayor brevedad. El planteamiento de Sánchez es contrario al método de trabajo fijado entre PP, PSOE y el supervisor designado”, añaden.
Una ley de libertad de medios de comunicación
Sánchez ha señalado que esta reforma sería paralela al paquete de regeneración democrática que el Gobierno presentará en el Congreso antes del mes de julio. Después de los cinco días de reflexión, Sánchez avanzó que presentaría sus propuestas ante la campaña de acoso que afirmó que estaba sufriendo, pero también extrapoló esta responsabilidad al resto de partidos políticos.
Sánchez había pospuesto impulsar esas medidas a después de las elecciones europeas del pasado domingo, pero este miércoles ha concretado que lo hará en las próximas semanas. Lo ha dicho primero en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, y después en la entrevista televisiva.
En este contexto, para luchar contra los bulos y la desinformación, emitidos por “tabloides digitales” y amplificados en tertulias en las que la representación de tertulianos progresistas está “infrarrepresentada”, el líder del Ejecutivo ha señalado su voluntad de “trasponer y hacer efectivo lo que se ha aprobado en Bruselas, una ley de libertad de medios de comunicación”. Además, ha puntualizado que las medidas no solo irán dirigidas a incidir en la pluralidad informativa y en la veracidad de la información, sino también para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Sobre su cruzada contra la “máquina del fango”, Sánchez ha determinado que Madrid es la “sede social” de estas acciones mediáticas, políticas y judiciales. “La máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Esto es un problema para la política española”, ha esgrimido. En este sentido, ha cargado especialmente contra Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por ir “anunciando lo que van a hacer los jueces”.
Sánchez ha acusado a Rodríguez de “ir anunciando, semanas antes, lo que van a hacer los jueces”. Ha concretado que ocurrió con las causas abiertas contra su esposa y contra su hermano, y ahora “se ha atrevido a decir que va a ir para adelante la denuncia contra la Fiscalía General del Estado” por revelar detalles del caso de la pareja de la líder madrileña. ”Merece una reflexión, primero denunciarlo, ponerlo encima de la mesa y que el Congreso asuma su responsabilidad junto con el Gobierno de impulsar una profunda regeneración democrática”, ha apuntado.
En cuanto a los casos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, Sánchez ha dicho que está “tranquilo”, pero lo lamenta por su familia, por “el coste que tienen que asumir” cuando “son profesionales honestos”.