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El Ministerio de Sanidad ha enviado a las comunidades autónomas una carta en la que aclara la normativa vigente respecto a la supervisión y autonomía de los médicos residentes (MIR) en su último año de formación. Responde así a las críticas de las regiones gobernadas por el Partido Popular ante la escasez de facultativos este verano debida, en parte, a las vacaciones de los sanitarios y el descuadre en la Formación Sanitaria Especializada (FSE) tras la pandemia.
“En 2020 debido a la pandemia COVID-19, tanto la elección de plaza, que en aquel momento se realizó de forma presencial, como la incorporación a sus destinos, se demoró al mes de septiembre dado que, en mayo, mes habitual de comienzo de la residencia, el estado de alarma estaba activo y también el confinamiento de la población. Esto supone que quienes finalizan este año su cuarto año de residencia, lo harán a finales del mes de septiembre”, explica la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez González, en un escrito a los consejeros de Sanidad.
Normalmente, los hospitales contratarían este verano a los nuevos especialistas para cubrir las vacantes que dejan las vacaciones de los facultativos, pero este año no habrá graduados que contratar. Por ello, muchas comunidades han optado por cubrir las plazas con MIR de último año. Tras en Consejo Interterritorial del pasado 5 de junio, Sanidad ha aclarado que los residentes de cuarto año asumirán de forma progresiva “responsabilidades en la especialidad que se esté cursando” con “un nivel decreciente de supervisión”.
Así, los MIR IV, especialmente aquellos dentro de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, deben ser capaces de “hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta, sin la presencia del tutor”. Sin embargo, siempre han de tener la posibilidad de recurrir a un superior “en caso de duda o ante situaciones complejas”. Respecto a las rotaciones externas (no previstas en los programas formativos), el ministerio recuerda que “pueden ser autorizadas por las CCAA siempre que se cumplan ciertos requisitos”, como que las propongan los propios tutores. En cuanto a las retribuciones de los residentes, “las CCAA son las competentes para establecer complementos salariales en el marco de la relación laboral especial de residencia”.
El Ministerio por tanto avala que las comunidades se apoyen en los residentes, siempre y cuando cuenten con una supervisión. No obstante, existen otras prácticas planteadas por las consejerías que se salen de la legalidad, lo que puede poner en jaque los planes elaborados para aguantar el verano.
Del modelo gallego al extremeño: qué es legal y qué no en los planes de verano
No todas las comunidades han hecho públicas las medidas que implantarán para hacer frente al verano. De hecho, antes del Consejo Interterritorial, solo unas pocas comunicaron sus planes a Sanidad, tal como había solicitado el ministerio.
Por el momento, en Aragón, 40 de los 76 residentes de cuarto año de Medicina de Familia han mostrado su disposición a trabajar en verano en plazas de difícil cobertura. De continuar con este modelo, deberían asegurar una supervisión para los MIR. Lo mismo ocurriría en Galicia, que ha propuesto a sus residentes colaborar bajo la mirada de otros profesionales, siempre de manera voluntaria pero de forma retribuida.
En País Vasco, por el momento, no se ha plateado acudir a los residentes, sino que ajustarán los horarios ante la bajada de demanda de atención sanitaria. En 155 de los 339 centros de salud no habrá cambios de jornadas ni de horarios, pero en 72 se adelantará el horario de cierre, de 20:00 a 17:00 horas, mientras que otros 44 cerrarán de manera puntual algunos días y en 58 aún no se ha ultimado la planificación. Serán 10 los ambulatorios que cerrarán durante todo el verano.
Tampoco los usarán en Andalucía, que contratará 10.000 profesionales de media al mes en julio, agosto y septiembre, y 1.000 de media al mes en junio y octubre, es decir, unas 32.000 en total, según anunció la consejera de Salud, Catalina García. En Cantabria, incluirán esas plazas de difícil cobertura en la Oferta de Empleo Público.
Sin embargo, Extremadura puede tener problemas. La Junta destinará 13 millones a financiar más de 7.000 contrataciones este verano, pero estas pueden incluir a profesionales extracomunitarios, que no han realizado su especialización, algo que el ministerio no está dispuesto a permitir. Igualmente, ha recordado Mónica García este miércoles en el Congreso de los Diputados, no se permitirá “que los residentes terminen tres meses antes, que utilicen a los resis como mano de obra barata, sin supervisión, porque eso sería ilegal”.
“Estamos en la buena senda”
![La ministra de Sanidad, Mónica](https://www.infobae.com/resizer/v2/A5T4VMGSOVHOTOYJ2HJERDCW6M.jpg?auth=22d364598bc3f8b65d908b0ccdb504924b85e18d506b5e9febe70dcbb2073f07&smart=true&width=350&height=233&quality=85)
Durante la sesión de control al Gobierno, García se ha mostrado abierta a colaborar con las comunidades autónomas, pero ha insistido en que no tiene competencias en la gestión de los sistemas autonómicos y ha situado a los gobiernos del PP como los responsables de la falta de sanitarios que sufre el sistema actual. “Los profesionales tardan en formarse 10 años”, momento en el que el Ejecutivo de de Mariano Rajoy habría dado “el mayor hachazo a los profesionales sanitarios de este país”. Se refiere a los recortes en las plazas MIR realizados entre los años 2010 y 2019. Según estimaciones del Sindicato Médico de Granada, “de no haberse realizado se podrían haber formado 4.813 especialistas que ahora echamos en falta”.
“Desde 2018 se han puesto medidas”, ha asegurado García, que afirma que “estamos en la buena senda”. “Hemos aumentado los profesionales, el Sistema Nacional de Salud tiene más profesionales que nunca, tiene más profesionales en formación que nunca, tiene más estudiantes de Medicina que nunca”. La ministra reconoce que “los veranos son un drama” en la sanidad pública española, por lo que espera trabajar por dimensionarlo junto con las comunidades “para que tengamos los profesionales que necesitamos”. Entre las medidas para lograrlo, está la renovación del Estatuto Marco para regular las condiciones laborales. “Espero que cuando traigamos aquí el Estatuto Marco haya unanimidad para que podamos sacarlo adelante”, ha concluido.
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