Los misterios que aún esconde el antiguo cementerio de Ponferrada tras ser vaciado en los años 80

Algunos son auténticos museos al aire libre de gran valor cultural e histórico, mientras que otros albergan tumbas humildes. Los hay elegantes y otros de estilo más sobrio. Pero si hay algo común en los cementerios es el halo de misterio que los envuelve, incluso los que llevan tiempo clausurados, como es el caso del camposanto del Carmen en Ponferrada, León, que aunque cerró sus puertas a mediados de los años 60 y en los 80 se realizó un vaciado, aún siguen apareciendo restos humanos. Los últimos pertenecen a siete represaliados de la Guerra Civil, todos con evidentes signos de violencia.

Los trabajos de exhumación los llevó a cabo en mayo la asociación Sputnik Labrego, un grupo formado por arqueólogos e historiadores de diferentes universidades, y en realidad esta ha sido su tercera campaña, ya que buscan a 29 víctimas de la represión franquista del total de 92 que fueron enterradas en este cementerio desde 1936 y hasta los años 50. Una primera intervención en 2016, entonces realizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y en la que aparecieron los primeros dos cuerpos de fusilados, evidenció que aún quedaban numerosos restos humanos en este viejo cementerio, por lo que comenzaron a buscar más enterramientos individuales.

A pesar de no contar con los planos del cementerio, tras un intenso trabajo en dos campañas previas Sputnik Labrego realizó en 2023, la organización logró verificar la separación entre la zona católica y la civil y fue en esta última donde encontraron un enterramiento diferente al resto. En mayo comenzaron los trabajos de exhumación de esta tercera fase, donde localizaron los siete cuerpos. “Supimos que estábamos en la zona correcta porque la orientación del enterramiento era diferente y los cuerpos que hallamos estaban enterrados sin caja, boca abajo. Después, una vez que los exhumamos, comprobamos que en los cráneos había disparos de arma de fuego, por lo que pudimos determinar que se trataba de víctimas de la represión franquista”, explica a Infobae España el arqueólogo Alejandro Rodríguez, coordinador del trabajo.

Como se trata de un proceso de represión “bastante bien documentado”, tanto a través de Registro Civil como de los procedimientos militares, Sputnik Labrego ya tiene las identidades (nombres y apellidos) de las personas que fueron asesinadas, pero aún no saben a quién corresponde cado uno de esos cuerpos, por lo que ahora se está analizando el ADN. A día de hoy, son 10 las familias de esos 29 represaliados que esperan la identificación de sus seres queridos.

Para finales de este mes de junio está prevista una nueva

Para esta tercera fase Sputnik Labrego ha contado con 31.000 euros, financiados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, Marco Morala (del Partido Popular), ha garantizado que en el antiguo cementerio del Carmen “no quedará ningún resto humano” al tiempo que se ha comprometido a seguir aportando fondos para que así sea.

El regidor también dijo en declaraciones a la prensa que los restos humanos que no sean reclamados por familiares, quedarán enterrados en el cementerio municipal de Montearenas. “Están en condiciones inhumanas. A los familiares que encontremos se les entregará y, los que no, tendrán un lugar de descanso acorde con esa dignidad que todo ser humano merece”.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León registraron la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Ejecutivo liderado por Juan Vicente Herrera (PP). La futura norma, que no habla ni de dictadura ni de franquismo, busca “honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978″, equiparar a las víctimas y suprimir los mapas de fosas, lo que también pone en peligro las subvenciones a entidades.

Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, donde también se está tramitando una propuesta de ley de “concordia” a petición de PP y Vox, aunque de momento no han sido aprobadas en ninguna de estas dos regiones.

Por otro lado, Aragón sí ha dado un paso más allá, convirtiéndose el pasado mes de febrero en la primera región en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y el Partido Aragonés (PAR). Después de que esta comunidad rechazara dialogar con el Gobierno central, el Consejo de Ministros aprobó a finales de mayo presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por la derogación de dicha ley y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya ha asegurado que recurrirán incluso a Estrasburgo si fuera necesario, ya que se trata de una “cuestión de derechos humanos”.