El 17 de julio de 1936, un sector de las tropas militares se subleva con el objetivo de destituir al gobierno de la II República y comenzaba la Guerra Civil española. Cinco días más tarde, la Dirección General de Bellas Artes creaba la primera Junta para la defensa del patrimonio, que posteriormente se definirá como Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico. El objetivo era salvaguardar bienes culturales ante la destrucción y el pillaje que preveían
La Junta Central coordinaba las Juntas Delegadas ubicadas en distintas localidades repartidas por todo el país, especialmente en Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Jaén. Madrid tenía varias sedes como depósitos de almacenamiento temporal de las distintas obras incautadas, algunas de ellas son el convento de las Descalzas Reales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado o la basílica de San Francisco El Grande.
Ante los incesantes bombardeos en la capital, en noviembre de 1936 se tomó la decisión de evacuar las obras de arte del Museo del Prado. Se organizó entonces su traslado de Madrid a Valencia y, posteriormente, a Girona. Finalmente, abandonaron el país hacia Ginebra, donde fueron custodiadas hasta su regreso. Las obras quedaron esparcidas a lo largo de todo el territorio español y, a pesar de que las incautaciones se realizaban de forma cuidadosa y documentando el origen de las piezas, también se produjeron incautaciones realizadas sin control por sindicatos y milicias.
Un inventario de incautaciones
Ahora, el Ministerio de Cultura ha publicado el inventario, iniciado el año pasado, de fondos procedentes de incautaciones realizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se han documentado objetos como joyas, vajillas, cerámicas, piezas textiles y ornamentos litúrgicos, así como algunos cuadros, esculturas y mobiliario, suponen la mayoría de las 5.126 piezas que nunca fueron devueltas a sus dueños por la dictadura franquista al acabar la contienda.
Los nueve museos estatales que han identificado entre sus fondos bienes procedentes de incautaciones realizadas durante la Guerra Civil e inmediata posguerra son el Museo del Traje-Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América y el Museo Sorolla, en Madrid; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘Gonzalez Martí’, en Valencia; y el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid.
El inventario ya está publicado en la web del Ministerio y dentro del portal, además del listado de bienes, se pueden encontrar las fichas de la mayoría de las piezas, un trabajo que continúa y está previsto que se complete en las próximas semanas.
Las primeras devoluciones de objetos comenzaron en mayo de 1939. El inventario de las piezas era publicado en prensa o en el BOE indicando con un plazo de reclamación, las identificaciones se realizaban mediante visita personal a los depósitos o mediante reconocimiento fotográfico y, más tarde, se organizaron grandes exposiciones públicas, como las celebradas en el Palacio de Exposiciones del Retiro durante los años 1940 y 1941.
Dueños perdidos y encontrados
La documentación existente a penas ha permitido identificar la procedencia de los bienes, y por el momento, las únicas procedencias documentadas son las de Pedro Rico, el primer alcalde republicano de Madrid, que murió en el exilio en Francia y nunca pudo reclamar la devolución de sus bienes; José Weissberger, acusado de masonería, los bienes de este coleccionista y marchante de arte fueron incautados por el Tribunal de Responsabilidades franquista. Tras la absolución de los cargos en los años 40 las obras le fueron devueltas pero no todas; Carlos Heiss cuya colección de bienes arqueológicos fue depositada en el Museo Arqueológico Nacional. Otras obras fueron incautadas a organizaciones e instituciones