El PP ha puesto en conocimiento a la Unión Europea del ultimátum de Pedro Sánchez anunciado este miércoles después de haber recibido la petición del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de que la negociación entre los dos partidos se retome este viernes. El presidente del Gobierno había asegurado esta mañana que si los de Alberto Núñez Feijóo persisten en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ejecutivo impulsará antes de que termine junio una reforma para revisar las competencias del órgano de gobierno de los jueces.
En concreto, según ha esbozado, quiere revisar la potestad de los jueces para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, lo que supone un “incentivo perverso” que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el Gobierno. “El día de la marmota ha durado demasiado. Esto se ha acabado”, ha señalado en una entrevista en TVE cuando el órgano de gobierno de los jueces acumula más de 2.000 días con el mandato caducado, es decir, más de cinco años en funciones.
Tras esta propuesta, y tras la petición de Bolaños de retomar los contactos, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se ha dirigido esta tarde a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, para informarle del “intento del presidente del Gobierno de desestabilizar la negociación mantenida con el Partido Popular y con la supervisión del Gobierno comunitario para la mejora del modelo judicial de nuestro país”, según han anunciado fuentes populares.
El dirigente popular, encargado de las negociaciones sobre este asunto con el ministro de Justicia, ha solicitado “un encuentro a tres con carácter urgente”. “Quedamos a la espera de la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión”, han asegurado estas voces “ante el ultimátum y el chantaje verbalizado” este miércoles por Pedro Sánchez en una entrevista en TVE.
Sánchez se da de plazo hasta junio tras cinco años y medio de bloqueo
El Gobierno, que accedió a la última exigencia del PP para que la UE mediara en las negociaciones para acometer dicha renovación (a pesar de que órgano de gobierno de los jueces lleva con el mandato caducado desde 2018), se dio de plazo hasta el mes de junio. Ante los escasos visos de que la situación se desatasque, Moncloa tiene decidido cumplir con este mandato judicial en esta legislatura después de los muchos intentos en los que la negociación fracasó durante estos cinco años y medio.
El Ejecutivo ha incidido en renovar primero el órgano de gobierno de los jueces con la ley actual (el Congreso y el Senado elige a los vocales por una mayoría de tres quintos), y negociar después una posible reforma de la ley. En Moncloa defienden que su propuesta va en consonancia con la exigencia de Bruselas, que pide a España renovar de manera “urgente” el CGPJ y proceder posteriormente a la reforma del sistema de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Si bien, el PP no se mueve de sus planteamientos y exige reformar primero la ley bajo nuevos parámetros para elección de los vocales y, posteriormente, renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero el presidente del Gobierno no comparte la propuesta del PP de que los jueces elijan a los jueces. Primero, según ha recordado este miércoles en TVE, porque las asociaciones judiciales ya plantean sus propuestas a los partidos políticos para que elijan a los vocales mediante una votación en el Parlamento. Y en segundo lugar, la idea de que la composición del CGPJ no sea refrendada en el Parlamento contradice el Artículo 117.1 de la Constitución, que dicta que “la justicia emana del pueblo”.