El miedo a ser sancionados hace que el porcentaje de propietarios con viviendas vacías caiga al 3%

Un 3% de los propietarios de viviendas en España las tiene vacías, una cifra similar a la del año pasado, pero un punto más baja que en 2022. Esta caída la ha propiciado la ley de vivienda que entró en vigor en 2023 y que, entre otras medidas, incluye una penalización a los dueños de pisos desocupados que consiste en un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que puede llegar al 150%.

No obstante, esta penalización no abarca a todas las viviendas vacías, sólo a aquellas desocupadas con carácter permanente y de forma continuada por un plazo de dos años o más sin causa justificada. Por ello, de ese 3% de propietarios solo un 0,1% cumple los requisitos para ser sancionados, según datos de Fotocasa Research.

“Es positivo que el porcentaje de propietarios con viviendas vacías tienda a reducirse, ya que cada piso vacío representa una oportunidad perdida para proporcionar un hogar a quienes más lo necesitan”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Indica que las principales razones de que esas casas estén desocupadas radican en que no están en condiciones de ser habitadas y, en menor porcentaje, en que sus propietarios están preocupados o tienen miedo a que se produzcan impagos por parte del inquilino, ocupaciones o destrozos en el inmueble. Por ello, Matos considera fundamental que “se implementen políticas efectivas para impulsar la ocupación de estas viviendas, como incentivos para la rehabilitación y alquiler de estas propiedades”.

Por porcentajes, entre las principales cuestiones que impulsan a los propietarios a no sacar sus pisos al mercado del alquiler destaca, con un 16% del total, que tienen a una persona próxima que planea mudarse a ese inmueble, otro 14% necesita acometer reformas previas del inmueble antes de venderlo o ponerlo en renta. Es el mismo porcentaje que los que aseguran que tienen el piso desocupado porque lo han heredado y sus propietarios no se ponen de acuerdo respecto al uso que se le va a dar.

Otras de las causas tienen que ver con que la vivienda se encuentra en venta desde hace menos de un año. Esta razón se ha incrementado en los últimos doce meses desde el 5% de 2023 hasta el 10% actual. También hay un 9% de propietarios que argumentan que su vivienda está vacía porque está en obras; un 7% la mantiene sin uso por desconfianza y temor a que los inquilinos no paguen o dañen el inmueble, y otro 7% alega que tiene miedo a no poder recuperar la vivienda en caso de impago.

Tener una vivienda desocupada evita el riesgo de impagos de rentas o de que los inquilinos deterioren el inmueble, pero genera otras preocupaciones relacionadas con la inseguridad ante posibles ocupaciones ilegales. A la que se suma que entren a robar en él, el deterioro que puede sufrir por su abandono o los gastos que genera.

Y es que, a pesar de estar desocupadas, estas viviendas generan unos gastos fijos que sus propietarios tienen que afrontar como el IBI, el coste de la comunidad, los consumos mínimos de los suministros, como el agua y la luz; los costes de mantenimiento y de reparaciones del inmueble y el seguro del hogar en caso de tenerlo..

Por segmentos de edad, el colectivo más senior, de 55 a 75 años, es el que se muestra muy preocupado por tener una vivienda vacía, y aunque el temor a la ocupación continúa en lo más alto de la clasificación, el porcentaje de los que comparten este miedo desciende desde el 49% de 2023 al 43% este año, según datos de Fotocasa.

El coste que supone mantener una vivienda vacía también preocupa al 43% de estos propietarios, seguido de un deterioro de la vivienda (41%), que entren a robar o que se agraven pequeños desperfectos, ambos igualados en un 29% como preocupación para los propietarios.

El 31% de los dueños que tienen alguna vivienda vacía la mantiene en esas condiciones desde hace más de cinco años y otro 12% la tiene desocupada entre 2 y 5 años.

La suma de unos y otros da como resultado que un 43% -el 48% en 2023- de los propietarios que tiene una casa desocupada asegura que lleva así más de dos años, que es el plazo que figura en la ley de vivienda como necesario para que, si se cumplen el resto de las condiciones, los ayuntamientos puedan imponer un recargo en el IBI.