Así actúan los delincuentes mediante el “corte de la luz”, la estafa que afecta a los hosteleros de España

100.000 euros. Esa es la suma que la Guardia Civil estima que ha estafado el grupo criminal desarticulado en el marco de la operación Tec Apagón, que se ha saldado con la detención de seis personas. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la Benemérita, los delincuentes estaban especializados en la estafa conocida como “corte de la luz”, método que encuentra a los hosteleros entre sus principales víctimas.

A partir de esta estrategia criminal los detenidos se hacían pasar presuntamente por una empresa de electricidad que amenazaba a los dueños de bares y restaurantes con cortarles el suministro eléctrico en menos de una hora si no saldaban de forma inmediata una una factura impaga. A los criminales se les atribuye al menos 60 delitos de estafa, un delito de falsedad documental y otro de integración en grupo criminal.

La investigación, realizada por agentes de la Guardia Civil de Guadix (Granada) y Ciempozuelos (Madrid), comenzó en el momento que un hostelero de la localidad granadina denunció que había sido víctima del “corte de la luz” y abonado una supuesta deuda de 1.832,15 euros. Posteriormente, los efectivos constataron que otro empresario de la ciudad había sido estafado mediante el mismo modus operandi y en las mismas fechas.

Además, los delincuentes intentaron timar otras seis personas en los días siguientes. Tras hacer un seguimiento del dinero estafado, los agentes dieron con un grupo criminal perfectamente estructurado, cuyo cabecilla era el más joven de los detenidos, y que su base de operaciones estaba en la localidad madrileña de Ciempozuelos.

Según las indagaciones de la Benemérita, los estafadores se ponían en contacto con sus víctimas a la hora de comer, es decir, en el momento en que más lleno estaban los establecimientos. El hostelero, incapaz de contactar con su entidad bancaria o su compañía eléctrica, procedía a pagar la supuesta factura adeudada, que siempre eran por un importe próximo a los 2.000 euros. En una ocasión, incluso, los detenidos le reclamaron tres veces el pago de una factura a un empresario quien había realizado una transferencia, pero volvieron a llamarlo dos veces más exigiendo el pago por tarjeta bancaria aduciendo que la transferencia no se había realizado.

Los detenidos contactaban con sus víctimas a través de teléfonos móviles cuyas tarjetas SIM estaban a nombre de terceras personas a los que les habían usurpado sus datos y que nada tenían que ver con la organización. Las mismas eran suministradas por tres locutorios madrileños cuyos propietarios sí formaban parte de la banda desarticulada.

Por otra parte, otros dos de los integrantes del grupo criminal se encargaban de captar “mulas”, individuos con, en la mayoría de los casos, problemas de drogadicción a los que habían convencido, previo pago de una pequeña cantidad de dinero, para que abriesen cuentas bancarias a su nombre y las cediesen a este grupo criminal. En dichas cuentas acababa posteriormente el dinero estafado.