El rey ha firmado la amnistía a Puigdemont (no tenía otra), pero ya se pronunció sobre lo que hizo: qué dijo en su histórico mensaje del 3 de octubre de 2017

Preguntaba el periodista Juan Fernández-Miranda hace un par de fines de semana en una entrevista en ABC a Santiago Abascal: “¿Usted está de acuerdo conmigo en que el rey no puede no firmar la ley de amnistía?”

Contaba tres años desde su proclamación Felipe VI, la mitad que su padre al dirigirse a los españoles con motivo del 23-F, cuando determinó que debía pronunciarse sobre los graves acontecimientos en Cataluña. Era 3 de octubre de 2017 y el referéndum ilegal había tenido lugar, con la amenaza de una declaración unilateral de independencia. Quería transmitir “un mensaje de tranquilidad” a los ciudadanos, “particularmente a los catalanes”, en pleno intento por “quebrar la unidad de España y la soberanía nacional”, pronunció el monarca. La grabación, de seis minutos, se emitió a las nueve de la noche.

Acostumbrados a tener que leer entrelíneas, aquella noche el rey, “símbolo de la unidad y permanencia del Estado”, no necesitó de eufemismos o circunloquios:

“Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. (...) Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña”.

La respuesta de Abascal no era previsible. Pedro Sánchez logró ser investido a cambio del compromiso con Junts y ERC de una ley de amnistía en beneficio de los procesados por ese referéndum. Sánchez prometió su cargo ante Felipe VI, al que se vio serio, en una imagen que dio lugar a especulaciones. Se había mantenido al margen, como limita la Constitución, lo que no significa ajeno. En Ferraz, la extrema derecha, echada a la calle en su manifestación más violenta, le acusaba de tibieza, recortaba la corona de la bandera e insultaba, con calificativos como el de ‘Felpudo’. Vox estuvo y alentó a esa gente, incluso frente a la Policía.

Señalado, el rey no ha tenido opción. La Carta Magna le ordena firmar la norma que dejará libres de cargos a Carles Puigdemont y a todos y cada uno a los que el jefe de Estado se refirió ese 3 de octubre. Se trata de una monarquía parlamentaria. Y el Parlamento ha aprobado la ley de amnistía. Una mayoría de los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos en las pasadas elecciones generales avala el perdón. “La Constitución destruye la nación”, mostraban pancartas en Ferraz, portadas por insatisfechos con las reglas. En su artículo 56 dice: “El rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”.

En aquellos días de presión sobre el rey, de su rostro serio, la influyente Isabel Díaz Ayuso también puso de su parte, implicándolo en la tarea de frenar la amnistía: “Contamos con todos los españoles de bien que no pueden más; con la Constitución, la Corona, Felipe VI y las dos cámaras del Poder Legislativo; con el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con las comunidades y entes locales, con la Unión Europea y con siglos de la historia de España, que no se dejará doblegar por un pacto”, pronunció en referencia al acuerdo del PSOE con las fuerzas independentistas.

El artículo 62 de la Constitución enumera las funciones del monarca y la primera de ellas es “sancionar y promulgar las leyes”. Es por esto que, como ha hecho con otras normas de gran trascendencia -los indultos, sin ir más lejos-, en definitiva con todas las que emana el Poder Legislativo, ha firmado la amnistía a Puigdemont y al resto de encausados. Sin focos y como mero trámite dentro de la normalidad democrática.

Contestó Abascal: “Yo creo que cometen un error los que le piden al rey que haga lo que el rey no puede hacer. Y el error principal es que desvían el foco del verdaderamente culpable. Y el culpable es Pedro Sánchez, que ha traicionado a los españoles y les ha mentido”.