Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha anunciado este martes la aprobación de 15 millones de euros destinados a atender a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla. Seis para las islas y cuatro y medio para cada una de las ciudades autonómicas.
El propósito de esos 15 millones, alcanzados después en un acuerdo con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, será reforzar las estructuras de acogida de esos tres territorios. Forman parte de un paquete más amplio de hasta 35 millones para la acogida, entre todas las autonomías, de 400 niños más, pendientes de la reforma de la Ley de Extranjería.
Una victoria a medias
Dicho pacto venía en connivencia con los criterios acordados entre las diferentes comunidades de cara a 2022 y 2023 con excelentes resultados. El único motivo por el que este acuerdo no se ha podido repetir por tercer año consecutivo ha sido por el bloqueo de algunos gobiernos autonómicos. De hecho, cuestionada por este último punto, Rego ha destacado que “se trata de un proceso de negociación en el que vertebrar y plantear la política migratoria con un enfoque que ponga en el centro los derechos humanos y el interés general de los menores”. Además, Rego ha recalcado la importancia de subir la tasa de inversión pública en políticas destinada erradicar la pobreza infantil o, al menos, situarla por debajo de la media Europea. “Tenemos que hacer un esfuerzo”, ha reivindicado.
Al respecto, la ministra ha expresado su pesar por no haber contado con el apoyo de algunos de estos gobiernos, que hubiera permitido apoyar a los territorios de llegada con una acogida solidaria. El Gobierno, no obstante, ya contaba con una dotación de más de 20 millones para facilitar la distribución y acogida, algo que les servirá, al menos, hasta la próxima Conferencia Sectorial. “La verdad es que sorprende en cualquier caso que no hayamos sido capaces de aprobar los otros 20 millones que teníamos asignados y trabajados previamente”, ha lamentado Rego.
Tira y afloja con las comunidades
Durante la reunión, también ha presentado a los responsables autonómicos un primer diagnóstico sobre cuál es el panorama de la pobreza infantil en España. Para desarrollar este estudio y poder completar la imagen de este fenómeno, ha pedido ayuda a las autonomías. Ayuda que ha sido concedida en algunos casos “por solidaridad” con las autonomías más afectadas, como ha explicado la consejera de Madrid de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que ha hecho hincapié en “reorientar esta cuestión para que tenga un carácter estratégico en nuestro país y abordarlo desde otro lugar y volver a insistir mucho en esta idea con los derechos humanos en el centro”.
Por su parte, Canarias, de la mano de su consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, han insistido en la “situación límite” que se está viviendo ahora en el archipiélago. Por ello, ha pedido que se actualicen esos criterios de reparto, que datan del año 2022. Por aquel entonces, según Delgado, “no estábamos inmersos en esta crisis migratoria y las comunidades autónomas evidentemente no teníamos la presión que tenemos ahora”, motivo por el cual ha pedido también poder utilizar, como hicieron otras autonomías antes, terrenos del Ministerio de Defensa.