El Gobierno lanza una estrategia para transformar el sistema de cuidados hacia un modelo “más personalizado” con una inversión de 1.300 millones

El objetivo de este proyecto, que implica “un cambio de mentalidad”, es avanzar hacia un enfoque comunitario donde las personas puedan elegir “dónde, cómo y con quién vivir”. También prevé mejorar las condiciones laborales del sector de los cuidados

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(I-D) El ministro de Cultura,
(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; y el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Jesús Hellín / Europa Press)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha propuesto un reto ambicioso: transformar el modelo de cuidados para quienes necesitan apoyo, ya sean mayores, personas con discapacidad, con dependencia, sin hogar, así como para niños, niñas, adolescentes en el sistema de protección. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una estrategia estatal que contempla una dotación de 1.300 millones de euros hasta 2027, un proyecto que exige la “reorientación de las políticas públicas y de la financiación” y que también requerirá “un cambio de mentalidad”.

“El futuro no pasa por construir más macroresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su barrio o en su pueblo con sus seres queridos todo el tiempo que sea necesario”, ha manifestado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al tiempo que ha destacado el papel fundamental de las comunidades autónomas en esta estrategia cuyo objetivo es fomentar los cuidados a domicilio y en entornos comunitarios. “Se trata de un un sistema más personalizado con herramientas como la teleasistencia, centros de día y recursos para favorecer una vida autónoma”, ha añadido.

Se estima que en España entre 4,5 y 6,5 millones de personas necesitan algún tipo de apoyo o cuidados, lo que supone el 10% de la población, de ahí la importancia de este proyecto, ha recordado el ministro. De ese total, al menos 350.258 viven en residencias: 288.765 son mayores de 65 años, 32.934 son personas con discapacidad, 17.061 son niños, niñas y adolescentes en acogimiento y 11.498 se encuentran en situación de sinhogarismo.

Una sanitaria conversa con una
Una sanitaria conversa con una usuaria de una residencia. (EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo)

Un enfoque “comunitario”

El ministerio de Derechos Sociales es consciente de que el cambio no será sencillo y, de hecho, admite, “quizá lleve décadas”, pues se necesita “un cambio cultural”, nuevas leyes y un dinero mejor repartido. Sin embargo se muestran confiados en que es posible dejar atrás un sistema “basado en entornos institucionalizados”, en la cultura asistencialista, para avanzar hacia un “enfoque comunitario” donde las personas puedan elegir “dónde, cómo y con quién vivir”. La nueva estrategia también pretende mejorar las condiciones laborales del sector de los cuidados, con el objetivo de que sea “más atractivo”, puesto que tiene un gran potencial de generación de empleo dado el aumento de la población con necesidades de apoyo, señalan fuentes del ministerio.

Otro de los objetivos de este ambicioso proyecto es “reducir la desigualdad de género”, pues son principalmente las mujeres quienes sostienen el sistema de cuidados en España, lo cual limita su autonomía, desarrollo profesional y calidad de vida. Según los datos del ministerio, actualmente casi el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidas únicamente por algún integrante de la familia, principalmente mujeres, algo que también ocurre con las personas con discapacidad. Además, muchas de ellas son migrantes con condiciones precarias.

La estrategia contiene cinco ejes de actuación: la activación de mecanismos de prevención de dinámicas de institucionalización, fomentar la participación de las personas y la concienciación social, la transformación de los modelos actuales de cuidado, el desarrollo de servicios para la transición hacia la vida en la comunidad y, por último, una serie de condiciones habilitadoras para hacer posible la desinstitucionalización.

Los 1.300 millones de euros, provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, se destinarán principalmente a las Comunidades Autónomas para que puedan implementar ese cambio de modelo, mientras que la financiación de los mismos se irá complementando en los años sucesivos con un despliegue a través de los Planes Operativos.

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