Retrasar la jubilación con las medidas de la última reforma de las pensiones apenas ahorrará gasto, según Fedea

Uno de los objetivos principales de la última reforma de las pensiones (aprobada entre 2021 y 2023) es retrasar la edad efectiva de jubilación con diversos incentivos y penalizaciones al retiro anticipado con el objetivo de disminuir el gasto en pensiones en relación con el PIB. Para ello, la ley 21/2021 aumentó los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas voluntarias y elevó las bonificaciones por demorar la jubilación más allá de la edad legal. Tres años después, se evidencia que parte del aumento de la edad efectiva de jubilación es consecuencia de la ley, pero las medidas apenas ahorrarán gasto en pensiones a medio plazo.

Así lo pone de manifiesto un informe publicado por Fedea este lunes en el que se registra que al mismo tiempo que han disminuido las jubilaciones anticipadas con coeficientes reductores (del 26,8% de 2021 al 24% de 2022) y han aumentado las jubilaciones demoradas sobre el total de altas iniciales (del 6% al 6,3%), se ha producido un aumento de la pensión media que prácticamente ha neutralizado el ahorro.

En concreto, la reducción de las jubilaciones anticipadas ha provocado un incremento de la cuantía de la pensión media al aplicar penalizaciones medias menores (del 11,1% en 2021 al 8,2% en 2022). La demora de la jubilación sí ha conseguido ahorrar algo de gasto en pensiones. Si todas las personas acogidas a la jubilación demorada hubieran optado por incrementar su pensión un 4% por año de demora, la cuantía media se hubiera incrementado un 11% en 2022, frente al 8,5% en 2021, pero como el 28,1% han escogido la opción de cobrar un cheque único, ha disminuido el coste adicional medio al 7,9%. El cheque se cobra de una sola vez y no afecta a la cuantía de la pensión.

Estos cambios sumados al aumento progresivo de la edad legal de jubilación hasta 2027 han dado como resultado que la edad efectiva de jubilación haya subido desde los 64,83 años de 2022 a los 65,07 años hasta marzo de 2024. Sin embargo, el impacto en el gasto en pensiones es “muy modesto”, según Fedea: del 0,02% del PIB a largo plazo en caso de aumento de un año de la edad efectiva de jubilación sin incremento de la edad legal.

Los autores también contemplan que el retraso de la edad efectiva de acceso a la jubilación implique una subida del PIB del 2,2% en 2050 por el aumento de las personas trabajando, de manera que aumentaría el ahorro en pensiones, pasando a ser de 0,22 puntos del PIB. En todo caso, Fedea señala que se trata de un ahorro “poco importante y muy por debajo” de las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (-0,95% del PIB) y de la AIReF (-1% del PIB).

De hecho, Fedea subraya que las previsiones del ministerio y de la AIReF son los más optimistas y los suyos, los más pesimistas, mientras que el Banco de España se encuentra en un escalón intermedio, valorando el efecto de aumentar en un año la edad efectiva de jubilación en un ahorro de 0,31 puntos del PIB.

Más allá de las estimaciones de los distintos organismos, la cifra que tendrá validez es la que calcule la AIReF en 2025. El organismo debe realizar las previsiones de gastos y, sobre todo, de ingresos de las nuevas medidas en materia de pensiones para determinar si es necesario activar el mecanismo de ajuste. El informe de envejecimiento recientemente publicado por la Comisión Europea, en el que se debe basar la AIReF, vaticina que la reforma de Escrivá disparará el gasto en pensiones por encima del 15% del PIB y que el aumento de los ingresos (a través de la subida de cotizaciones y de las jubilaciones demoradas, entre otras vías) podría no ser suficiente para cubrir ese exceso.