Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos de carácter no penitenciarios donde ingresan las personas que se encuentran en situación irregular en España por no tener los papeles en regla. Sin embargo, son muchas las ONG que llevan años denunciando que, en realidad, se trata de centros de opacidad e impunidad policial donde los internos, a pesar de no estar detenidos, viven bajo condiciones de reclusión y “sufren vulneraciones de derechos”.
El estudio más reciente sobre los CIE es el que este lunes ha presentado el Servicio Jesuita a Migrantes, que integra una red de entidades y colectivos en todo el país, y señala que a lo largo de 2023 fueron internadas un total de 2.085 personas, según los datos aportados por la policía, entre las que había 64 mujeres, una de ellas identificada como víctima de trata, y dos menores de edad. Además, 877 personas habían solicitado protección internacional. El informe recoge los datos de los seis CIE que estuvieron operativos el año pasado, ubicados en Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Valencia, si bien también incluye el de Madrid, que apenas se utilizó porque abrió sus puertas en la segunda quincena de diciembres tras finalizar las obras de reforma, mientras que el de Tenerife permaneció inactivo todo el año por obras.
Bajo el título Internamiento muteado, el informe muestra historias como la Younes, un joven marroquí internado en el CIE de Valencia que sufrió malos tratos y agresiones por parte de dos policías que lo sacaron de su celda a la fuerza, “dándole patadas y puñetazos porque se levantaba tarde” y, aunque trató de pedir ayuda a la Cruz Roja para identificar a los agentes y denunciarlos, “no encontró a los técnicos”. El hombre presentó una denuncia ante el juzgado de control, pero los policías “no le permitieron acudir al servicio médico” para documentar lo sucedido y no dejaron de hostigarle a través de insultos y amenazas. Finalmente, una noche fue expulsado por vía aérea “sin previo aviso ni posibilidad de defenderse”.
A través del acompañamiento a las personas internadas, el Servicio Jesuita a Migrantes asegura que “los CIE presentan un déficit recurrente e irresuelto en el estado de sus instalaciones, en la precariedad de los servicios (asistencia social, sanitaria y jurídica) y en las constantes situaciones de violencia que se viven en ellos”. La organización también indica que las personas internadas “sufren un trato hostil por parte de la Administración, hostilidad que también se refleja en la falta de transparencia e información disponible sobre la gestión de estos espacios, lo cual ampara la impunidad de determinadas actuaciones muy controvertidas que afectan a los derechos humanos”. Todo ello, añaden, cuestiona la legitimidad, la proporcionalidad, la idoneidad y la eficacia del internamiento de estas personas, así como de la propia expulsión.
A partir de la pandemia descienden los internamientos
Cabe destacar que desde 2009 y hasta 2023, un total de 116.085 migrantes en situación irregular han estado internados en los CIE. Y es a partir de 2020, tras la pandemia, cuando empieza a descender notablemente el número de ingresos, debido a que los centros quedaron inactivos durante 6 meses y se empezaron a realizar obras de reforma en algunos de ellos. A partir de ahí, las cifras de internos se han mantenido bajas no solo por las obras, indica el informe, sino también porque se recurre menos al internamiento “como medida cautelar en procedimientos de expulsión y devolución”, si bien es “difícil anticipar si esa tendencia continuará una vez finalicen todas las obras de reforma y que sea operativo el nuevo CIE de Algeciras-Botafuegos”.
“Las cifras transmiten la imagen de un internamiento con sordina, es decir, oculto por números que se mantienen relativamente bajos desde la pandemia, que trata de justificarse al aplicarse más frecuentemente a personas con antecedentes penales o policiales, pero que trunca trayectorias de arraigo, de vida familiar, en las personas con acuerdo de devolución”, denuncia la organización jesuita.
Cabe recordar que las personas migrantes pueden permanecer un máximo de 60 días en los CIE, un periodo de tiempo en el que normalmente son deportadas a sus países de origen, si bien el informe indica que de media suelen permanecer un mes. De hecho, en 2023 un 54,8% de las salidas de los CIE fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,5% por libertad (870), y el 2,5% por otras causas (53).
Falta información
Ese total de 2.085 personas internadas durante 2023 es una cifra ligeramente menor a la de 2022, donde fueron internadas 2.276, aunque el número de mujeres ha sido más elevado en comparación con las 44 anteriores. En ese sentido, el informe señala que las entidades de la sociedad civil que visitan los módulos de mujeres han alertado sobre la complejidad que presentan sus perfiles, el ejercicio de la prostitución en algunas de ellas y el temor a que sean objeto de trata. Asimismo recuerdan que los CIE también encierran a personas necesitadas de protección.
El estudio también aclara que en 2023 “solo se practicaron pruebas de determinación de la edad a 1 joven en el CIE de Murcia y a 9 jóvenes en el de Valencia”, siendo identificados en este último centro 2 menores.
Por otro lado, si bien el Ministerio del Interior publica la cifra provisional de 877 solicitudes de protección internacional cursadas en los CIE en 2023, algo menos que las 909 de 2022, el informe precisa que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska “no proporciona la cifra de solicitudes admitidas a trámite y, mucho menos, cuántas de ellas obtienen una resolución favorable”. Asimismo, recuerda que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura publicó en 2022 que las cifras de solicitudes de protección presentadas en los CIE y admitidas a trámite fueron 68 de un total de 1.118, lo que equivale solo al 6%.
Trayectorias con arraigo
El informe también destaca que 1.488 internamientos tuvieron causa de expulsión (71,3%), 557 de devolución (26,7%) y 40 de salida obligatoria (1,9%), además de que muchas personas internadas tenían procedimientos de expulsión “cualificados” por la posesión de antecedentes penales o policiales. En cualquier caso, la mayoría presentaba perfiles muy complejos, con arraigo, es decir, llevaban años en España y algunas incluso habían crecido aquí y temían ser expulsadas a un país del que tenían poco más que un pasaporte.
Solo un 29,7% de las 3.091 expulsiones ejecutadas fueron desde CIE (919), así como solo un 33,67% de las 597 devoluciones y salidas obligatorias (201).
Los equipos de visita del Servicio Jesuita a Migrantes también han constatado que existe un amplio abanico amplio de nacionalidades en los CIE, pues proceden de países como Albania, Argelia, Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Croacia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Marruecos, Moldavia, Nigeria, Pakistán, Rumanía, Sahara Occidental, Senegal, Sierra Leona o Túnez, si bien el grupo más numeroso en todos los centros es el marroquí.
El informe también recuerda que en algunos CIE se siguen poniendo “trabas a las visitas de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica de Extranjería”, y denuncia la falta de privacidad en las consultas médicas y en las visitas. Además, concluyen, urge reformar los servicios médicos-sanitarios de estos centros.