El colectivo Jornaleras de Huelva denuncia la complicidad de gobiernos y sindicatos con las empresas agrícolas: “Les sale rentable explotar”

“Basta con darse una vuelta por los campos de Huelva, por los asentamientos chabolistas de migrantes, para comprobar cómo la gente trabaja sin papeles, de sol a sol, con salarios muy bajos porque los empresarios se aprovechan de una mano de obra vulnerable”. Quien pronuncia estas palabras es Ana Pinto, una mujer onubense que conoce perfectamente las duras condiciones que soportan quienes trabajan en las campañas agrícolas de esta provincia andaluza, pues ella misma lo hizo durante 16 años, hasta que en 2018, tras reivindicar sus derechos y exigir mejoras laborales, ya no la volvieron a contratar. Pero lejos de apartarse al ser vetada, decidió convertirse en la voz de quienes temen alzarla para seguir reclamando unas “condiciones dignas”. Así es como nació el grupo autoorganizado Jornaleras de Huelva en Lucha.

Los abusos y las situaciones de explotación que se dan en el campo, asegura, “son vox populi y se deben a la complicidad tremenda por parte de todos los agentes involucrados, desde el Gobierno autonómico y central o los ayuntamientos de los pueblos freseros, a los sindicatos mayoritarios”, dice a Infobae España. “Tanto si hablas con las trabajadoras marroquíes con contratos en origen como con la gente de aquí que no tiene otras alternativas laborales, a nadie le están pagando la hora extra tal y como indica el convenio, por ejemplo, ni el kilometraje o te obligan a ir en días festivos. Sabes que te van a pagar menos, que te van a explotar, pero no te queda más remedio que ir”, afirma, más aún cuando se trata de personas migrantes en situación administrativa irregular. “La Ley de Extranjería les aboca a esto”, denuncia Pinto, que asegura que esos tres o cuatro meses de temporada son los únicos del año en el que disponen de trabajo.

También hay empleadores que se niegan a facilitar la atención médica a trabajadores que han caído enfermos, por lo que “no les gestionan las prestaciones que corresponden”, critica la activista, por no hablar de quienes trabajan en almacenes, pues “realizan jornadas de hasta 16 y 18 horas”, sin apenas tiempo ni para dormir.

En los últimos años, concretamente desde que, en 2018, Jornaleras de Huelva en Lucha comenzó a denunciar estos abusos y prácticas irregulares, algunas empresas agrícolas han sido sancionadas. Un ejemplo reciente es el caso de una compañía dedicada al cultivo y cosecha de fresas con sede en San Bartolomé de la Torre, que ha sido multada con 130.000 euros por obstruir gravemente la función de la inspección de Trabajo al no identificar a 13 empleados que salieron corriendo durante dos visitas realizadas en mayo de 2021. Sin embargo, lamenta Pinto, este tipo de sanciones económicas “solo son calderilla” para las empresas, por lo que “les sale más rentable explotar a la gente”.

Las mujeres, además, son quienes se llevan la peor parte, pues además de estas irregularidades, muchas temporeras migrantes han sufrido abusos sexuales por parte de los empleadores. Además, son muchas las dificultades que atraviesan para que los jueces se crean sus denuncias, asegura Pinto, que recuerda el caso de una temporera marroquí que denunció abusos sexuales por parte de un empresario en el municipio de Moguer “y en apenas 24 horas un juez dictó sentencia”. “Era una sentencia muy parecida a la que ya hemos visto con otras muchas compañeras que denuncian abusos, en la que el juez argumentaba que la mujer tenía interés por quedarse aquí, por conseguir los papeles”. “Hay una enorme discriminación”, añade.

Todas estas situaciones de abusos e irregularidades que describe Pinto están recogidas en un estudio elaborado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón, que ha sido publicado esta misma semana. El informe, que lleva por título Esenciales pero invisibles y explotados, y recoge información de Alemania, España, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia, señala que aproximadamente una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral y abusos de derechos.

Asimismo, indica que en los nueve países examinados, con excepción de Finlandia, las personas migrantes habitualmente reciben salarios inferiores al salario mínimo, y la situación empeora cuando son mujeres.

El estudio también señala que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario europeo, y son los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular quienes enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a su situación laboral precaria. En cuanto al alojamiento, “suele ser precario, superpoblado, caro y estar aislado de los núcleos poblacionales”, y son muchas las personas que viven en asentamientos marginales improvisados que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos, y donde existe riesgo de enfermedades e incendios. Además, el aislamiento al que son sometidas también dificulta que las personas trabajadoras conozcan la lengua o la sociedad locales, lo que implica mayor vulnerabilidad frente al control ejercido por parte de los empleadores.

En ese sentido, desde Intermón Oxfam recuerdan que la Unión Europea ha aprobado recientemente la directiva de Debida Diligencia, que obliga a las empresas a respetar los derechos de personas y el medioambiente en toda la cadena de valor. Se trata de unas reglas que facilitarán el acceso a la justicia y la compensación a los sobrevivientes, así como la obligación de la agroindustria y los minoristas de prevenir y asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. Una nueva legislación que podría ayudar a poner fin a la explotación, siempre y cuando “los países europeos la implementen correctamente”, finaliza Pinto.