Los motivos por los que suelen quitar la incapacidad permanente total

La incapacidad permanente total es una prestación crucial para aquellas personas que no pueden desempeñar su actividad laboral habitual debido a problemas de salud. Sin embargo, esta pensión no es inamovible, ya que es revisable hasta cumplir la edad ordinaria de jubilación.

Es decir, sí es posible que la Seguridad Social retire el grado de incapacidad previamente concedido y, por tanto, suspenda la pensión que se entregaba a la persona que se beneficiaba de la ayuda. Normalmente existe un plazo de dos años en los que se revisa la situación actual del beneficiario y se toma la decisión de mantener la prestación, rebajarla -si el grado de incapacidad cambia- o suspenderla.

Así, una de las principales razones para la retirada de la incapacidad permanente total es la mejora del estado de salud del beneficiario. Según el artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social, si la persona experimenta una recuperación que le permite realizar su trabajo habitual, la pensión puede ser revisada y retirada. Este proceso implica una evaluación médica que determine si la mejoría es suficiente para reincorporarse al ámbito laboral.

Otro motivo frecuente de la suspensión es si se descubre que el beneficiario está realizando actividades laborales que son incompatibles con la incapacidad declarada. La Seguridad Social puede llevar a cabo inspecciones para verificar que la persona no esté trabajando en un empleo que contradiga su situación de incapacidad. En caso de comprobarse esta incompatibilidad, se procede a la suspensión o extinción de la pensión.

Además, el incumplimiento de las obligaciones de seguimiento y revisión médica periódica también puede llevar a la retirada de la pensión. Los beneficiarios están obligados a someterse a revisiones médicas para evaluar la continuidad de su incapacidad. La negativa a participar en estas evaluaciones o la falta de asistencia sin justificación pueden resultar en la suspensión del beneficio.

Por último, existen causas administrativas y legales que pueden influir en la decisión de retirar una pensión de incapacidad permanente total. Entre estas se encuentran errores en la concesión inicial de la pensión o fraudes detectados durante el proceso de revisión.

La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la distrofia miotónica tipo 1 (conocida como enfermedad de Steinert), la espina bífida y el lupus eritematoso sistémico destacan entre las enfermedades consideradas discapacitantes, que podrían permitir a los afectados solicitar una pensión anticipada debido a su impacto significativo en la calidad de vida y la capacidad laboral.

Las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, así como tipos específicos de cáncer y afecciones autoinmunitarias como la artritis reumatoide ya requieren evaluación por parte del tribunal médico. La encefalomielitis miálgica, la amiloidosis por transtiretina variante (ATTRv), la enfermedad de Huntington, la fibromialgia, las inmunodeficiencias primarias y la esclerosis sistémica también se encuentran entre las más graves que pueden causar la concesión de una pensión de incapacidad. Otros casos son los de las enfermedades crónicas, los trastornos mentales más agudos, como el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión, y algunas enfermedades infecciosas, como la poliomielitis y la sífilis.

Los procedimientos médicos para otorgar la pensión de incapacidad permanente en España involucran una serie de preguntas comunes realizadas por los tribunales médicos. Estas preguntas tienen como objetivo evaluar la condición médica del solicitante y establecer si cumple con los criterios para recibir esta prestación.

Durante el proceso, se solicita al solicitante que describa detalladamente sus síntomas, los diagnósticos recibidos y el impacto de su condición en su vida diaria. Además, se le pregunta sobre las limitaciones que experimenta en su capacidad para realizar funciones básicas y tareas específicas relacionadas con su trabajo. Este tipo de preguntas ayuda a los médicos a tener una visión clara sobre cómo la incapacidad afecta la calidad de vida y la funcionalidad laboral del individuo.

Las preguntas también pueden abarcar detalles sobre tratamientos previos y actuales, incluyendo medicamentos, terapias y cualquier cirugía a la que el solicitante se haya sometido, para saber si existe una posibilidad de mejora en el futuro. También se puede requerir información sobre el apoyo social y familiar con el que cuenta la persona. Estas evaluaciones no solo se basan en respuestas verbales, sino también en pruebas médicas y diagnósticos complementarios.

La pensión mínima por incapacidad permanente total en España varía dependiendo de la edad y la composición familiar. Las personas menores de 60 años con un cónyuge a cargo, o sin cónyuge, reciben 608,3 euros mensuales, lo que equivale a 8.516,2 euros anuales. Si se tiene un cónyuge que no esté a cargo, esta cantidad disminuye a 603,1 euros mensuales, sumando 8.443,4 euros al año.

Para aquellos con 65 años y una pareja a cargo, la pensión se incrementa a 1.033,3 euros mensuales, lo que representa 14.466,2 euros anuales. En caso de no tener pareja, la cifra baja a 825,2 euros mensuales, acumulando 11.552,8 euros al año. Si se tiene pareja, pero esta no está a cargo, el monto mensual es de 783,3 euros, totalizando 10.966,2 euros anuales.