Las palabras de Bukele contra España por no extraditar a un asesino: “Su mecanismo de defensa ya no funciona”

Una decisión tomada a principios de mayo por la justicia española ha enfadado a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y ha provocado que cargara duramente contra el sistema judicial de España. En una entrevista con Tucker Carlson, el recién reelegido líder ha hecho referencia a una operación internacional para detener a un pandillero perteneciente a la organización criminal Mara Salvatrucha entre la Policía española, la de El Salvador y la Interpol. Fue todo un éxito. Concluyó con la detención del prófugo, acusado de varios asesinatos, cuando llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de un vuelo de Ecuador. Sin embargo, lo que vino después ha molestado al salvadoreño.

Un tuit del propio Bukele fue clave para que la Audiencia Nacional rechazara la extradición, pese a que el delincuente era reclamado por El Salvador por pertenencia a una organización criminal. La Policía Nacional compartió la red social X que la detención y sacó pecho de su triunfo, a lo que Bukele respondió: “Muchas gracias, amigos. Aquí nos encargaremos de él”. Pero España no llegó a mandarlo. ¿El motivo? “La falta de garantías de que se respeten sus derechos fundamentales como consecuencia del estado de excepción en que se encuentra aquel país desde hace más de dos años”, alegó al tribunal.

“Pues eso fue usado en su juicio en España como prueba de que él no recibiría un juicio justo aquí, así que fue protegido por las leyes españolas y se quedó allí en España”, cuenta el líder salvadoreño, visiblemente molesto.“No me importa si quieren mantenerlo -apunta en la entrevista - es una boca que no tenemos que alimentar”. “Pero la cosa es que piensas: ¿por qué el Gobierno de España quiere un pandillero más? Y eso no es necesariamente por culpa del mal, es solo que las leyes, el sistema, las cosas que se le dan a los jueces... piensan que mi tuit era demasiado malo y que los derechos de este pandillero no serían respetados, no tendría un juicio en El Salvador así que tiene que quedarse en España para ser protegido”, insiste Bukele.

En un auto, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, en línea con lo solicitado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la defensa del reclamado, considera que, a la vista de la situación político-social existente en la República de El Salvador y las circunstancias personales del reclamado, debe ser rechazada su entrega. “Proceder de otro modo implicaría amparar posibles situaciones de grave riesgo para su vida e integridad física, a la vista de la situación actual” en el Estado requirente, subraya el fallo. “Saben que asesinó a docenas de personas, pero sienten la necesidad de protegerlo”, critica el líder latinoamericano, que considera que en estos casos no es necesaria una extradición. “Es una operación automática internacional, así que solo tienen que procesarlo y enviarlo a la policía original para presentar la denuncia.

La Sala explica que, tal y como establece el Tribunal Constitucional, la denegación de una extradición por posible vulneración de derechos fundamentales debe sustentarse en que “el reclamado haya aportado determinados y elementos concretos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación”. Y esto sin que sus alegaciones sobre los riesgos puedan ser meramente genéricas sobre la situación del país, de las prisiones o el respeto a los derechos humanos. A todo esto, Bukele responde: “Lo triste de eso es que es un signo de que su mecanismo de defensa ya no funciona y que su sociedad está muriendo. Y España, en mi opinión, la civilización occidental está llegando a un punto en el que comenzará a colapsar”, sentencia.

La Sala, según el auto, toma en cuenta distintos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que promueve la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La CIDH insta a El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción de los crímenes se implementen respetando la seguridad pública y los derechos humanos. Se menciona también el comunicado de Amnistía Internacional de abril de 2023, que denuncia “graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática” desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador.

La Sala se hace eco de artículos periodísticos recientes que revelan la “situación de quiebra de los derechos humanos” en el país reclamante. En el presente caso, la reclamación extradicional no es por un delito político, sino por la pertenencia del reclamado a una organización terrorista (mara Dieciocho revolucionarios), cuya actuación motivó el prolongado estado de excepción en El Salvador. Los jueces consideran que, dadas las circunstancias político-sociales en El Salvador y las personales del reclamado, no es verosímil que se respeten sus derechos fundamentales. Por ello, rechazan la entrega del reclamado basada en el artículo 7.1 d) y f) del Tratado bilateral, para evitar posibles riesgos graves para su vida e integridad física en el estado requirente.