Desde el tapón pegado a la botella hasta el cargador único del móvil: así influye la Unión Europea en tu vida diaria

España tiene este domingo una cita con las urnas para elegir a sus 61 representantes en el Parlamento Europeo (es el cuarto país de los 27 con mayor representación). La Unión Europea afronta desde el 6 al 9 de junio unos comicios decisivos, ya que el ascenso de fuerzas de extrema derecha y euroescépticas (contrarias a la comunidad política) pone en peligro los equilibrios de poder en la Eurocámara, tradicionalmente repartido entre conservadores y socialdemócratas.

Los diferentes partidos políticos (PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos y Cs) apuran las últimas horas de la campaña electoral (termina este viernes) para movilizar el voto en medio del habitual pasotismo generalizado por las elecciones europeas, ya que estos comicios suelen encadenar datos de participación bajos con respecto a otros procesos electorales (alrededor del 50%).

A pesar del intento de las principales formaciones políticas, PP y PSOE, de convertir esta cita en una contienda doméstica para alentar a sus electores, la complejidad de la política europea y la escasa comunicación de su actividad dificulta el conocimiento sobre su función y, por ende, su importancia a pesar de su impacto en la vida cotidiana. Sin ir más lejos, según un análisis elaborado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, el 53% de las leyes aprobadas en España durante la última legislatura de la Eurocámara (entre 2019 y 2024) proviene de directrices y decisiones europeas.

Uno de los ejemplos más prácticos es la obligatoriedad de los tapones pegados a las botellas de plásticos y briks, que deriva de una directiva europea de 2019 plasmada a través de la ley sobre residuos y suelos contaminados. Bajo el paraguas de esta directriz se obligó además a la supresión de los plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas y bastoncillos para los oídos.

El cargador universal para todos los dispositivos electrónicos será obligatorio partir de 2025. A finales de abril, el Gobierno aprobó esta medida impuesta por el Parlamento Europeo en octubre de 2022. De esta manera, antes de que termine el año en curso, todos los teléfonos móviles, tabletas y cámaras que se vendan en la UE deberán incorporar un puerto de carga USB tipo C. Asimismo, a partir de la primavera de 2026, la obligación se extenderá a los ordenadores portátiles.

En esencia, según este estudio, las Cortes españolas aprobaron en los últimos cinco años un total de 246 leyes, de las cuales 132 regulan aspectos sobre la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, es decir, “derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas”.

De esas 132 normativas con origen europeo, 51 responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o a la transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Las otras 81 normas incorporan recomendaciones o decisiones europeas en virtud de la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea.

Una de las más controvertidas y contestadas es la Política Agrícola Común (PAC), cuya última actualización de 2021 ha puesto en pie de guerra a los agricultores y ganaderos de España, Francia, Italia, Grecia o Bélgica. Según las denuncias del sector primario, la obligatoriedad de los ecoesquemas para conceder parte de las ayudas ha supuesto una mayor carga burocrática y la reducción de la productividad de las explotaciones al tener en cuenta las nuevas restricciones.

Esta “asfixia normativa”, junto a las importaciones agrícolas baratas de países externos al mercado comunitario, han dificultado la actividad agrícola, así como la rentabilidad económica. En todo caso, la nueva PAC 2023-2027 contiene otras novedades, como el pago redistributivo para pequeñas y medianas empresas agrícolas, un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta para jóvenes para aquellas mujeres jóvenes al frente de una explotación agraria o la condicionalidad social de las ayudas en función del refuerzo de los derechos laborales.

Además de las normativas citadas anteriormente, durante este periodo destacan otras como la Directiva sobre cooperación fiscal en la UE (establece la obligatoriedad de informar de operaciones con criptoactivos para evitar la evasión fiscal), la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (adapta a la nueva realidad del mercado audiovisual); la Directiva que establece un espacio ferroviario único para la UE, o el Reglamento que regula la nueva Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

También, la cadena alimentaria, la regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la armonización del impuesto del IVA, la eficiencia energética, la armonización de la resolución de litigios fiscales en la UE o el uso de datos de pasajeros para la prevención del terrorismo.

La más reciente fue la adaptación definitiva de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (2019), una medida que contempla, entre otras cuestiones, el reconocimiento de las parejas de hecho, la ampliación de la adaptación de jornada, el derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor o la ampliación de 2 a 5 días del permiso retribuido por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización.