Violencia, largas jornadas y pagos insuficientes: así explota el campo europeo a los trabajadores migrantes

Aproximadamente una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral y abusos de derechos, según indica el estudio Esenciales pero invisibles y explotados, publicado este miércoles por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón. El informe, que recoge información de Alemania, España, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia, constata que estos trabajadores sufren violencia, largas jornadas de trabajo y pagos insuficientes de manera rutinaria.

“Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea”, explica Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe, donde se calcula que unas 2,4 millones de personas migrantes trabajan en Europa cosechando frutas y verduras. “Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales”.

En los nueve países examinados, con excepción de Finlandia, las personas migrantes habitualmente reciben salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres, en concreto, son las más afectadas, pues reciben salarios aún más bajos, tal y como constatan las trabajadoras de Huelva, que afirmaron ganar menos que sus homólogos masculinos. En Italia, afirmaron ganar hasta un 30% menos que los hombres.

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“Pese al rol estructural que cumplen los migrantes en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, y que llevó tanto a los Estados como a la propia UE a declararles como trabajadores esenciales durante la pandemia, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación”, añade por su parte Yoan Molinero, investigador senior del IUEM-Comillas y coautor del informe.

El estudio también señala que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario europeo, y son los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular quienes enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a su situación laboral precaria. El caso más extremo registrado es el de jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia entre 12 y 19 horas seis días a la semana.

También son muchos los problemas que sufren estos trabajadores con el alojamiento, pues “suele ser precario, superpoblado, caro y estar aislado de los núcleos poblacionales”. Muchas personas viven en asentamientos marginales improvisados que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos y donde existe riesgo de enfermedades e incendios, ya sean accidentales o provocados. Además, el aislamiento al que son sometidos también dificulta que las personas trabajadoras conozcan la lengua o la sociedad locales, lo que implica mayor vulnerabilidad frente al control ejercido por parte de los empleadores.

“La extrema precariedad de los alojamientos revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos de hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado” asegura Molinero. El informe también indica que varias trabajadoras han denunciado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores del alojamiento.

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Los accidentes y lesiones son frecuentes debido a que los empleadores habitualmente no brindan la formación y el equipo de protección adecuados, especialmente en España e Italia. Caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y heridas por uso inadecuado de la maquinaria son algunos de los ejemplos. Hay casos documentados de trabajadores envenenados por el uso de productos fitosanitarios. Sin duda, el caso más extremo se produjo en Murcia, donde un hombre murió después de no recibir agua durante un día completo de trabajo en el que el calor alcanzó los 44 grados.

Cabe recordar que la UE acaba de aprobar la directiva de Debida Diligencia que obliga a las empresas a respetar los derechos de personas y medio ambiente en toda la cadena de valor. Se trata de unas reglas que facilitarán el acceso a la justicia y la compensación a los sobrevivientes, así como la obligación de la agroindustria y los minoristas de prevenir y asumir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos. Intermón Oxfam asegura que esta nueva legislación podría ayudar a poner fin a la explotación, pero solo “si los países europeos la implementan correctamente”.