El Senado debate este miércoles la proposición de ley del Partido Popular para incluir a la Policía Nacional y Guardia Civil en la lista de profesiones de riesgo que permiten la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo. Actualmente, agentes de estos cuerpos sufren reducciones significativas en sus retribuciones al retirarse, en comparación con sus homólogos de las policías autonómicas, como Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
Lo anterior debido a que el acuerdo de equiparación salarial, firmado en marzo de 2018, no ha conseguido igualar las condiciones de jubilación entre las distintas fuerzas de seguridad del país. Mientras un mosso d’esquadra puede jubilarse de forma anticipada a los 59 años sin perder ingresos, un agente de la Policía Nacional debe esperar hasta los 65 años o enfrentar una significativa reducción de sus prestaciones si opta por la jubilación anticipada.
La diferencia se nota considerablemente en las remuneraciones. Un policía autonómico, como un ertzaina o un mosso, puede percibir hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil durante el servicio, y la brecha aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación. A día de hoy, en España se incluye en la lista de profesiones reconocidas como de riesgo -lo que permiten la jubilación anticipada con el 100% de la prestación- a trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, y bomberos, así como a policías autonómicos y locales.
Evitar futuras desigualdades
El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley que exige, entre otros puntos, la implementación de una ley de retribuciones que evite futuras desigualdades entre las fuerzas de seguridad del Estado y las autonómicas. Además, busca modificar las actuales normas para aprobar la jubilación anticipada voluntaria para estos cuerpos de seguridad.
Desde 2008, la Ertzaintza cuenta con la jubilación anticipada, y más recientemente en 2022, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra adquirieron este derecho. Pese a estos avances, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comenzado los trámites para establecer coeficientes reductores que permitan a la Policía Nacional y Guardia Civil acceder a la jubilación anticipada, según informó recientemente el Defensor del Pueblo.
La corriente de apoyo a esta causa crece, impulsada por las importantes diferencias económicas entre jubilados de fuerzas autónomas y las estatales, con una pérdida retributiva en torno al 30% para los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Esta situación impacta negativamente en la sostenibilidad económica de los funcionarios de seguridad del Estado durante su retiro.
¿Y los militares?
El reconocimiento como profesión de riesgo es una reclamación que también están llevando adelante los efectivos de las Fuerzas Armadas. Este sábado, por ejemplo, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) llevó a cabo una manifestación frente al Congreso de los Diputados para hacer escuchar, entre otras, esta vieja reivindicación. “Los militares se juegan su vida y su salud en muchas facetas de su trabajo. Por dignidad, para avanzar en sus derechos profesionales y por sus familias ese riesgo debe ser reconocido”, afirmaron desde ATME.
De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, entre 2011 y 2022, perdieron la vida 195 soldados en el cumplimiento del deber. De este total, 18 militares fallecieron mientras se encontraban desplegados en el exterior, en alguna de las tantas misiones internacionales en las que participa España. En este sentido, el año más mortífero fue 2011, cuando murieron hasta 32 militares, seis de ellos mientras desempeñaban sus funciones fuera de las fronteras españolas.
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