La Sección Quinta de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia del juzgado central que ordenaba al Ministerio del Interior a renegociar el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 y, en concreto, dos de su cláusulas. La sentencia ha estimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia que instaba a negociar la cláusula tercera del acuerdo, que establecía una partida de 100 millones de euros durante tres ejercicios (en total 300 millones) para incentivar el reingreso de los funcionarios en Segunda Actividad y reserva al servicio activo.
Asimismo, el fallo ahora anulado también obligaba a Interior a renegociar la cláusula octava del acuerdo, que recoge la aprobación de una ley que garantice que no se produzca una disfunción salarial entre las policías que ejercen las mismas funciones. Ahora, la Sala de la Sección Quinta ha dictado un sentencia, que puede recurrirse en casación, en la que asegura que el juzgador de primera instancia estimó que el Ministerio del Interior y el Gobierno habían incumplido el acuerdo pero lo hizo con “argumentos contradictorios”.
Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. En un comunicado conjunto, señalan que será el Supremo quien “deberá pronunciarse sobre si es ajustado o no a derecho incumplir cláusulas de un acuerdo pactado, fruto de la negociación colectiva, y que afecta a miles de policías y guardias civiles, y si, como sostienen AUGC y SUP, su cumplimento es obligado, como parte de la salvaguardia de los pilares básicos del estado de Derecho”.
“AUGC y SUP no cejarán en el empeño de que los guardias civiles y los policías sean tratados como ciudadanos de pleno derecho y se les reconozca la obligatoriedad de cumplir con lo pactado”, avisan estas dos organizaciones, cuyos servicios jurídicos están trabajando ya para la interposición del recurso de casación.
Debate en el Senado
Precisamente, el Senado debate este miércoles la proposición de ley del Partido Popular para incluir a la Policía Nacional y Guardia Civil en la lista de profesiones de riesgo que permiten la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo. Actualmente, agentes de estos cuerpos sufren reducciones significativas en sus retribuciones al retirarse, en comparación con sus homólogos de las policías autonómicas, como Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
El PP también ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que exige, entre otros puntos, la implementación de una ley de retribuciones que evite futuras desigualdades entre las fuerzas de seguridad del Estado y las autonómicas. Además, busca modificar las actuales normas para aprobar la jubilación anticipada voluntaria para estos cuerpos de seguridad.
*Noticia elaborada con información de EFE
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