La OCDE felicita a España por subir el SMI un 54%, pero recomienda bajar las cotizaciones sociales a las empresas

La OCDE ha publicado este miércoles un informe sobre la evolución de la productividad laboral en España en el que concluye que a pesar del reducido avance en las dos últimas décadas, las políticas aplicadas por el Gobierno van en la dirección correcta para mejorarla. Los argumentos del organismo parten de que las “buenas condiciones laborales” pueden contribuir a aumentar la productividad dentro de las empresas, por lo que señala las dos medidas que más han aportado a ello en España en los últimos años: la reforma laboral de 2021 por la reducción de la dualidad del mercado laboral y el pronunciado aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según explica el informe, la subida del SMI de un 54,1% desde 2018 ha hecho posible un mayor reparto de las ganancias de productividad entre los trabajadores y las empresas, particularmente entre aquellos con los salarios más bajos, y la reducción de la contratación temporal ha permitido mayor estabilidad en el empleo. “Los primeros datos apuntan a un aumento de la productividad. Se puede esperar un impacto positivo porque sabemos que el empleo estable es una condición para que se pueda invertir en el capital humano y para que los trabajadores se sientan más comprometidos”, ha opinado Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, en un encuentro con los medios.

El salario mínimo ha aumentado desde los 735,90 euros brutos al mes de 2018, una cifra “muy por debajo del promedio de la OCDE”, a otra “muy por encima del promedio” en 2023 en relación con los salarios del país. Una evaluación inicial que ya publicó la OCDE sobre la reforma del salario mínimo de 2019, cuando subió un 22%, defiende que “impulsó significativamente los salarios de los trabajadores directamente afectados, sin reducir significativamente su empleo”. No obstante, el organismo sugiere mejoras de cara al futuro en este y en otros ámbitos.

La principal es que las próximas subidas del SMI estén más “coordinadas” con el sistema de impuestos y beneficios fiscales. En concreto, la OCDE propone aprobar “reducciones específicas en las contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social” para los trabajadores con salarios bajos, siguiendo el modelo implantado en Francia. Este país utiliza dichas reducciones para “contener el impacto del salario mínimo en los costes laborales y la competitividad”, señala el documento. Esto también podría “promover oportunidades laborales para los trabajadores poco cualificados” en un contexto en el que las cotizaciones empresariales por el salario mínimo en España se encuentran “entre las más altas de la OCDE”.

El informe también insta a que se refuerce el papel de la comisión de seguimiento del SMI dotándola de más recursos y permanencia y considera que las organizaciones empresariales, que llevan desde 2020 sin acordar una subida del salario mínimo, “deberían seguir participando estrechamente en el proceso”. Por último en este ámbito, la OCDE sugiere implantar un complemento al SMI como “un beneficio laboral para los trabajadores de hogares de bajos ingresos” para disminuir la pobreza.

En cuanto a la reforma laboral, la OCDE celebra que la reducción de la temporalidad contractual no haya provocado una reducción en el empleo, pero advierte sobre el uso de contratos intermitentes de duración indefinida (fijos discontinuos) que se pueden aplicar a más casos tras la reforma laboral de 2021. La organización reconoce que esta modalidad ofrece “más estabilidad” que los contratos temporales, “pero no necesariamente más seguridad de ingresos”. Aunque la jornada laboral se conoce de antemano, puede variar en función de la duración del período de actividad y de la temporada dentro de los límites del convenio colectivo sectorial aplicable.

“Los contratos discontinuos intermitentes han aumentado en este periodo de tiempo y de cara al futuro será importante, mediante el diálogo social y la negociación colectiva, realizar un seguimiento de la utilización de este tipo de contratos para asegurarnos de que no se conviertan en una nueva fuente de precariedad para los trabajadores y que puedan disfrutar de contratos sólidos, indefinidos”, ha subrayado Stefano Scarpetta, director de trabajo de la OCDE.

El informe plantea regular el número mínimo de horas que hacen los fijos discontinuos en un periodo determinado para todos los sectores, algo que actualmente regulan los convenios colectivos sectoriales. Además, recoge la propuesta de Fedea de establecer un “bonus malus” de manera que las empresas que empleen durante poco tiempo a fijos discontinuos mandándolos al desempleo y al cobro de prestaciones “internalicen” costes fiscales. “Las contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social podrían vincularse al uso anterior de las prestaciones de desempleo por parte de los trabajadores con contratos intermitentes indefinidos en su nómina”.

Por otra parte, la OCDE insiste en que es “particularmente importante” promover más la transición de contratos intermitentes de duración indefinida (así como de contratos temporales) a contratos regulares de duración indefinida.