Acabar con las viviendas turísticas sin licencia es uno de los objetivos que se ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez y, para conseguirlo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación sobre “potenciales prácticas comerciales desleales” en relación con los pisos turísticos que operan sin licencia y que se anuncian a través de plataformas destinadas al alquiler turístico.
La Dirección General de Consumo ha identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas. “Se trata de prácticas comerciales que, con base en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, serían desleales y, por tanto, supondrían una infracción que puede generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, señalan desde la Dirección General de Consumo.
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Según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la que el ministerio liderado por Pablo Bustinduy ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de “proteger a los consumidores y usuarios ante estas prácticas”.
Los grandes tenedores, en la diana de Bustinduy
Con este objetivo, la Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas, haciendo especial hincapié, apuntan desde Consumo, en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general.
Una vez recabada la información a través de estos requerimientos, la Dirección General de Consumo va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Alquileres disparados
El interés de Consumo por acabar con esta práctica ilegal se debe a que el incremento de los pisos turísticos ha sido uno de los catalizadores que ha disparado el precio del alquiler en España, hasta subir en el último año un 13,4% y colocar el precio del metro cuadrado en renta en los 13,2 euros, lo que supone el mayor precio del alquiler de la serie histórica.
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En el último año, el número de viviendas de uso turístico (VUT) disponibles aumentó en España un 9%, hasta superar las 340.000 y alcanzar la cifra más elevada desde que se tienen registros. Ya suponen el 1,28% del parque inmobiliario: hay una vivienda turística por cada kilómetro y medio cuadrado y por cada 139 habitantes, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.
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