Ayuso aprueba la ley para convertir oficinas en desuso en 20.000 viviendas protegidas en alquiler

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles el nuevo ‘proyecto de ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida’, cuyo objetivo es poner en el mercado 20.000 pisos públicos en alquiler. El texto agilizará los trámites para transformar 1,8 millones de metros cuadrados destinados actualmente a oficinas en desuso en suelo urbanizable para levantar viviendas a precio asequible. El Ejecutivo autonómico justifica este proyecto en el incremento de la demanda de vivienda y en la necesidad de las empresas de optimizar espacios con la generalización del teletrabajo.

Se trata de proyecto de ley que será tramitado en la Asamblea de Madrid por el sistema de lectura única, que gracias a la mayoría absoluta del PP, permitirá su aprobación previsiblemente en junio. La nueva norma modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para autorizar de manera temporal la calificación de suelo residencial a parcelas y edificios que tengan la calificación de uso terciario de oficinas. Las viviendas que se hagan serán de protección y solo podrán destinarse al alquiler. Los promotores podrán ser tanto Administraciones públicas como promotores privados.

Una vez aprobada esta ley, los promotores interesados en transformar estas parcelas u oficinas en viviendas para alquilar tendrán un plazo de dos años como máximo para solicitar a los ayuntamientos la licencia para llevar a cabo el proyecto. Y luego otros tres años más de plazo para entregar la vivienda totalmente terminada desde el inicio de las obras. Lo que se persigue, señalan desde la Comunidad, es poner cuanto antes en el mercado el mayor número de pisos sociales posibles. Una vez construidas, estas viviendas serán protegidas durante un plazo de quince años.

Otra de las novedades del proyecto de ley es la exención de los planes especiales para la implantación de viviendas protegidas en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos (aquellas reservadas para institutos o residencias, por ejemplo). Al eliminar este trámite, el proceso de construcción se reducen alrededor de un año. También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las viviendas protegidas, situando un ratio de una plaza por casa. En todo caso, se respeta la autonomía local. Así, los ayuntamientos podrán decidir no aplicar en su término municipal el régimen previsto, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.

En el cambio de esos edificios de oficinas a pisos con protección, el plan del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tiene el foco puesto principalmente en los nuevos desarrollos urbanísticos de la capital. En algunos de ellos, como Valdebebas o El Cañaveral, ya se ha detectado que se han quedado parcelas vacantes o que hay oficinas en desuso que se podrían convertir en nuevos inmuebles a precio asequible con los que aumentar el parque de vivienda actual de la región.