Las CCAA aumentan su deuda con el Estado en 12.200 millones en pleno debate por la condonación

Una de las piezas claves para que Pedro Sánchez consiguiera ser investido presidente del Gobierno en noviembre de 2023 fue pactar con ERC una quita parcial de 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña tiene con la Administración Central, algo que el Ejecutivo se comprometió a extender también al resto de comunidades autónomas (CCAA) endeudadas. Las negociaciones para cristalizar este pacto iban a comenzar en febrero según anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no ha habido contactos por la sucesión de procesos electorales y las regiones han seguido recibiendo liquidez extra del Estado en forma de deuda a un ritmo incluso superior que en años anteriores.

Según los últimos datos del Banco de España, las CCAA han elevado en 12.189 millones su endeudamiento con el Estado entre 2022 y 2023 a través del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas (en el que se encuentran el Fondo de Liquidez Autonómica -FLA- y el de Facilidad Financiera, entre otros). Esto ha supuesto un aumento del 6,6% y alcanzar la deuda más alta de la historia a través de este mecanismo desde que se puso en marcha en 2012, 197.968 millones de euros.

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El aumento en el stock de deuda ha sido posible por una elevada asignación anual del Fondo de Financiación, de 33.983,36 millones, en línea con las cantidades que se reparten desde la irrupción de la pandemia en 2020 después de años a la baja. Según explica un informe de Hacienda, este dinero se ha destinado principalmente a atender vencimientos de deuda y a financiar la devolución de las liquidaciones negativas y el déficit público, incluyendo la cancelación de deudas pendientes de pago a proveedores. De hecho, el 86,4% de la asignación anual del FLA y del fondo de Facilidad Financiera (6.688 millones) se ha destinado en 2023 a pagar a proveedores —facturas— de “servicios fundamentales” (sanidad, educación y servicios sociales), destacando el ámbito sanitario con un 76,2% del total.

Estos generosos préstamos se han sumado a las liquidaciones récord del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) lo que, en conjunto, ha permitido a algunas CCAA disparar su gasto, reducir el potencial de sus ingresos con bajadas de impuestos y ahorrar menos de lo que preveían, cerrando el año 2023 con más déficit del estimado. Justo cuando se ha retomado el debate sobre una condonación parcial de la deuda autonómica (algo que Montoro tanteó en 2018, pero descartó), el problema del endeudamiento y de la falta de consolidación fiscal en las autonomías está más vigente que nunca.

Según destaca el estudio The public debt of the Spanish regions, publicado este lunes por Carmen Martín y Diego Martínez en Fedea, las CCAA se sitúan como el nivel de gobierno regional más endeudado de la Unión Europea, con un nivel de deuda pública sobre el PIB del 22,2% al cierre de 2023. En países de estructura descentralizada similar a España, ese porcentaje se situó en el 17,7% en Bélgica, el 15,1% en Alemania o el 5,4% en Austria.

No obstante, hay notables diferencias entre las distintas regiones: cuatro de ellas (Canarias, Madrid, Navarra y País Vasco) tienen una ratio de deuda de menos del 13%, como marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, mientras que Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia registran ratios por encima del 30%. Precisamente Madrid, Navarra y País Vasco no están endeudadas con el Estado, por lo que acuden por completo a financiarse a los mercados.

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El descenso de la ratio que se ha producido en 2023 (era del 23,6% en 2022) se debe en un 80% al crecimiento del PIB nominal, es decir, “con la ayuda de la inflación”, ya que tanto el saldo presupuestario (negativo) como la carga (creciente) de intereses han empujado en sentido contrario. El trabajo de Fedea calcula qué ajuste fiscal anual haría falta para que las CCAA con una ratio de deuda superior al 13% llegaran a esta cifra y concluye que “claramente, este punto de referencia de la deuda es inviable y, en consecuencia, carece de credibilidad” para las regiones que parten de peor situación.

El caso más extremo, el de la CCAA de Valencia, tendría que conseguir un superávit primario del 5,1% anual para llegar al 13% en cinco años (2028); del 2,2% para llegar en 2033 y del 0,8% para llegar en 2043. No obstante, su balance primario histórico del último siglo (hasta 2019) es de un pronunciado déficit (-1,7%). Si Valencia continuara con la tendencia actual de crecimiento de la deuda y sin adoptar medidas, en un escenario “conservador” alcanzaría una ratio de deuda del 55,3% en 2034.

Ya que no es factible que determinadas CCAA lleguen a ese punto por sí mismas y “no hacer nada no es la receta adecuada”, los autores plantean la opción de la condonación parcial de la deuda a las que “realmente lo necesiten” para que vuelvan a financiarse a través de los mercados de capitales. En su opinión, este proceso “debería seguir criterios transparentes y de equidad, y estar sujeto a una estricta condicionalidad”. Piden además que se aborde “cuanto antes” la reforma del sistema de financiación autonómica o la adopción de medidas correctoras transitorias.

Por el momento, el Gobierno plantea que la fórmula para calcular la deuda a condonar se base en el “impacto negativo del ciclo económico” en cada región, por lo que el resultado también será distinto en cada caso. Sin embargo, el criterio escogido es complejo y omite el argumento de la infrafinanciación relativa a través del SFA reconocido hasta ahora tanto por el Gobierno actual como por los anteriores a la hora de abordar el problema de las deudas autonómicas.

“A mí no me parece el mejor criterio”, señaló Martínez a Infobae España tras el anuncio de esta vía, aunque también reconoció que probablemente sea “el más factible” para generalizar la condonación, ya que Cataluña no está financiada por debajo de la media en el SFA, pero sí es la que más deuda tiene con el Estado.