Un juzgado reconoce haber perdido un expediente judicial dos años después de la denuncia: “Nos estaban secuestrando la justicia”

El Consejo General del Poder Judicial ha tenido que intervenir en un caso en el que un juzgado de Madrid había perdido un expediente judicial. La primera denuncia se remonta a 2022 y desde ese momento las partes implicadas no habían sabido nada sobre el avance del tema. No ha sido hasta la presentación de una queja por parte de uno de los abogados que no se ha destapado que el expediente estaba extraviado.

“Metemos una denuncia en el año 2022 y y desde entonces no sabemos nada”, explica a Infobae España Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal. “Entonces dictan el auto de incoación y nosotros venga a meter escritos. ¿Oye, qué ha pasado un año, que han pasado dos años, que han pasado tres años? y nosotros venga a llamar”, relata.

Te puede interesar: Qué es el ‘stealthing’ y qué dice la ley sobre quitarse el condón sin consentimiento durante el sexo

Desde el juzgado la única respuesta que les daban era que iban con “mucho retraso”, pero el letrado empieza a sospechar que no están realmente haciendo nada. Ya habían pasado más de 2 años cuando decide presentar una queja al CGPJ asegurando que esto es una “desfachatez: Estamos en 2024 y aquí se metió la denuncia en octubre de 2022″.

“Nos estaban secuestrando la justicia”, declara tajante Palomar Ruiz. Tras esta denuncia es cuando les comunican que el expediente se había perdido y no lo encuentran en ningún lado. La letrada del juzgado explica que tras el escrito presentado “se procede a la búsqueda del presente procedimiento, no encontrándose en la sección donde habitualmente está depositado. Por ello se inicia durante 10 días la búsqueda por todo el personal del Juzgado”.

Agregan que se revisan también los alardes trimestrales y hasta se llega a hacer una revisión de toda la sección sin ningún resultado. La razón que dan para esta pérdida es que “la sección se encontró vacante durante 3 meses, dada la baja por enfermedad de la titular de la plaza, proveyéndose posteriormente por el Gestor sustituto que se incorpora a la sección, siendo la fecha de la última resolución 20 de diciembre de 2023″.

“O sea que me estás contando que hubo un funcionario que tres meses estuvo de baja y dicen que todo el personal del juzgado lo ha estado buscando, incluso su señoría y que no lo encuentran” relata el abogado, que explica que ahora les han citado para hacer una reconstrucción de autos: “Es impresionante que pase esto en España”.

Te puede interesar: El Supremo confirma la condena de 19 años de cárcel para el sargento de la Guardia Civil que durante cuatro años violó a una de sus subordinadas

El director de Servilegal finaliza dando un consejo a todos los letrados que se vean en una situación parecida: “Si hay un expediente que está muy parado mucho tiempo, no te fíes y pon una queja en el Consejo General o en la comunidad para abrir un expediente al juzgado”, ya que hasta que pasados casi tres años el caso no se ha movido hasta la presentación de la queja.

La denuncia presentada en 2022 por el bufete de Palomar Ruiz era en contra de un hombre que presuntamente se dedicaba a estafar con la venta de licencias VTC. Según explica la Policía Nacional en la nota de prensa donde anuncia su detención en marzo de este año, el hombre “se hacía pasar por intermediario consiguiendo recaudar más de 150.000 euros en Barcelona y tres millones de euros en la Comunidad de Madrid”.

Su modus operandi era vender las licencias VTC a través de sociedades en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona a personas interesadas. Una vez compradas, no llegaban a recibir las licencias y tampoco se les devolvía el dinero. Cada licencia la vendía varias veces a diferentes personas.

El detenido conseguía, mediante la usurpación de la identidad real del titular de la licencia, cambiarla a nombre del nuevo comprador –que era la víctima- y el cual habría pagado por ella cantidades superiores a los 50.000 euros. Incluso, alguna de estas víctimas habían llegado a comprar el vehículo con el que ejercerían esta labor para utilizarlo como VTC, para lo cual financiaban el pago, por lo que estos hechos les dejaban en una situación de precariedad.

La investigación apunta a que llevaba cometiendo estos delitos desde al menos 2021 y que en los últimos meses se había trasladado desde la Comunidad de Madrid a Barcelona, porque en la capital ya era conocido por cometer estos actos.