El campo español, la estrella más ‘cortejada’ en las elecciones europeas que atrae la atención de todos los partidos

“Nunca se ha hablado tanto de agricultura”. Estas declaraciones, hechas a la Agencia EFE por el ingeniero agrónomo Tomás García-Azcárate, experto en la Política Agrícola Común (PAC), resumen un hecho que los partidos políticos ya habían anticipado en estas elecciones europeas: el campo -que depende en gran medida de las políticas comunitarias- es un gran caladero de votos que suele acudir a las urnas en estos comicios, dado todo lo que tiene en juego, y que por tanto merece la pena cortejar.

Las listas de los candidatos son un ejemplo muy claro: el PP ha colocado a expertos en este tema entre las primeras posiciones, como la número 2 Carmen Crespo, consejera andaluza de agricultura). Y en el PSOE, la candidata Teresa Ribera --ministra de Transición Ecológica- está hablando constantemente sobre el sector y los retos medioambientales.

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Mientras tanto, el campo está enfadado. En febrero, a pie y en cientos de tractores, miles de agricultores españoles tomaron Madrid para concentrarse frente al ministerio de Agricultura. Aquellas marchas lentas, convocadas por las principales organizaciones agrarias procedentes de todo el territorio español, se prolongaron durante días y protagonizaron momentos de gran tensión con las autoridades. Y no era más que otro episodio de lo que ya sucedía -y sucede- al mismo tiempo en toda Europa. Las rígidas condiciones de las normas agrarias, la subida de los costes de la energía, la exigencia de tener unos precios mínimos que dificultan la rentabilidad del sector y la falta de ayudas han causado el hartazgo de una industria que denuncia sufrir competencia desleal de otros lugares del mundo.

Ahora, este malestar en el campo ha adquirido un componente político, aprovechado principalmente por los partidos de extrema derecha, que anticipan una fuerte subida en las elecciones europeas: las encuestas preelectorales les dan como favoritos en nueve países -Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia- y como segunda o tercera fuerza en otros nueve, incluidos Alemania y España.

A los problemas del campo se suma la crisis climática, que repercute directamente en el sector primario -sequías, inundaciones, calentamiento global-, aunque entre los agricultores hay un “hartazgo” contra las políticas ambientalistas que beneficia también a la extrema derecha.

Sin embargo, el sector agricultor y ganadero es el segundo más contaminante en España, solo por detrás del transporte, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. La cartera que lidera Teresa Ribera asegura que la mitad de las emisiones de este sector se debe fundamentalmente al empleo de fertilizantes y la gestión del suelo, mientras que la otra mitad se atribuye a la ganadería.

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Ante esta situación, los candidatos españoles y europeos han realizado propuestas que buscan un equilibro entre la sostenibilidad de la industria, de acuerdo a la normativa del Pacto Verde, y la protección del sector europeo.

Los socialistas defienden en su programa una Política Agraria Común (PAC) en la que se tengan en cuenta “las realidades climáticas y agronómicas de España”.

El PSOE sitúa uno de los problemas de la industria en las trabas burocráticas para obtener las ayudas de la PAC. Por ello, propone una solicitud única de programas de formación para las personas dentro del sector de la agricultura y la ganadería.

Respecto al relevo generacional y la modernización del sector, la formación que lidera Teresa Ribera impulsaría quiere impulsar programas de formación en el sector primario. Defiende también una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) para mejorar las condiciones laborales en el mar y una “Política Acuícola Común”, además de un comisario dedicado solo a la Pesca.

El Partido Popular liderado por Dolors Montserrat ha desgranado en sus intervenciones electorales algunas de las propuestas que pretende implementar para el campo español.

Entre ellas, aboga por una flexibilización de la PAC y la “suspensión del Pacto Verde europeo”, el paquete de medidas que trata de impulsar la transición ecológica, aprobado en 2020.

El PP reivindica una “pausa reguladora” de dos años y reclama informes de impacto rural en todas las iniciativas de la Comisión Europea.

El programa de Vox busca la derogación del Pacto Verde y “borrar la agenda 2030″, aunque esta última no fue creada en la Unión Europea, sino en Naciones Unidas.

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Entre sus medidas, la formación que encabeza Jorge Buxadé plantea la “protección al producto nacional frente a la competencia desleal extranjera”, que pasaría por “acabar con todos los impuestos y burocracia verde”.

Las principales propuestas del programa de Sumar pasan por la reducción de un 42% en las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería española. Además, propone bajar un 50% el uso de pesticidas “antes del fin de esta década” y promete implementar etiquetados con un código “semafórico” de alimentos.

También plantea una revisión del plan de ayudas directas por unidad de superficie, “que beneficia esencialmente a las grandes explotaciones y no a la agricultura familiar”.

El programa de Sumar pretende poner fin a las “megagranjas” y aboga por el autoconsumo y las energías renovables en las pymes; por mejoras en la cría y el transporte de animales; la reducción del consumo de carne y la apuesta por menús basados en vegetales en los centros dependientes de la administración.

En la PAC, plantea ayudas dignas “sin exclusión de sectores” y con los agricultores activos como prioridad; así como la eliminación de los derechos históricos, primar a las mujeres y la protección del olivar.

En el caso de Ahora Repúblicas, cada partido ha elaborado su programa propio. También han publicado un manifiesto común sobre diferentes materias.

Uno de los partidos que la integran, BNG, propone revisar el principio de la “estabilidad relativa”, el criterio histórico que restringe el acceso de la flota española a ciertos caladeros.

El PNV, que concurre junto a Coalición Canaria bajo el nombre de Coalición por una Europa Solidaria (en sus siglas, CEUS), promete reducir la burocracia y apoyar la agricultura de precisión, la inteligencia artificial y la robótica. Al igual que los socialistas, reclama la creación de un comisario de Pesca.

Los peneuvistas reivindican también integrar los alimentos del mar a la estrategia De la granja a la mesa -el sistema alimentario de la UE recogido en el Pacto Verde- y la lucha contra la pesca ilegal.

Ciudadanos reivindica en su programa la modernización del mundo rural a través de una mejora de la Política Agraria Común (PAC).

Con el fin de luchar contra la competencia desleal entre los agricultores europeos y los externos a la Unión, la formación que encabeza Jordi Cañas plantea la imposición de aranceles a las importaciones extracomunitarias de productos de agricultura y ganadería.

Junts enfoca su programa en los derechos del sector primario catalán. En esta línea, reivindica que los derechos de los agricultores, ganaderos y pescadores catalanes se respeten en Bruselas, con el apoyo necesario y el acceso a las tecnologías. También pide que el desarrollo rural de la PAC contribuya a reducir el abandono del entorno rural.

Muchos de los nuevos partidos que concurren a las elecciones llevan a cabo luchas concretas en esta industria, como el partido de los agricultores Soberanía Alimentaria, que aboga por “defender el sector primario”.

Su objetivo es tener voz ante la competencia desleal y el descontento del mundo agrario. En este sentido, el ganadero que encabeza este movimiento, Alexis Codesal, explica que las medidas pasan por “exigir a terceros países ese cumplimiento de las mismas obligaciones que a nosotros nos imponen”.

Como segundo punto más importante, en línea con el resto de partidos, se encuentra simplificar los trámites para acceder a las ayudas, que el partido reclama que tienen que llegar “antes de realizar la inversión”.

Por último, plantea incrementar el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y que se destinen más fondos para paliar la desigualdad territorial, concretamente en las zonas poco pobladas.

Soberanía Alimentaria aspira también a “derogar” el Pacto Verde, la Ley de la Restauración de la Naturaleza, las de Bienestar Animal y la Agenda 2030, medidas que comparte con Vox.

La coalición de la España vaciada, Existe, ha elaborado un plan de 18 medidas para el campo español que tiene como principal objetivo reforzar la promoción de los productos agrícolas y ganaderos europeos.

También pone el foco del problema en el relevo generacional. En este sentido, plantea ayudas a la incorporación a la actividad agrícola y ganadera y fomentar la incorporación de los jóvenes.

Una de las particularidades del programa de Existe es la imposición de cláusulas espejo en el comercio exterior con terceros países para prohibir o desincentivar la importación de productos agrícolas que proceden de economías que no cumplen con estándares mínimos de derechos laborales y sostenibilidad ecológica.