Cuando la amenaza del desahucio te persigue desde hace una década: “Me siento estafada por los bancos y desprotegida por las administraciones”

A punto de cumplir 60 años, Elsa Riquelme debería estar en ese momento de la vida en el que ya no hay tantas incógnitas por resolver, en el que se empieza a planificar esa etapa de merecido descanso después de tantos años de trabajo. Sin embargo, a esta mujer chilena que lleva más de dos décadas en España, su futuro le preocupa más que nunca. En menos de un mes se le termina el contrato de alquiler social y, de nuevo, sin tener más opciones habitacionales, estaría en riesgo de desahucio, de quedarse en la calle.

Como afectada por la hipoteca tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que califica como “gran estafa bancaria”, lleva años luchando en el movimiento por el derecho a la vivienda, tanto por su propio caso como para dar apoyo a otras muchas personas que se encuentran en situación similar en España, donde desde 2008 se han producido más de un millón de desahucios. Un movimiento que ha demostrado su fuerza paralizando miles de desalojos y que le ha enseñado a “transformar la tristeza en fuerza”, a saber que no está sola en esta lucha.

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En su caso, todo comenzó en el año 2000, cuando pidió una hipoteca para comprar un piso en el barrio madrileño de Carabanchel junto a su marido, que tenía una pequeña empresa de construcción. A ella le bastó, cuenta a Infobae España, con “seis meses de residencia en España y mostrar su pasaporte” para que le concedieran el crédito. De hecho, el negocio iba tan bien que en 2006 el hermano de Elsa también se mudó a Madrid y solicitaron otra hipoteca para que este pudiera tener su propia casa. Pero tan solo un año después, con la crisis inmobiliaria, llegaron los problemas económicos: el trabajo empezaba a escasear y no era fácil mantener a tres hijos.

Elsa, además, vivía su propio infierno dentro de casa porque su marido la maltrataba, tanto física como psicológicamente, e incluso trató de acabar con su vida. Después de mucho sufrimiento y una orden de alejamiento de por medio, su agresor terminó marchándose a Chile, por lo que se quedó al frente de todos los gastos, a pesar de que ambos eran los titulares de las dos hipotecas. “En un principio dijo que me iba a ayudar a pagarlo, pero nunca lo hizo”, relata. Además, su hermano también regresó al país. Por si fuera poco, su hijo pequeño enfermó en 2013 y las visitas al hospital comenzaron a ocupar casi todo su tiempo, de forma que mantener el trabajo era prácticamente misión imposible. Elsa se las apañó como pudo para pagar las cuotas durante varios años, hasta 2014. A partir de ahí, todo se desmoronó.

Aunque pudo alquilar la casa de su hermano por 300 euros para aliviar su precaria situación, las cuotas de ambas hipotecas no dejaban de aumentar con la subida del Euribor. Llegó a pagar hasta 1.800 euros, hasta que finalmente llegaron los primeros tres impagos y el banco, entonces Caixa Catalunya -luego absorbido por BBVA-, la demandó. En 2015, mientras su hijo estaba siendo intervenido en el hospital de un tumor cerebral, su vivienda fue subastada y adquirida por la empresa Lambeo Investments, una filial del fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor casero de España, con miles de viviendas alquiladas a precios cada vez más elevados.

Elsa se sentía “estafada por los bancos y desprotegida por las administraciones”, pero para entonces ya formaba parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Carabanchel y, lejos de rendirse, no estaba dispuesta a perder su casa. “Fue a raíz de ir a las asambleas de vivienda, donde la mayoría éramos mujeres, cuando me di cuenta de que no estaba sola, de que había mucha gente afectada por las hipotecas y la burbuja inmobiliaria y que no tenía que sentirme avergonzada, porque en realidad fue una estafa, una gran mentira de los bancos, porque sabían perfectamente lo que hacían”, denuncia la activista que tantos casos como el suyo ha acompañado a lo largo de estos años.

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En 2017 llegó el desahucio en firme y el fondo de inversión no quería negociar: le dio una semana para que abandonara la casa. “Yo quería llegar a un acuerdo para poder pagar un alquiler social, estaba desesperada porque no podía ir a ningún sitio y menos aún con mi hijo enfermo”, explica. Finalmente, hubo acuerdo.

A Elsa no le quedó más remedio que entregar a Lambeo Investments el piso que tenía alquilado para saldar la deuda pendiente, mientras que con su casa solo pudo negociar un contrato de alquiler por tres años, hasta 2020. “Para mi sorpresa, cuando fui al notario para firmar la escritura de dación en pago, en el mismo momento en el que entregué la vivienda, el fondo se la compró al banco por 40.000 euros, cuando a mí me estaba reclamando 150.000. Así que se quedó con los dos pisos. Yo no lo podía creer”, dice, aún angustiada. En plena pandemia, y siempre teniendo en cuenta que es víctima de violencia de género y madre de un hijo con dependencia, la trabajadora social ayudó a Elsa a conseguir dos contratos más de alquiler social, uno por un año, y otro de tres más. Este último es el que termina ahora a finales de junio.

“En enero me mandaron el burofax diciéndome que no me renovaban el alquiler y que lo único que podían hacer por mí es darme la posibilidad de que compre de nuevo la vivienda por 170.000 euros. Es un disparate porque, aparte de que es un piso de los años 60, un cuarto sin ascensor, hay viviendas aquí al lado que se están vendiendo por mucho menos dinero. Además, quién me va a dar a mí una hipoteca con casi 60 años y con la situación que tengo”, se pregunta Elsa. De momento, su único consuelo es haber quedado como suplente en la lista para acceder a un piso del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en régimen de alquiler, pero es consciente de que otras muchas personas con necesidades están esperando esa misma oportunidad y el tiempo apremia.

A pesar de que en mayo el Gobierno volvió a prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, esta vez hasta 2028, lo cierto es que cada día se producen decenas de desalojos en España, pues los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos.

Dentro de esos supuestos de especial vulnerabilidad, destacan las familias numerosas, las monoparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares con un menor de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente; o las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, en las que exista una víctima de violencia de género; y en las que el deudor sea mayor de 60 años.

A esto se suma que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.

De hecho, tal y como denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, solo en la ciudad de Madrid “más de 1.000 edificios de propiedad vertical y cerca de 21.500 personas están en peligro de desahucio y expulsión” debido fundamentalmente a las prácticas de los fondos buitre, que suelen comprar viviendas de cierta antigüedad para convertirlas en pisos turísticos o en alquiler de temporada.

Elsa, quien termina confesando que a veces le dan ganas de “quemarlo todo”, seguirá de momento luchando para que el acceso a la “vivienda digna” sea una realidad. Para ella y para las generaciones futuras.