Extinction Rebellion toma Madrid contra las ayudas a los combustibles fósiles: “El cambio climático no atiende a la política”

Han pasado por Barcelona, por Pamplona y ahora han llegado a Madrid. Los activistas de Extinction Rebellion (Rebelión o Extinción) culminan su semana de desobediencia civil este domingo en la capital, donde decenas de manifestantes han cortado la Gran Vía y han marchado desde la plaza de Callao hasta la Puerta del Sol. Arrastrando una plataforma petrolera, los activistas han marcado su paso por la calle Preciados con dibujos en tiza mientras clamaban por la justicia climática. Las acciones forman parte de la campaña Stop EU Fossil Subsidies, en la que exigen a la Unión Europea “que paren de subvencionar los combustibles fósiles y que destinen ese dinero a financiar alternativas para la transición ecológica”.

“La crisis climática es un precipicio y los gobiernos están poniendo dinero público para poner el acelerador hacia ese precipicio”, ha criticado Jorge, portavoz de Extinction Rebellion, durante la marcha. Por ello, reclaman que esa inversión se destine a la descarbonización y la transformación de las economías. Defienden, además, la creación de asambleas ciudadanas vinculantes que puedan tomar las decisiones para combatir la emergencia climática.

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Lo cierto es que, a pesar de los compromisos climáticos, los avances reales son pocos. Los Estados europeos han acordado acabar con estas ayudas para el 2025, pero en los últimos años no han parado de incrementarse. “Se destinan cada año más de 400.000 millones de euros a los combustibles fósiles”, asegura a Infobae España Patricia Herrero, portavoz de Extinction Rebellion.

La mayor subida se dio en el 2022 a nivel mundial: los subsidios a los combustibles fósiles (FFS, por sus siglas en inglés) alcanzaron los 7 billones de dólares (6,4 billones de euros). Este gran aumento respondió a las ayudas otorgadas por los gobiernos ante la escalada de precios de la energía tras la guerra en Ucrania. A nivel nacional, estos subsidios se vieron traducidos en medidas como la rebaja de 20 céntimos/litro al precio de la gasolina. Herrero afirma que este tipo de decisiones “realmente a quien beneficia es a quien más consume, es decir, a quien más contamina”.

En la Unión Europea, los FFS subieron ese año de los 56.000 millones a los 123.000 millones de euros, frente a los 87.000 millones destinados a energías renovables, según datos de la Comisión Europea. De esa cantidad, solo el 45% tienen como fecha límite el año 2025, frente al 52% que se alargaría más allá del 2030 o que carecía de finalización.

Frente a este crecimiento, asegura la Comisión Europea, solo seis países miembros han expresado sus intenciones o hecho planes para la eliminación gradual de los FFS: Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Luxemburgo e Italia. España sí ha adoptado compromisos y expresado ambiciones para acabar con estas ayudas: durante la COP28, se unió a los Estados europeos y otros participantes a los llamamientos a eliminar los subsidios a combustibles fósiles. En diciembre de 2023, la Comisión Europea pedía a España explicaciones sobre “cómo” y “cuándo” dejará de dar subvenciones a estos carburantes, pero los planes energéticos no han avanzado en esta materia.

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“Son palabras, pero no se traducen en hechos”, lamenta Herrero, que advierte que “el cambio climático va por libre, no atiende a la política”. “Vimos ya lo que pasó en Cataluña, que tuvieron que declarar el estado de emergencia por sequía y restringir el uso del agua. Esto es más o menos lo que nos espera si no actuamos ya”, defiende.

Nuestro país es el cuarto a nivel comunitario que más invierte en ayudas a estos carburantes: en 2021, se destinaron 4.300 millones de euros a esta actividad, el 60% correspondientes a reducciones o exenciones fiscales, como la otorgada al queroseno de los aviones, por el que no se pagan impuestos. Sin embargo, “solo el 23% de la población española coge un vuelo al año”. “Hay una flagrante distorsión hacia apoyar con estos subsidios a la gente más pudiente”, afirma Herrero, que defiende que ese dinero debería destinarse a “cosas que puedan afectar al grueso de la población”, como la movilidad, la energía o el aislamiento de viviendas.

Para Extinction Rebellion, las consecuencias de estos subsidios se ven en los efectos del cambio climático: según estimaciones de la OMS, cada año mueren 4,2 millones de personas de forma prematura debido a la contaminación del aire en las ciudades y zonas rurales. En la UE, se calcula que fallecen unas 300.000 personas. “Si siguiéramos el principio de que ‘quien contamina paga’, las corporaciones que producen combustibles fósiles deberían de alguna manera compensar por los aumentos de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Pero parece que no es el caso: en España, en 2022, las compañías eléctricas lograron un beneficio neto de más de 19.000 millones de euros, según la organización, y de 11.600 millones de euros en 2023.

“Estamos dirigiéndonos a un posible aumento de 3ºC (de la temperatura media anual), algo considerado gravísimo por los científicos”, afirma Herrero. “Si seguimos a este ritmo, aceleramos el colapso generalizado al que nos lleva, tanto a nivel climático como a nivel social”. Por ello, piden destinar la inversión a “financiar una transición ecológica real”, con una planificación que permita “no dejar a nadie atrás”.