¿Es viable implementar el modelo de vivienda vienés en España, como propone Más Madrid? Esto dicen los expertos

La ciudad de Viena, conocida por su enfoque innovador en vivienda pública, ha logrado mantener los alquileres más bajos de Europa. Su éxito radica en un modelo que prioriza la vivienda pública y fija los precios de alquiler por el Gobierno para no exceder el 30% de los ingresos de los inquilinos, considerando también el IPC del país.

Esta estrategia, implementada hace más de un siglo como respuesta a la situación de decadencia causada por la Primera Guerra Mundial, ha llevado a la ciudad a contar con el mayor parque público de viviendas de Europa, en el que ya reside alrededor del 60% de la población de la capital austriaca.

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Actualmente, el precio del metro cuadrado en Viena ronda los 9 euros, lo que significa que una vivienda de 70 metros cuadrados cuesta unos 630 euros al mes. Esta cifra es mucho menor que la de Madrid, donde el precio está en torno a los 19,2 euros, según los últimos datos de Idealista.

Una de las iniciativas que propone el grupo municipal Más Madrid para regular el precio en la capital es copiar el modelo vienés, empezando, en primer lugar, por el barrio de Campamento. Para llevarlo a cabo, la portavoz del partido, Rita Maestre, ha indicado que sería esencial colaborar con el Ayuntamiento de Viena y fomentar el alquiler mediante la construcción de más vivienda pública, un enfoque opuesto al modelo español, que ha priorizado la propiedad de la vivienda.

El portavoz y director de estudios de pisos.com, Ferrant Font, considera que para poder implantarlo se necesita una planificación a largo plazo, que todos los Gobiernos deberían estar dispuestos a respetar y cumplir (no como ha sucedido con la Ley de Vivienda Actual, de la que muchos presidentes autonómicos están intentando rehuir): “No es que no fuera viable, pero sí que es cierto que ahora mismo deberían sentarse las bases para un plan a largo plazo aceptado por instituciones y administraciones, ya sea municipal, autonómica o nacional. Se necesitaría no solo mucha dotación presupuestaria, sino mucha construcción de vivienda pública y definir las diferencias existentes entre estos tipos de vivienda, porque básicamente es un cambio de paradigma de cómo se concibe la vivienda”.

El modelo contempla que, para acceder a las viviendas sociales, los solicitantes deben tener más de 17 años, haber residido en la ciudad al menos durante dos años, y no tener ingresos netos superiores a 3.200 euros mensuales. Por lo que no se trata de un modelo que divida a los ciudadanos y acabe produciendo guetos. “El modelo Social Mixing es la idea de que la vivienda social no sea solo para pobres. Para intentar luchar contra la segregación, lo que se hace es poner un límite de renta anual de menos de 50.000 €”, aclara Font.

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El Ayuntamiento de Viena es el principal propietario de estas viviendas, aunque también participan en su construcción asociaciones sin fines de lucro a las que se controla para evitar que obtengan altos beneficios por el alquiler. Un panorama completamente contrario al español, en el que siempre se ha incentivado y premiado la propiedad privada.

En España, el parque de vivienda social constituye actualmente el 2,5% del total de residencias, aproximadamente 452.000 unidades, situándolo entre los más reducidos de la Unión Europea. Para el final de esta legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez se propuso alcanzar las 184.000 viviendas en alquiler social, un objetivo que cubriría solo el 12% del déficit de vivienda pública necesario.

Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario, explica que lo que ha sucedido en España es que los Gobiernos han vendido vivienda de protección oficial, lo que ha perjudicado a los españoles: “Aquí al final lo que ha pasado es que la vivienda que había de protección oficial se vendió a sociedades (privadas) y estas lo que buscan es rentabilidad, no una finalidad social. En vez de fijarnos en el modelo perfecto, lo que tendríamos que hacer es que cuando el Estado destine 200 millones, que esos 200 millones realmente vayan a vivienda social, no vayan a otras políticas. Que ellos construyan, que contraten a empresas para construir y que ellos gestionen esa vivienda de protección oficial”, propone.

Font, por su parte, asegura que “estamos en un marco regulatorio que no da confianza ni a el inversor, ni al propietario, ni al inquilino, con lo cual hay una serie de cambios que sí o sí deberían producirse para poder aplicar un modelo como el de Viena”.

Todas las soluciones para España pasan por hacer una legislación que se respete y con la que se mire por todos los ciudadanos, con el objetivo, no de ganar dinero, sino de cumplir con el artículo 47 de la Constitución Española, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.