Familias divididas al no poder comprar casa en Mallorca: “Él vive con su madre y yo con la mía. Nos turnamos con los niños”

Ana Fernández lleva más de un año tratando de comprar casa en Palma de Mallorca para poder vivir, de una vez por todas, junto a su pareja y sus dos hijos pequeños. Pero es imposible. El alquiler turístico ha subido tanto los precios del mercado inmobiliario en las islas Baleares que ya se han superado los máximos de la burbuja de 2007, lo que supone un obstáculo para la población local. Ante esta situación cada vez más insostenible, muchas personas se ven obligadas a dejar la isla donde nacieron y marcharse a la península, mientras que otras optan por vivir en autocaravanas o compartir habitación ante la imposibilidad de alquilar o comprar una vivienda.

Sin embargo, tanto Ana como su pareja, Iván, decidieron que la mejor forma de poder ahorrar para dar la entrada de un piso era irse a vivir a casa de sus respectivas madres durante un tiempo y así lo hicieron. Era septiembre de 2019. “Él se fue con su madre y yo con la mía. Primero lo hicimos por ahorrar, pero luego vino la pandemia y todo se puso más difícil. A partir de ahí, los precios de los alquileres y pisos en venta no dejaron de subir”, cuenta a Infobae España esta gestora cultural mallorquina de 35 años.

En este intervalo de cinco años la pareja ha tenido dos hijos y, como por problemas de espacio no pueden estar todos en la misma casa, “se van turnando”. “Al estar el colegio más cerca de donde vive mi madre, los niños se suelen quedar más conmigo y los fines de semana tratamos de estar todos juntos”, explica Ana, que asegura que la convivencia no es fácil a pesar de que sean sus familiares y les gustaría “poder dar a sus hijos su propio espacio”, añade emocionada al otro lado del teléfono.

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Ninguno de ellos imaginaba que esta solución temporal se fuera a alargar tanto, pero por ahora los pisos de dos habitaciones que han visto en Palma de Mallorca y en Calvià, un pueblo cercano, se sitúan entre los 260.000 y 280.000 euros, un precio que no se pueden permitir, ya que aunque Ana tiene un empleo fijo, su pareja trabaja como camionero a temporadas “y la hipoteca se llevaría casi todo un salario”. “No podríamos afrontar gastos imprevistos”, asegura, mientras que el alquiler tampoco es una opción, pues ronda los 1.200 euros mensuales. “Sentimos rabia e impotencia porque vemos que el tema de la vivienda cada vez está más complicado”.

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha experimentado un notable incremento del 158% en los últimos diez años, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. Si en 2014 el coste medio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados se situaba en unos 560 euros mensuales, en 2024 esa cantidad ha subido hasta los 1.450 euros. Comprarse un piso también cuesta ahora el doble que hace una década, pues una vivienda de esas mismas dimensiones costaba en 2024 unos 147.000 euros, mientras que ahora vale unos 307.000. Baleares se convierte así en la región donde más se han encarecido los pisos en los últimos diez años.

Esa subida de costes de la vivienda provocada también por el turismo masivo, impide a la población local construir un proyecto de futuro a pesar de tener empleo. Por ello, el pasado sábado miles de personas salieron a la calle en Palma de Mallorca para reivindicar el acceso a una “vivienda digna” y mostrar su rechazo a ese modelo de turismo de masas, una manifestación que fue organizada por el colectivo vecinal Banc del Temps de Sencelles, un pueblo del interior de unos 3.700 habitantes.

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“Las personas que residimos en Baleares, que tenemos un sueldo de aquí, no podemos acceder a la vivienda. Quienes sí pueden son las personas con alto poder adquisitivo que en gran parte vienen de otros países para comprar o alquilar casas. Muchos de ellos son teletrabajadores que cotizan en sus países de origen y cuyo salario es más elevado, por lo que es un mercado con el que no podemos competir”, explica a este periódico Carme Reynés, portavoz del Banc del Temps de Sencelles, donde ya se han triplicado las viviendas de alquiler vacacional. “En 2014 había 60 casas de este tipo y, diez años después, hay 167, al menos que sean legales”. De hecho, la idea de realizar una manifestación surgió porque cada vez eran más los vecinos que no pueden pagar su alquiler en este pueblo.

Cabe recordar que las Islas Baleares, con poco más de un millón de habitantes, recibieron 14,4 millones de turistas internacionales a lo largo de 2023, un 9% más que en 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como medidas para atajar el problema, el colectivo propone “decretar la emergencia de la vivienda” en las Islas Baleares con el fin de que “se actúe de forma urgente en favor del derecho a tener una casa” y que se reconozcan como una zona tensionada para regular el precio del alquiler.

La organización también reclama realizar una moratoria de alquiler turístico, dar garantías a arrendadores y propietarios, y ayudas para la rehabilitación de la vivienda. También proponen que se realoje a las personas desahuciadas que no han podido pagar el alquiler, limitar la compra de vivienda de personas que no tengan un mínimo de residencia de cinco años y limitar la compra de vivienda a grandes tenedores. “Estas demandas son esenciales para asegurar que las Islas Baleares sigan siendo un lugar vivo, diverso y acogedor”, aseguran.

Durante el fin de semana también salieron a la calle cientos de personas en San Sebastián, bajo el lema ‘Donosti no está en venta’, para reclamar un modelo de ciudad “habitable” y mostrar su rechazo “a las políticas urbanísticas municipales que entregan la ciudad a las fuerzas del mercado”. “Las decisiones tomadas por el Gobierno Municipal a favor de los negocios de especulación, turismo y lujo se toman una tras otra, mientras la ciudad entra en un proceso salvaje de turistificación”, indicó la coordinadora Donostia Defendatuz, formada por diversas asociaciones vecinales, que también aseguró que las consecuencias de estas políticas “son cada vez más graves” y convierten a la ciudad en un lugar “cada vez más inhabitable”.

El pasado mes de abril también hubo movilizaciones en las islas Canarias para pedir un cambio en el modelo turístico de masas que presiona al territorio y exigir un mejor reparto de la riqueza que el sector. El archipiélago, donde residen dos millones de personas, recibió en 2023 un total de 15 millones de turistas extranjeros.