El Congreso decide este martes sobre la admisión a trámite de una proposición de ley “para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante”. La iniciativa del PSOE busca configurar estos procesos como supuestos especiales de incapacidad temporal, con un “régimen específico de protección”, con el fin de otorgar en estos casos una cobertura “lo más amplia posible”, según el texto legislativo.
En su exposición de motivos, el PSOE justifica la propuesta en la necesidad de quien “de forma altruista lleva a cabo la cesión de un órgano, que sirve para salvar la vida o mejorar las condiciones de vida de otra persona, no se vea obligado a asumir determinados perjuicios económicos por ello”. Esta percepción viene secundada por la Organización Nacional de Trasplantes, que considera la donación de órganos como un “gesto altruista, el mayor acto de bondad entre los seres humanos”.
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En este sentido, cabe destacar que España es líder mundial en donación de órganos, siendo su sistema de trasplantes, integrado en el Sistema Nacional de Salud, “un referente internacional”, tal como recoge la proposición de ley de los socialistas. El trasplante de órganos entre personas vivas es una “técnica asentada” en el Sistema Español de Donación y Trasplante.
Los datos correspondientes a 2023 ofrecidos por la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado mes de enero recogieron “niveles de excelencia difíciles de superar”, según Moncloa. En España se realizaron 5.861 trasplantes de órganos el pasado año, lo que supone una tasa de 122,1 trasplantes por millón de población (p.m.p.). Este nivel de actividad se alcanzó debido a las 2.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 48,9 donantes p.m.p., y a las 435 personas que donaron un riñón (433) o parte de su hígado (2) en vida.
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