Bruselas aprueba la ley de Industria Net-Zero, una “gran oportunidad” para la reindustrialización en España

El Consejo de Europa ha aprobado este lunes la Ley de Industria Net-Zero (NZIA, por sus siglas en inglés), con el fin de aumentar la capacidad de producción de tecnologías estratégicas de cero emisiones netas. Esta adopción definitiva viene tras el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado 25 de abril, que la Comisión Europea ha acogido con “satisfacción” ya que sitúa a al Unión Europea en el “buen camino” para impulsar el despliegue industrial de tecnologías limpias”.

Con la Ley de Industria Net-Zero, la UE cuenta ahora con un entorno normativo que nos permite ampliar rápidamente la fabricación de tecnologías limpias. La Ley crea las mejores condiciones para aquellos sectores que son cruciales para que podamos alcanzar el nivel de cero emisiones netas de aquí a 2050. La demanda está creciendo en Europa y en el mundo, y ahora estamos preparados para satisfacer más esta demanda con la oferta europea”, declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

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Este martes 28 de febrero, Esade Madrid organizaba su 12ª Jornada Anual de Energía bajo el título de “La transición verde y la reindustrialización de Europa”. En la ponencia, a la que pudo acudir Infobae España, los diferentes actores del mercado energético reaccionaron a la aprobación de la nueva reglamentación europea. El acto comenzó con un vídeo envíado por Wopke Hoekstra, el comisionado europeo de Acción por el Clima, en el que afirmaba que “Europa ha tomado una decisión”.

Esta decisión, recogida en los objetivos europeos de descarbonización, es la de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050, y que la generación energética de las renovables supongan más del 42,5% para 2030. Para ello, mediante esta nueva ley de Industria Net Zero, el ejecutivo comunitario busca simplificar el entorno regulatorio en torno a las nuevas formas de producción verdes, así como facilitar el acceso al mercado a empresas europeas.

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Europa busca no depender de agentes extranjeros en la producción industrial y tecnológica, dados los recientes conflictos derivados en falta de oferta y subidas de precios debido a conflictos geopolíticos; como pudo ser la guerra de Ucrania y la importación de gas ruso. La prioridad, actualmente, es llegar a estos objetivos de forma rápida y directa, con el fin de desarrollarse antes que otros agentes internacionales, como Estados Unidos o China. La nueva reglamentación recoge todas las formas de producción renovable, incluyendo la energía nuclear y los combustibles alternativos.

El acto, moderado por Elena Bou (directora de Innovación, EIT InnoEnergy), contó con la participación de Lucas González Ojeda (director en funciones de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid); Loreto Ordóñez (CEO de ENGIE España); José Antonio de las Heras (CEO de FertigHy); Alberto Toril (Europe Manager, Breakthrough Energy) y Aitor Arzuaga (director general de Alba Emission Free Energy).

Al cierre del evento acudió el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que afirmó que esta nueva reglamentación supone una “gran oportunidad” para la reindustrialización española. Desde el Ejecutivo consideran que España se encuentra en un punto de “reimpulso industrial”, que puede ser facilitado gracias a las condiciones favorables del mercado energético.

El mercado energético español cuenta con ventajas competitivas en el ámbito de las renovables, gracias a condiciones geográficas favorables y a una gran apuesta por su desarrollo. Según Hereu, las renovables pueden facilitar la reindustrialización gracias a los objetivos impuestos a las empresas por Europa así como por la nueva ley, que aseguró fue “impulsada durante el año de la presidencia española en Europa”.

De hecho, ha relacionado este fenómeno con la reciente llegada de Amazon a Aragón, que según el ministro “se explica a través de la energía”. La transición verde, por tanto, estaría ayudando a impulsar “proyectos industriales” en nuestro país, favoreciendo la creación de nuevos empleos. Ha finalizado con la promesa de seguir trabajando desde el Gobierno por medio de políticas que aporten al “proyecto industrial colectivo”, instando a los agentes del mercado a colaborar en un modelo “público-privado”.