Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia piden la renuncia del obispo de Tenerife por encubrir a un cura denunciado por pederastia

Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia están indignadas con la actitud del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, por permitir que el sacerdote C.H.G. de su diócesis siguiera ejerciendo como tal después de que fue denunciado por pederastia y pedofilia en 2004, en el pueblo de Tejina (Tenerife).

En una carta abierta enviada este lunes al obispo Álvarez, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Navarra (AVA) y la Asociación contra los Abusos en la Infancia Lulacris aseguran que la credibilidad de la acusación contra el sacerdote C.H.G. “quedó demostrada en el polémico documento que la Conferencia Episcopal encargó al despacho de abogados de Cremades, así como por los diferentes documentos gráficos de la época y por los informes e investigaciones del diario El País y de la Cadena Ser en Canarias”. Asimismo, critican la actitud de todos aquellos obispos que “tapan, ocultan y encubren” los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia.

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“No es de recibo que a día de hoy haya un grupo de obispos en España que sigue ninguneando, maltratando y trampeando los informes de pederastia, incluyendo el informe del Defensor del Pueblo rebajando los casos de una forma totalmente arbitraria y sin justificación. Pedimos la renuncia del obispo [Álvarez] al igual que la de otros que siguen faltando el respeto a todas las víctimas de pederastia eclesiástica”, dice a Infobae España el fundador y portavoz de ANIR, Juan Cuatrecases Asua, que considera que es el momento de “dar un paso al frente, de tender puentes y dialogar, no de obviar a las víctimas”.

Las asociaciones recuerdan que el nombramiento del sacerdote C.H.G. fue autorizado por el obispo Álvarez, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Diócesis Nivariense, y aseguran que “los testimonios de otras víctimas han acreditado que los abusos sexuales perpetrados por este religioso se han estado produciendo desde los años setenta”. “Estos actos no solo han sido encubiertos, sino que el victimario ha seguido gozando de protección e impunidad, después de que usted accediera al episcopado”, han reprochado al obispo de Tenerife en el escrito, a quien piden que rinda cuentas y que presente su dimisión. Al cumplir 75 años en julio, Álvarez debe presentar la renuncia al papa, como indica el Código de Derecho Canónico, por lo que su cargo quedaría a disposición de la Santa Sede.

Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia también le recuerdan a Álvarez que en el 2004 era vicario del anterior obispo de Tenerife, Felipe Fernández García, ya fallecido y acusado de encubrir a C.H.G., y en 2005 se convirtió en líder espiritual de la Iglesia diocesana. “Su deber era garantizar la integridad y la seguridad de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables” y, sin embargo, “permitió que ese sacerdote continuara ejerciendo en el Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna que gestionan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados durante los diez años siguientes”, indican en la carta.

Fue en el año 2003 cuando Ciro Molina sufrió abusos sexuales por parte del entonces párroco de Tejina y, tras denunciar los hechos al año siguiente, la Iglesia “se limitó a enviarle a un asilo de ancianos y ahí estuvo hasta 2014″, cuenta la víctima a este periódico. En 2014, después de que Molina presentara la segunda denuncia, se inició un expediente canónico en contra de C.H.G., quien terminó renunciando al sacerdocio. “Este señor está viviendo en su casa con una pensión y sigue escribiendo homilías en un blog. Con esta carta pretendemos que asuma la responsabilidad que no asumió en su momento”, añade.

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De hecho, las asociaciones confían en que el escrito sirva como “un llamamiento urgente a la reflexión, al arrepentimiento y a la acción” tanto por parte del prelado como por la institución eclesiástica, pues “el dolor y las consecuencias de las agresiones sexuales a nivel psicológico, emocional y conductual son devastadoras y permanentes”.

Las víctimas de curas pederastas también hacen referencia en su carta a las polémicas declaraciones que el obispo Álvarez realizó en 2022 al comparar la homosexualidad con el alcoholismo y decir que era un “pecado mortal”. “Eso es como la persona que bebe. Cuando toma, hace cualquier disparate y se excusa con que estaba bebido. Lo que hay que hacer es no beber para no hacer lo siguiente, que lo hace sin darse cuenta”, dijo entonces el religioso en una entrevista en la televisión autonómica canaria. A raíz de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras por esas palabras, el prelado compareció ante la Fiscalía por un presunto delito de odio, si bien la justicia consideró que no existían indicios suficientes para que lo cometiera.

Esas no fueron, sin embargo, las únicas declaraciones con las que ha generado revuelo en la opinión pública, pues en 2007 Álvarez afirmó que algunos menores de edad incitaban al abuso sexual. “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan”, señaló en una entrevista con el diario canario La Opinión.

Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales aseguran que no solo basta con que la Iglesia católica pida perdón, por lo que reclaman la puesta en marcha de “acciones valientes que demuestren su compromiso evidente con el bienestar de todas las víctimas, con su sanación y rehabilitación”, lo que debe incluir, aseguran, servicios relacionados con la salud mental y la orientación jurídica, además de una indemnización económica por todo el daño sufrido.

También exigen que el clero y la comunidad eclesial reciban formación de manera obligatoria en la prevención de la violencia y abuso sexual y la garantía de que los recursos para denunciar “funcionen y cumplan con los estándares fijados”.

Cabe recordar que el pasado mes de abril el Gobierno aprobó un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, lo que incluye medidas para “prevenir, reparar y saldar deuda” con los supervivientes de estas agresiones. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española ha indicado que “la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales” al considerar que el plan del Gobierno “dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas”.

El proyecto del Ejecutivo ha seguido las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre sobre abusos en la Iglesia, en el que se estimó que 440.000 personas en España podrían haber sufrido abusos sexuales, un 1,13% de la población adulta. En torno a la mitad de esas agresiones podrían haber sido cometidas por miembros eclesiásticos, según relató el estudio.