La Ley de Vivienda celebra su primer cumpleaños con los precios disparados y la oferta en caída libre

La Ley por el Derecho a la Vivienda celebra este año su primer cumpleaños sin lograr el objetivo por el que se creó: garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna, limitando el precio de los alquileres y promoviendo la construcción de un parque público asequible.

Doce meses después de su entrada en vigor, los precios de compra y de alquiler marcan máximos históricos. Los que quieren adquirir una vivienda usada tienen que pagar 2.098 euros de media el metro cuadrado, que se dispara hasta superar los 4.000 en las grandes capitales como Barcelona y Madrid. Con el alquiler ocurre algo similar: el metro cuadrado alcanza los 13 euros de media y se duplica en las grandes ciudades, batiendo récords mes a mes.

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Y es que la Ley de Vivienda no ha funcionado como el Gobierno esperaba. Las comunidades autónomas han dado la espalda a su medida estrella, el índice de precios de referencia para limitar el coste del alquiler, y solo Cataluña ha solicitado su implantación al pedir la declaración de zonas tensionadas en 271 municipios. El Gobierno de Pedro Sánchez atribuye este rechazo a motivos políticos, mientras que desde las comunidades regidas por el PP, como la de Madrid, argumentan que el índice es “ineficaz” e “intervencionista” y afirman que aplicarlo “supondría una subida de las rentas”.

Los partidos de la oposición no son los únicos que consideran la Ley de Vivienda poco eficaz. Una parte importante de los analistas inmobiliarios también se ha manifestado en su contra. Este es el caso del director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, para quien se trata de “una ley de corto recorrido, como mínimo desde el punto de vista de la aplicabilidad”. A su juicio, “el poco consenso con el que partió ya auguraba que en la mayoría de las comunidades autónomas no se aplicaría esta nueva norma”. Considera que, tras su aprobación, “ha generado confusión en el mercado y reducido la confianza de los ciudadanos en las leyes en materia de vivienda”.

De la misma opinión es Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, para quien la nueva ley “ha drenado la oferta de alquiler y ha aumentado la competencia entre familias para acceder a uno”.

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También María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, reconoce que ley “no tiene una buena acogida en el sector, al considerar que traspasa la responsabilidad de la administración a los particulares”.

Una de las pocas medidas de la ley valorada por los expertos inmobiliarios es la aplicación de incentivos fiscales a los propietarios que alquilen viviendas a precios asequibles, pues señalan que ayudará a aumentar la oferta de alquiler, tanto a corto como a largo plazo.

Estas bonificaciones van dirigidas a los pequeños propietarios que tengan menos de cinco inmuebles, y entre ellas destaca la deducción del 90% en el IRPF de los rendimientos obtenidos por el alquiler cuando la vivienda esté situada en mercados tensionados y los nuevos contratos incluyan una rebaja del 5% respecto al contrato anterior.

Otra de las medidas aplaudidas por los analistas es el impulso de las viviendas asequibles incentivadas, con las que el Ministerio de Vivienda pretende incrementar la oferta a corto plazo e impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Según José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y Premio Rey Jaime I de Economía, “se trata de un mecanismo bien pensado”.